Justicia para el ‘Gobiernín’ de la República

La ley de la Memoria Histórica del Principado de Asturias, publicada ayer en el BOE, dedica un amplio capítulo a la reparación y reconocimiento de las víctimas del franquismo y defensores de la democracia. Y «especial reconocimiento» para los integrantes del Consejo Interprovincial de Asturias y León, así como el Consejo Soberano de Asturias y León, conocido como el ‘Gobiernín’.

En diciembre de 1936 el Consejo Interprovincial de Asturias y León, en el que están representados los partidos y los sindicatos de izquierdas, asume todo el poder en esta zona aún controlada por la República. Gijón se erige en capital de la Asturias libre —el occidente y Oviedo están en manos franquistas—, y la franja norteña de la provincia leonesa establece su centro en Villamanín. El 24 de agosto de 1937 el citado consejo, presidido por Belarmino Tomás —uno de los líderes de la insurrección obrera del 34—, se declara soberano, al haber quedado este territorio aislado, bombardeado por el sur por la Legión Cóndor y con los acorazados franquistas apostados en el Cantábrico. Dos días después caerá Santander. Azaña califica la proclamación de «extravagante» y en adelante se referirá al Consejo Soberano de Asturias y León como «el Gobiernín».

El Estado independiente de Asturias y un pedazo de León sólo duró 57 días. Hasta el 20 de octubre, cuando cae el Frente Norte. El Gobiernín contó con diferentes comisiones, como la militar, la de justicia, la de abastecimientos, una suerte de ‘ministerios’ que funcionaron en este bastión situado a 200 kilómetros en línea recta del territorio republicano más próximo.

Tras un atentado durante un desfile frente al Ayuntamiento de Gijón, el Consejo Soberano llegó a recurrir a la Sociedad de Naciones (predecesor de la ONU). Pese a su brevedad, el Gobiernín fue muy activo: llegó a promulgar 52 decretos y nacionalizó los ferrocarriles en su territorio. También emitió sellos y su propia moneda, como los famosos belarminos —en honor a Belarmino Tomás—, billetes de 25 céntimos.

El hombre fuerte del Gobiernín en León fue el socialista Alfredo Nistal, funcionario de Correos y abogado. Elegido diputado por León en las elecciones generales de 1931, formó parte del comité revolucionario del 34. Precisamente, por su participación en la revolución asturiana, fue condenado a cadena perpetua en Consejo de Guerra celebrado en León el 29 de octubre de 1935.

La ley de la Memoria Histórica del Principado, auspiciada por IU y refrendada por el PSOE, Podemos y Cs y con el veto del PP y Foro, especifica que los integrantes del Consejo Soberano y las personas que trabajaron en las estructuras administrativas derivadas de los mismos tendrán «un trato análogo al de personas que han formado parte de los distintos gobiernos asturianos desde la aprobación del Estatuto de Autonomía».

En cambio, el decreto de la Memoria Histórica de Castilla y León, aprobado por la Junta el 12 de abril del año pasado, no tiene ninguna deferencia con ‘los Belarminos’. Su prioridad es la elaboración de un censo de las víctimas de la contienda —aún pendiente—, así como la exhumación de los ejecutados y enterrados en cunetas y fosas comunes. La documentación del Consejo Soberano, más de 60.000 ‘papeles’ sobre uno de los momentos históricos más desconocidos de la Guerra Civil, se encuentra dispersa entre los archivos de Salamanca, Ferrol y Cataluña. Un sencillo monolito, erigido en 2007 en la vertiente leonesa del puerto de Tarna, coincidiendo con el 70 aniversario de la proclamación del Consejo Soberano, es el único homenaje que hasta ahora han tenido quienes lucharon hasta el final contra el golpe militar de 1936.

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