El abogado Carlos Slepoy, ayer, en Avilés. Mara Villamuza

Saúl FERNÁNDEZ El abogado Carlos Slepoy acaba de llegar a Avilés. Atiende a LA NUEVA ESPAÑA en una cafetería cercana al Centro Municipal de Arte y Exposición(CMAE). En media hora explicará que para sumarse a la querella argentina contra los crímenes de Estado cometidos durante el franquismo sólo hay que presentar una denuncia en cualquier consulado argentino del mundo. Slepoy está en la ciudad respondiendo a la invitación de La Comuna, el grupo asturiano incluido en la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina. Pide un café solo y explica.

-¿Por qué la justicia argentina ha abierto un proceso contra el franquismo?

-Los jueces argentinos actúan en virtud del principio jurídico de la justicia universal. De acuerdo con este principio, todos los tribunales de justicia del mundo deben concurrir a la persecución de quienes cometen crímenes contra la Humanidad. Este principio está establecido en la Constitución argentina: cuando se cometan delitos contra la Humanidad fuera del territorio nacional actuará un tribunal argentino. El principio está establecido en la constitución de muchos países. Hay resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que instan a los países de América a que ejerzan la justicia universal. Este principio también existe en España.

-Pero aquí no se puede investigar.

-No es cierto. Hay muchos procedimientos en curso que aplican en principio de la justicia universal. Recientemente, la Audiencia Nacional ha pedido la detención de dirigentes chinos por las mantanzas en el Tíbet. Sin embargo, cuando ha tocado el turno de investigar los crímenes cometidos en España por españoles y contra españoles la justicia ha decidido que no tiene competencias por las causas que tú conoces: por la Ley de Amnistía, porque los delitos están prescritos o porque no eran delitos en el momento en que fueron cometidos. Nos encontramos, pues, ante una paradoja.

-El juez que trató de investigar el franquismo fue retirado de la carrera profesional.

-Recordemos que si bien el juez Garzón fue inhabilitado por el caso «Gurtel», previamente había sido suspendido como juez por el Consejo del Poder Judicial cuando la causa contra el franquismo fue elevada a juicio oral. Además, de esto que estamos hablando, hay que señalar que España es pionera en la aplicación del principio de la justicia universal. Debemos tener presente la detención de Pinochet en Londres o la condena al militar argentino Adolfo Scilingo, que cumple condena en España porque así lo determinó el Tribunal Supremo, que lo condenó a 1.084 años y ya ha cumplido 15.

-Habla del torturador de la Escuela Mecánica de la Armada.

-Efectivamente. De alguna manera la querella argentina es tributaria de la aplicación de la justicia universal en España.

-¿Y cómo se explica que no se puedan investigar los crímenes en España?

-Scilingo fue condenado tanto por la Audiencia Nacional como por el Tribunal Supremo, que le elevó sustancialmente la pena diciendo que si bien que los crímenes de lesa humanidad no estaban previstos en la legislación española en el momento en que los hechos fueron cometidos por Scilingo, el contexto de crímenes contra la Humanidad en que fueron cometidos hacía que tuvieran competencias.

-¿La idea de la justicia universal viene de los juicios de Nuremberg?

-Estos juicios son un precedente muy importante en la persecución de este tipo de crímenes, pero la realidad es que, a diferencia de la justicia internacional que han ejercido distintos tribunales que se crearon «ad hoc» porque se crearon para perseguir crímenes cometidos en sitios determinados:Yugoslavia, Sierra Leona, Ruanda… A diferencia de esto, digo, la justicia universal es otra cosa: la que ejercen los tribunales de un país determinado en relación a los crímenes en cualquier lugar del mundo. En el siglo XVII ya había tratadistas que hablaban de la necesidad de perseguir este tipo de crímenes, en todo tiempo y lugar. Si bien esto, el principio se ha aplicado de forma muy limitada. Pero lo paradójico es que España es el país es que más lo ha aplicado y lo está aplicando.

-La justicia universal empieza a pitar con la detención de Pinochet.

-En realidad, un poco antes. Garzón había dictado muchas órdenes anteriores. El momento en que se consolida el principio de la justicia universal fue con la detención de Pinochet, cuya peripecia es semejante a la que sucede aquí en España. El Gobierno ha dado traslado a la Audiencia Nacional un procedimiento para que la Audiencia diga si los procesados en Argentina tienen que ser extraditados o juzgados en España.

-Habla de «Billy el Niño».

-No sólo de él. También de Muñecas, que, aparte de ser un torturador fue la mano derecha de Tejero durante el golpe. El juez Ruz los tiene que llamar a declarar, los tiene que informar sobre la petición de extradición, los tiene que preguntar -así lo establece la ley-, si aceptan esta extradición. Una vez que hace todo esto Ruz tiene que decidir si los detiene mientras se tramita la extradición o, por el contrario, toma medidas cautelares como la retirada del pasaporte. En un plazo corto la audiencia decidirá si los manda a Argentina o se les juzga en España, esta alternativa sería para nosotros buena. En el supuesto de que la audiencia diga que no se les pueda juzgar la última palabra la tiene el Gobierno, que por razones de interés general o interés público puede anular una extradición. Sería una papeleta que aplicara estos principios en el caso de los dos policías acusados de torturar.