27/09/2018 por FAMYR
Madrid, 11 de septiembre de 2018
Excmo. Señor D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón
Presidente del Gobierno de España
Complejo de la Moncloa
28071 – MADRID
Estimado Señor Presidente:
Las organizaciones abajo firmantes nos dirigimos a Usted con la intención de dar a conocer nuestra opinión sobre lo que desde 2004 se conoce como “La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas”, cuestión recogida en un documento específico con el mismo nombre al que se adhirieron la práctica totalidad de las entidades memorialistas de víctimas y de derechos humanos existentes en aquel momento y publicado en http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/impuesp.html
Entendemos que la cuestión de las víctimas del franquismo debe abordarse como la consecuencia de un sistema de represión sistemática coincidente con la ideología del régimen franquista y similar a los existentes en Europa durante el dominio del régimen nacionalsocialista, del que fue tributario el franquismo.
Si la España contemporánea es parte de la historia europea y consecuencia de aquellos hechos que asolaron Europa, las soluciones a las cuestiones pendientes respecto de las víctimas deben buscarse en las que se aplicaron en aquellos países que formaron parte del Eje, y no en la realidad dictatorial de los países latinoamericanos que muchos años después de los hechos que mencionamos sufrieron regímenes dictatoriales como los surgidos en el Cono Sur.
La gran diferencia con los países del Eje es que somos el único de los así calificados por resoluciones de las Naciones Unidas que no ha resuelto aún la cuestión de las víctimas.
Como dijera Simon Wiesenthal, es una cuestión de justicia, no de venganza, y esa justicia es la que aún está pendiente para con las víctimas, especialmente para con las víctimas republicanas.
Hemos tomado nota de su decisión de proceder a desmontar el monumento funerario de El Escorial y, si bien nos parece una medida alegórica y simbólica necesaria, consideramos que la misma no es en absoluto suficiente.
Por tanto, la respuesta a este modelo de impunidad hay que entenderla como respuesta al decisionismo jurídico y al estado de excepción aplicados como alternativa reaccionaria al modelo republicano como tal, o sea, al surgido de la revolución norteamericana y de la revolución francesa.
Los países que integraban la alianza conocida como «Potencias del Eje» fueron Alemania, Italia y Japón. En cada uno de ellos se dieron procesos de nulidad de leyes. De Gaulle acometió incluso, mediante comisiones especializadas, la revisión de todas las leyes del régimen colaboracionista del General Petain para proceder a anular todas aquéllas que se consideraron contrarias a los principios republicanos, a los acuerdos de Potsdam y a las sentencias de Nuremberg. Lo mismo ocurrió en los países ocupados por la Unión Soviética.
Cabe mencionar que España fue considerada parte de las Potencias del Eje y fue definida como tal por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 39(I), de 12 de diciembre de 1946, sobre la cuestión española:
“(a) En origen, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es un régimen de carácter fascista, establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hitler y de la Italia fascista de Mussolini”;
Señor Presidente, desde el año 2004 hemos participado en todas las iniciativas de los diferentes gobiernos, especialmente el presidido por el Señor Rodríguez Zapatero, sin obtener respuesta a la cuestión central: analizar la represión franquista como un sistema y dejar de lado medidas provisionales que, en ocasiones, pueden haber tenido buena intención, como es el caso de la denominada “Ley de la Memoria”, pero que no sólo no han solucionado el problema, sino que han creado uno nuevo, como se refleja con la discusión sobre la modificación de la misma.
Durante todos estos años hemos generado numerosa documentación recogida en declaraciones e informes publicados en su práctica totalidad en la página especializada que está en La cuestión de la impunidad en España y que puede ser utilizada para el análisis de la situación.
En una fecha tan lejana como noviembre de 2006, la Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados de la II República por el Franquismo (AfarIIREP), presidida por la fallecida militante socialista Ana Viéitez Gómez, preparó una declaración a la que se adhirieron numerosas organizaciones.
Este documento, publicado en http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/declafar.html, sigue plenamente vigente. En el mismo se respondía a la organización Amnistía Internacional sobre diversas cuestiones y en el punto siete se fundamentaba sucintamente la oposición a la creación de una Comisión de la Verdad.
Textualmente decíamos lo siguiente:
7) Tampoco aceptamos la posibilidad de una Comisión de la Verdad en cualquiera de sus formas, y ello por tres cuestiones básicas:
a) Porque en un estado de derecho lo que debe primar es el derecho a la justicia y el debido reconocimiento jurídico de las víctimas, y esto no se consigue a través de una Comisión de la Verdad.
b) Porque el derecho internacional aplicable en la jurisdicción europea obliga al cumplimiento de normas jurídicas que una Comisión de la Verdad no puede garantizar. En este sentido rechazamos además todo concepto de lo que se ha dado en llamar “justicia transicional” por ser contrario al derecho a la justicia.
c) Porque las Comisiones de la Verdad han significado en la práctica la configuración de modelos de impunidad, como en el caso de El Salvador y Guatemala, por mencionar sólo dos ejemplos flagrantes que los propios documentos de Amnistía Internacional han puesto en evidencia en numerosas oportunidades.
Por todo lo expuesto, Señor Presidente, le solicitamos una reconsideración profunda de la cuestión de la impunidad que haga frente a la casuística recogida en el “Plan de acción” publicado en http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/impuesp.html#VI.-%20Plan y que refleja los problemas concretos a los que es necesario dar solución y que a continuación reproducimos:
1. Ratificación de la «Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad».
2. Declarar por Ley la nulidad de todas las acciones legales del régimen franquista, haciendo mención expresa a las Resoluciones de las Naciones Unidas adoptadas por unanimidad por la Asamblea General de la ONU el 9 de febrero de 1946 [Res. 32(I)] y el 12 de diciembre de 1946 [Res. 39(I)], y a su carácter criminal según las normas de derecho internacional.
3. Declarar la nulidad de todos los juicios penales y militares por arbitrarios e ilegales, adoptando las medidas adecuadas para el resarcimiento proporcional y actualizado de las víctimas, así como la reconstrucción de los archivos penales y judiciales afectados.
4. Elaborar una ley de exhumaciones e identificación de víctimas que tenga en cuenta los tipos de delitos, el necesario conocimiento de la verdad y que fije los procedimientos acordes con el derecho internacional de derechos humanos.
Dicha ley ha de tener en cuenta además los diferentes tipos de enterramientos clandestinos, oficiales, etc. y resolver el caso de las fosas comunes producto del plan de exterminio, de los enterramientos ilegales y de las fosas comunes de las tropas regulares en los frentes de batalla.
5. Elaboración de un Manual de Antropología forense adaptado a las normas internacionales de derechos humanos, crímenes de guerra y a la situación histórica de la II República y del régimen franquista, que permita ordenar los desenterramientos en orden a la instrucción penal correspondiente en función del tipo de delitos y las víctimas, sean éstas civiles o soldados regulares en los frentes de batalla.
6. Normalización legislativa de los bancos de datos de ADN para la identificación de víctimas, procediendo al registro judicial de las muestras de los restos de las víctimas, así como las de los familiares que lo soliciten, y creando los parámetros de reconocimiento que surjan de la experiencia antropológico forense y sociológica.
7. Ley de reconocimiento de los campos de concentración y de trabajos forzados, y reconstrucción de los procesos seguidos en los mismos y de las víctimas.
8. Desclasificación y catalogación de todos los archivos diplomáticos, militares y de inteligencia hasta la instauración del régimen democrático.
9. Inventario, catalogación y reorganización, con medios adecuados a la tecnología actual, de los archivos penales, judiciales, carcelarios, militares, de inteligencia, municipales, etc., a nivel de todas las administraciones, adecuándolos a las normas del derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas.
Se ha de reconocer el libre acceso y la obligación de colaboración judicial de los responsables de dichos archivos con las víctimas y sus familiares, organizaciones de víctimas, organizaciones de derechos humanos y con la justicia nacional o de otros países.
10. Reconstrucción de las listas de víctimas españolas en terceros países como consecuencia del régimen franquista, incluyendo especialmente a los denominados «niños de la guerra», y solicitando, si fuera necesario, la colaboración internacional, especialmente en el ámbito europeo, para lo que se contará con las organizaciones de exiliados o de organizaciones extranjeras que hayan colaborado con el exilio republicano. Se procederá a la regularización jurídica de los problemas de nacionalidad española derivados del exilio y de los que son consecuencia de la inscripción de españoles en registros de autoridades legítimas dela II República, otorgando el mantenimiento de la doble nacionalidad de los exiliados y de sus descendientes en todos los casos.
11. Reconstrucción de las listas de víctimas y represaliados desde el golpe de estado franquista, de forma legalmente válida, otorgando el reconocimiento jurídico válido y teniendo especial cuidado con los menores, huérfanos y mujeres.
12. Adecuación de las normas de los registros civiles a efectos de la correcta determinación de las causas de muerte.
13. Establecer un inventario de los bienes saqueados, embargados o expoliados por motivos políticos, religiosos y de represalias.
14. Establecer una legislación que permita la recuperación e indemnización a cargo del estado, o de los responsables patrimoniales si existieran, de los bienes expoliados a personas físicas o legales por motivos políticos, religiosos o de represalias de cualquier tipo.
15. Legislación de reconocimiento de todos los militares que sirvieron lealmente a la II República, restableciendo su condición histórica y adecuando sus méritos reglamentarios a todos los efectos.
16. Legislación de reconocimiento de todos los militares y fuerzas irregulares españolas y de origen español que colaboraron con los países aliados en la resistencia contra los países del Eje y contra el régimen franquista, publicado en http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/memoga.html equiparándolos al reconocimiento jurídico, militar y social que se siguió en países como Francia y/o Bélgica.
17. Reconstrucción de los mandos de todas las organizaciones franquistas en el interior y el exterior de España, para facilitar el derecho a la verdad y el conocimiento de los perpetradores de los crímenes contra la humanidad.
18. Fijación de un sistema de resarcimiento económico actualizado, en términos actuariales y que se corresponda con la realidad económica y social española, a todo tipo de víctimas aún vivas, herederos y sus familias, así como adoptar las medidas necesarias para el reconocimiento social y cultural, para lo que se procederá a la localización, catalogación y declaración como patrimonio histórico de los lugares de memoria de la lucha en defensa de la República y de la represión franquista.
Señor Presidente, creemos que no valen soluciones improvisadas e imaginativas. Los problemas de las víctimas son concretos y merecen una respuesta humanitaria legal acorde al pensamiento europeo.
Es una cuestión que afecta a aspectos profundos filosóficos, antropológicos y sociales que nos definen como civilización.
Sin más, saludamos a Usted muy atentamente,
Antonia Macías Hernández
Abogada Equipo Nizkor, Grupo de Estudios de
Derecho Internacional y Archivo Guerra y Exilio (AGE)
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/impuesp30.html
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