En 2003, 28 años después de la dictadura franquista, comenzaba en Asturias una prolija investigación para ubicar en el mapa de la memoria el destino de los miles de asturianos, víctimas del franquismo, cuyos cadáveres siguen en varios cientos de fosas comunes que se reparten por casi toda la región. Solo en Aragón y Andalucía se cuentan más fosas que en Asturias. Este mapa, que elaboró un equipo de ocho investigadores de la Universidad de Oviedo y que fue presentado en 2010, dio como resultado 343 fosas localizadas en 55 concejos. 42 años después de la muerte de Franco, cuando la sola mención de la reparación de las víctimas del franquismo sigue aturdiendo por diferentes motivos a una parte de la población española, la inmensa mayoría de los desaparecidos asturianos siguen como estaban. Sepultados en fosas comunes. Sin identificar.

El estudio, que se basó en la numerosa documentación que existe, recoge no obstante que la mayor parte de las fosas de los muertos del bando sublevado se exhumaron inmediatamente después de que finalizara la guerra para ser trasladados a cementerios. La labor investigadora que se daba a conocer en 2010 no había hecho más que empezar, pero dejó de tener financiación en 2011 y, pese a que la investigación nunca se dejó de lado, pasó a ser una cuestión de voluntad por parte de los investigadores, en su mayoría becarios, o ligada de forma colateral a otros proyectos universitarios.

Tras seis años sin apoyo económico, se reactivan las ayudas a la investigación

Este año, tanto el Gobierno del Principado como el Ayuntamiento de Gijón han vuelto a reactivar su apoyo económico para que esa investigación siga adelante y que la actualización del mapa por fin pueda ir cubriendo los vacíos que sigue teniendo el inmenso puzle de la represión franquista en Asturias. «Ya era hora, aunque sean cantidades pírricas», dice Juan Cigarría, presidente de la Federación Asturiana Memoria y República (Famyr), que aglutina a tres asociaciones memorialistas de Asturias: el Foro Ciudadano por la República, la Memoria Histórica Asturiana y el Foro por la Memoria. En el caso del Principado, son 25.000 euros cuando el convenio que finalizó en 2011 ascendía a 70.000 euros. La ley estatal de la Memoria Histórica, que entraba en vigor en 2007 y que debería asumir este apoyo, no tiene asignado ni un solo euro desde 2013.

En Famyr, que colabora y colaboró en esa investigación que lidera la profesora de Historia Contemporánea Carmen García, también iniciaban en 2004 algo impensable durante décadas, y no solo durante las ominosas décadas del franquismo: reclamar justicia para las víctimas de la dictadura. Reclamar la misma justicia que sí han tenido las víctimas de conflictos similares en más de 30 países del mundo, incluido Camboya, el único país que supera en desapariciones a España. «Nos miraban como si estuviéramos locos y hoy todo el mundo asume ese mensaje de reparación. Que al menos todo el mundo lo reconozca es una victoria», dice Cigarría, que explica que llevar a cabo este tipo de investigaciones sigue siendo complicado y más según la zona en la que se desarrollen.

«Cada día queda un testigo menos»

«El occidente asturiano es el más complicado por la idiosincrasia de la gente. Cuando la represión, no hubo casi resistencia y, además, la implantación de izquierdas es mucho menor que en el centro. La gente es reacia a hablar y tienes el tiempo justo -explica-. En las cuencas, en Gijón, es más fácil por el activismo… En Mieres, por ejemplo, tienen el componente político y están más concienciados. El oriente, sin embargo, también exige más tiempo». Una de las partes fundamentales de esta labor de investigación son los testimonios de quienes siguen vivos, que además pasan a formar parte del Archivo de Fuentes Orales para la Historia Social de Asturias, adscrito a la Universidad de Oviedo.

«Lleva mucho tiempo encontrar a la persona, grabarla, minutarla…», explica Cigarría. Pone como ejemplo los tres años que emplearon en Famyr para encontrar a posibles testigos que ubicaran la fosa común de Parres, en Arriondas, en donde estaban enterradas cinco personas. Unir todas las piezas de un puzle inmenso es un trabajo arduo. «Las fosas anónimas llevan mucho trabajo. Y cada día queda un testigo menos», apunta.

Una de cada tres familias asturianas está afectada por esta situación

El mapa de las fosas comunes de Asturias, en cualquier caso, está bastante actualizado, pero Cigarría calcula que todavía quedarán decenas de asentamientos pendientes de identificar. Buena parte de ellos serían sobre todo fosas pequeñas, de una o dos personas. «Incluso como las del Fitu, en donde existen varios asentamientos también pendientes de identificación y en donde hay testimonios de cuando se hizo la carretera que relatan que los camiones bajaban con restos humanos», recuerda Cigarría. Los restos de esas fosas, por tanto, se han perdido como en casi una veintena de asentamientos destruidos, entre otros motivos, por obras y construcciones.

La mayoría de las fosas de quienes murieron por defender la libertad y la República en Asturias son pequeñas. Las hay individuales y colectivas. De guerra, en las que se enterraban a los combatientes muertos o fusilados tras el combate, y de civiles represaliados al término de la Guerra Civil. El número real de desaparecidos no se conoce todavía, pero sí se sabe que por lo menos fueron 20.000 y que alrededor de 7.000 fueron fusilados tras ser condenados en consejo de guerra. «Obviamente habrá más», dice Cigarría, que recuerda que esta situación afecta al menos a una de cada tres familias asturianas.

Del miedo de los hijos al interés creciente de los nietos

«Los 40 años de dictadura más los 40 años de posfranquismo hacen mella en la conciencia a la hora de reivindicar sus derechos, pero todas las semanas tenemos llamadas. Desde 2004 hemos atendido miles de llamadas de familiares de desaparecidos, unas con éxito y otras sin éxito. La generación de hijos se despreocupó y la de los nietos es la que está cogiendo el hilo», indica. La despreocupación de los familiares de los desaparecidos, en buena parte de los casos, se debe al uso del miedo como instrumento de sumisión, que en dictaduras militares se lleva al extremo de la cultura del terror como ocurrió durante 40 años en España. «Algunos siguen teniendo tanto miedo que prefieren ocultarlo», explica Cigarría. El trauma de la violencia política, no obstante, es más difícil de mantener en quienes nacieron después de la dictadura. «Y no encontramos ansia de venganza ni rencor, solo búsqueda de justicia», aclara el presidente de Famyr.

Algunas de las familias que se ponen en contacto con esta asociación memorialista lo hacen tras ser derivadas por las instituciones oficiales. «Hasta de la propia Delegación del Gobierno del Principado les remiten a nosotros y por ello creen que formamos parte del organismo oficial», explica Cigarría. No deja de ser curioso, o más bien sangrante, habida cuenta de los obstáculos que, desde la propia transición española por acción o por omisión, se han ido colocando en el camino de la memoria histórica de las víctimas del franquismo.

https://www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/2017/08/29/piezas-faltan-inmenso-puzle-represion-franquista-asturias/00031504026991754971523.htm

La asamblea general de la ONU condenó con una resolución firmada en Nueva York en 1946 la dictadura franquista por ser un «régimen de carácter fascista establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hitler y de la Italia fascista de Mussolini». Desde entonces, han sido muchas las ocasiones en las que las Naciones Unidas han exigido a España que atienda las reclamaciones de las víctimas del franquismo. Sin éxito, al menos en lo que respecta a los tres derechos que tienen todas las víctimas de conflictos similares: derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación.

La última ocasión en la que la ONU reclamó que estos derechos se apliquen en España fue este mismo año, cuando el relator especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de la ONU, Pablo de Greiff, insistía una vez más en que el Gobierno de España tiene la obligación de atender esas reclamaciones, dando prioridad a las exhumaciones de fosas comunes para poner fin al sufrimiento de quienes siguen sin saber dónde están sus familiares. Estas recomendaciones de la ONU no son de obligado cumplimiento y, aunque las normas internacionales de derechos humanos que vienen a decir lo mismo sí lo son, «con las víctimas del franquismo todo es posible porque no se consideran víctimas de pleno derecho».

En la Federación Asturiana Memoria y República (Famyr) insisten en que las fosas comunes de las víctimas del franquismo son un asunto de Estado por ser pruebas de delitos contra la humanidad que, según el derecho penal internacional que prevalece siempre sobre el interno de un país, son aquellos hechos que forman parte de un ataque sistemático contra la población civil o contra una parte de ella, por motivos políticos, raciales, nacionales, culturales, religiosos, de género o cualquier otro reconocido como inaceptable. Estos crímenes, dada su extrema gravedad y por constituir una ofensa a la humanidad en su conjunto, nunca prescriben con lo que no cabe amnistía alguna.

«Hubo años y años de oportunidades»

Conseguir que se apliquen esos derechos y acabar con el llamado modelo de impunidad español (que no reconoce ese papel de víctima que recoge el derecho internacional) es el principal caballo de batalla de todas las asociaciones memorialistas de España. Por ello, en Famyr consideran que las exhumaciones, como en cualquier delito y más si es contra la humanidad, deben ser ordenadas por los tribunales. Cigarría pone como ejemplo el caso de Marta de Castillo. «Nadie cuestiona que sea la justicia quien ordena la búsqueda de Marta del Castillo. Sería impensable que lo tuviera que hacer la familia en solitario». En Asturias, se presentaron varias denuncias en los juzgados en 2006 para realizar exhumaciones en fosas comunes pero los casos se desestimaron por haber prescrito el delito. Y las pocas exhumaciones que se han realizado para que los familiares encontraran al menos respuestas, incluidas las de este año, no han sido ordenadas por un juzgado.

«España es el único país en el que las exhumaciones se hacen de manera administrativa y ese es uno de los problemas del modelo español de impunidad, que las víctimas del franquismo carecen de esos derechos», dice Cigarría, que recuerda que «hubo años y años de oportunidades» para desatar lo que el franquismo había dejado bien atado. Por miedo, por statu quo o debido al «déficit democrático» que evidencia esta situación, ningún gobierno estatal lo hizo. Independientemente de su color político.

La ley regional de memoria histórica, pendiente del debate

En Famyr también consideran que, con las exhumaciones particulares o administrativas, en el fondo se destruyen pruebas de un crimen de lesa humanidad (al no aplicarse los protocolos policiales y judiciales que se aplicarían ante cualquier delito violento) y se perpetúa la impunidad. Por ello, instan a los familiares a que presenten denuncias. «Respetamos el dolor de las familias, pero hay que explicarles que esa labor la tiene que hacer un juzgado. Tiene que realizarse por la vía legal», dice Cigarría, que reconoce el conflicto que existe entre la memoria familiar y la memoria política y colectiva, pero que insiste en que «a esta gente la asesinaron por su significación política y, cuando trasladas esos restos, robas parte de la verdad a esa memoria colectiva».

En Asturias, a principios del año pasado, el grupo parlamentario de IU presentaba el proyecto de una ley de memoria regional que, entre otras cuestiones, proponía un plan de identificación de restos en fosas comunes y la supresión de la simbología franquista en un plazo máximo de 12 meses. «Es una copia de las leyes de Andalucía y Valencia, que dicen que las fosas son una cuestión administrativa. Es decir, convierten los derechos de las víctimas en un asunto de un comité administrativo o de expertos», indica Cigarría. En todo caso, el debate en torno a esta ley sigue pendiente.

Miedo al discurso en torno a la retirada de símbolos franquistas

También lo está la retirada de la simbología franquista que aún permanece en algunos concejos asturianos. Cigarría recuerda que en 2014 Famyr puso en marcha la campaña ¡Madreñazu al franquismo! para recordarlo. «Es un tema de obligado cumplimiento y, aunque la ley estatal de Memoria Histórica no establezca plazos, hay que quitarlos», explica, «por ignorancia o directamente porque algunos ayuntamientos pasan, se siguen manteniendo y depende de la voluntad del concejal de turno».

Esos restos del franquismo en Asturias están corriendo distinta suerte. En Tineo, gobernado por el PSOE, «vamos a ir a juicio cuando saben que lo tienen perdido». En Gijón, aún existe un colegio que lleva el nombre de Julián Gómez Elisburu, que fue jefe local de Falange. En su momento, llegó a plantearse cambiar este nombre por el de Margarita Salas, pero la propuesta no tuvo demasiado recorrido. «El cambio depende del colegio y de la Consejería de Educación», explica Cigarría, «y cuando la propia comunidad educativa no le da importancia a tener como nombre del colegio a un falangista, la derrota es absoluta».

La retirada de símbolos y nombres franquistas es pura «higiene democrática» que, por ejemplo, si han asumido en Cangas de Onís, con un gobierno del PP, y en Oviedo, en donde «el cambio fue radical» tras la llegada del tripartito. En Famyr, en cualquier caso, lamentan que la retirada de esta simbología, en vez de tomarse como un ejercicio de pedagogía democrática, se vea en ocasiones como algo vergonzante. «Tienen miedo a ese discurso pese a que lo tienen ganado con personas con mediana sensibilidad democrática», considera Cigarría, que también recuerda cómo hasta en dos ocasiones el Gobierno socialista del Principado rechazó que se concedieran las distinciones anuales de Asturias a guerrilleros antifranquistas como Felipe Matarranz y José Antonio Alonso Alcalde.

A este último, el comandante Robert, los honores le llegaron fuera de España, puesto que, entre otras condecoraciones, tenía en su haber la medalla de Caballero Oficial de la Legión de Honor de Francia, la más alta distinción del país vecino. «Por dos veces hicimos una campaña para que se les concediera la medalla de oro de Asturias y, sin ninguna explicación, siempre se negaron», recuerda Cigarría, explicando que incluso en 2013 este galardón asturiano quedó desierto por primera vez.

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