La historia de España no avanza. Los profesionales de su estudio y difusión llevan más de cinco años clamando contra sucesivos obstáculos a su acceso a papeles oficiales sobre episodios clave para el conocimiento del pasado –sobre todo, los acaecidos entre la Segunda República y el final de la transición– y la comprensión del presente. Según denuncian a La Vanguardia, el Gobierno mantiene bloqueadas dos iniciativas relevantes para acabar con un oscurantismo impropio de un país democrático: la desclasificación de los 10.000 documentos de Defensa que Carme Chacón prometió desvelar al términos de su etapa como ministra del ramo y, más recientemente, a través del PP y con ayuda de Ciudadanos, la reforma de la ley de Secretos Oficiales planteada por el PNV en noviembre del 2016.
Informes sobre “detención de extranjeros, censura, destierros, claves, cifrados” o nombres de “protegidos y agentes franceses” en la Guerra Civil; datos sobre “campos de trabajo, batallones de soldados trabajadores, arrestos, denuncias, deserciones, sospechos y sabotajes” antes de 1968, o notas acerca de “desembarcos alemanes, memorias de la defensa de Melilla y contabilidad del servicio secreto” con anterioridad a 1939 son algunos de los asuntos clasificados de interés histórico que, dentro de un listado de 41 materias, Chacón y sus asesores dejaron a punto de desclasificación al entender que “ya no suponen una afectación a la seguridad del Estado” y los motivos de su ocultación “hace tiempo que desaparecieron”.
Por algo será que el Gobierno del PP no desclasifica unos documentos de Defensa que, según quedó claro, no implican riesgo para la seguridad ni para la intimidad de nadie”
Ángel Viñas Historiador y economista
La decisión quedó lista para su aprobación por el Consejo de Ministros cuando el segundo gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero estaba ya en funciones. Entonces llegó el PP y, como dice la canción, mandó a parar. Primero el ministro Pedro Morenés y después su sucesora, María Dolores de Cospedal, evitaron dar curso a la desclasificación. “Por algo será”, declaraba hace unos días el historiador Ángel Viñas en una entrevista con este diario por su libro sobre la muerte del general Balmes, El primer asesinato de Franco (Crítica). “Lo vengo denunciando desde hace años”, dijo, y recordó que la medida obtuvo el plácet de “una comisión de historiadores, militares y archiveros”.
Este diario se dirigió a Defensa para actualizar su postura. Un portavoz del departamento indicó que la posición no ha variado desde que la ministra respondió en el Senado, el 27 de junio pasado, a la pregunta que sobre el tema le hizo la senadora de En Comú Podem Sara Vilà; en la respuesta, Cospedal señaló que la desclasificación “no es prioritaria” y sólo se hará efectiva “cuando se tengan los medios necesarios para el estudio en profundidad de los documentos clasificados”.
Informes de destierros, espionaje o campos de trabajo del franquismo siguen secretos
Meses antes de la decisión fallida de Chacón, en octubre del 2010, el ministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos forzó una decisión del gobierno en sentido diametralmente opuesto. En el contexto de los entonces recientes casos de las filtraciones de Wikileaks y las publicaciones sobre las escalas de vuelos de la CIA con presos de Guantánamo, el ejecutivo clasificó como secretas 14 amplísimas materias sobre las relaciones del país con el exterior: “Información de posiciones en conflictos internacionales o internos que puedan comprometer los intereses españoles”, información relativa al despliegue de unidades del ejército y la policía “tanto en España como en misiones internacionales”, contactos de España con otras naciones para facilitar procesos de paz, datos sobre acuerdos bilaterales o multilaterales sobre seguridad y defensa… Casi todo, en suma.
Lo peor de tan sorprendente acuerdo del gobierno es que, por su redacción, daba (y da) a entender que la declaración de secreto de tan amplias cuestiones concierne a los archivos de toda nuestra historia, y no a lo que ocurriera a partir de la fecha de la decisión. Fue una resolución tan drástica que, según ha constatado este diario, el propio Moratinos se lamentó de ella hace unos meses y dijo que “hay que verla y corregirla, hay que cambiarla”.
Tantas trabas han traído consigo un atraso de más de cinco años en la historiografía española con respecto a la de los países con los que deberíamos compararnos”
Carlos Sanz Profesor de Historia en la UCM
Las dificultades para los investigadores llegaron al extremo a mediados del 2012, cuando el gobierno del PP decretó el cierre temporal y a cal y canto de los fondos históricos de Exteriores con ocasión de su transferencia y reparto entre el Archivo Histórico Nacional (lo anterior a 1931) y el Archivo General de la Administración. A esta última entidad, con sede en Alcalá de Henares, llegaron 60.000 legajos con cientos de miles de documentos posteriores a 1931. Como los papeles estaban sin ordenar, describir y tratar con criterios adecuados, y como el archivo estaba (y sigue) mal dotado, en la práctica los estudiosos tardaron años en acceder al grueso de la documentación. Y aún hoy las restricciones continúan, según es queja generalizada en la profesión.
“A la hora de la verdad, desde hace más de cinco años no podemos acceder a casi ningún documento nuevo y no citado de Exteriores”, protesta el profesor de Historia Contemporánea de la Complutense (UCM) Carlos Sanz: uno de los promotores de los comunicados que cientos de profesionales y todas las asociaciones importantes de historiadores firmaron en el 2014 y en mayo del 2017 para exigir, respectivamente, la rectificación de las medidas de Moratinos del 2010 y la aplicación de la desclasificación encarrilada por Chacón en el 2011 y, de otro lado, la aprobación definitiva de la reforma de la ley de Secretos Oficiales promovida por el PNV en el 2016. Mientras dicha reforma no se aplique, el levantamiento de los secretos del franquismo requiere autorizaciones explícitas de desclasificación por parte del Gobierno. Los diputados del PP y Cs en la Mesa del Congreso vienen frenando desde hace más de un año la modificación que levantaría esos velos; lo hacen mediante sistemáticas solicitudes de prórroga en el plazo de enmiendas, semana a semana. Y eso que la proposición de ley para la reforma ya fue aceptada a trámite y no prevé otra cosa que unos plazos máximos para el mantenimiento de la clasificación de secreto (25 años) y de materia reservada (10 años).
El veto afecta a papeles de Defensa y Exteriores, pero también de Interior
Tantas trabas conforman un veto a la historia –a una historia completa– que implica “un atraso de más de cinco años en la historiografía española” con respecto a la del resto de los países comparables, señala Sanz. “Nos quedamos atrás y a veces tenemos que irnos fuera –si podemos– a investigar nuestra historia. Nos hacemos cada vez más irrelevantes a escala internacional”. El problema tiene una incidencia enorme sobre toda la producción de libros, tesis y estudios, así como en la organización de conferencias.
La profesora de la Carlos III Matilde Eiroa corrobora y va más allá: “No sólo no se avanza sino que se favorece la repetición de los temas, sobre todo después de los años cuarenta”. Y pone ejemplos de lo que no se puede averiguar: “¿Con qué países firmamos pactos? ¿Cómo se formaron las redes de influencia que beneficiaron a los empresarios adictos al régimen franquista? ¿Qué pasó en la descolonización de Marruecos y el Sáhara?
Nos centramos en Defensa y Exteriores, pero los problemas de acceso también afectan a los archivos de Interior, por ejemplo en lo referido a la represión franquista”
Matilde Eiroa Profesora de Historia, Carlos III
Eiroa subraya que el secretismo no se limita a Defensa y Exteriores. Pues ella misma pudo comprobar cómo, durante el segundo ejecutivo de Zapatero, Interior se negaba a informar sobre la Brigada Político Social de la policía franquista, la del torturador Billy el Niño , para un estudio concertado entre la Complutense y Presidencia del Gobierno. “Hasta en Rumanía pueden acceder a los papeles de la Stasi. Pero aquí…”.
Otra profesora e investigadora de la UCM, Mirta Núñez Díaz-Balart, pone el acento en la imposibilidad de saber siquiera “dónde hay que buscar cada papel” y qué es exactamente lo que está clasificado. “La situación es tremenda”, afirma. Y se confiesa admirada por la agilidad y frecuencia con que Estados Unidos desclasifica información delicada “relativamente reciente”. Su ejemplo para España, lo que llama “los muertos providenciales”: los generales Sanjurjo y Mola, más Ramón Franco, los tres, muertos en accidentes aéreos. “¿Es casualidad que desaparecieran así los principales competidores de Franco? No podemos investigarlo, no podemos saberlo”, dice.
http://www.lavanguardia.com/cultura/20180221/44950142475/historia-espana-documentos-clasificados-guerra-civil-franquismo-carme-chacon.html
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