Ley de Memoria Histórica asturiana: un paso para seguir avanzando
Juan Cigarría Álvarez
27 Febrero 2019
Después de un largo trabajo en esta legislatura Asturies va tener una “Ley de Memoria Histórica” propia. Ello es un avance importante, al que han aportado mucho entidades como la nuestra, pero no es ni mucho el fin del camino, sino un paso más en aras de un objetivo al que no renunciamos: que las víctimas del Franquismo tengan el pleno reconocimiento como víctimas y la debida protección acorde con el derecho internacional de protección de los derechos humanos.
El borrador inicial era claramente insuficiente, porque con algunas mejoras, no respondía efectivamente a las reivindicaciones de “Verdad, Justicia y Reparación”, y era continuista con una mala ley, como es la estatal de 2007. A fuerza de muchas reuniones, de muchos debates, de movilizaciones también, y de encuentros con los grupos autonómicos que han tenido a bien reunirse con nosotros/as (PSOE, Podemos e IU) hemos logrado introducir elementos que mejoran sustancialmente la redacción inicial. Queremos agradecer en especial a la Diputada Rosa Espiño (Podemos) su enorme esfuerzo en la mejora del borrador inicial, a Begoña Menéndez Canal (PSOE), su disposición a escuchar y recoger nuestras aportaciones, y a Concha Masa (IU), como proponente del borrador inicial, por su disposición al consenso y la integración de las mejoras que se iban alcanzando. Será una pena que la ley no alcance una unanimidad parlamentaria porque las derechas asturianas sigan empeñadas en no romper amarras con el Franquismo o incluso en reivindicarse de el.
¿Es la ley que nosotros/as hubiéramos redactado? No. Esta ley tiene gravisimas carencias en materia de justicia, en materia de protección de fosas comunes, e incluso se elimina de la ley las propuestas presentadas relacionadas con el derecho a la justicia de las víctimas.
El problema es que, al tiempo que quiere quedarse en el plano meramente moral, entra en aspectos que sí son en cambio propios de la justicia, de la jurisdicción penal, como el trabajo esclavo o las fosas del franquismo, pero lo hace para sustraer a la víctimas y sus restos, del ámbito de la justicia y colocarlos al mismo nivel de tratamiento que el que se dispensaría a unos restos del paleolítico, puramente patrimonial y arqueológico, despojándoles del contexto de persecución, represión y exterminio de que fueron objeto.
No nos parece digno de representantes públicos sujetos al imperio de la ley y al derecho y que, por tanto, no sólo tienen la obligación de cumplir con las leyes sino de aplicarlas, por cuanto la supuesta “recuperación” se hace ignorando que los restos son vestigios de crímenes cometidos sobre personas que defendieron principios y valores democráticos y al intervenir sobre los mismos por fuera de un marco judicial se están rompiendo esas pruebas de crímenes imprescriptibles. Y también hay en ello un problema de ilegalidad, porque actuar sobre los restos al margen de las preceptivas actuaciones judiciales, contraviene la normativa no sólo internacional, sino la propia normativa forense española y la doctrina fijada por el Tribunal Supremo al respecto tras su Auto de 28 de marzo de 2012.
Por otro lado es una ley que recoge reivindicaciones para nosotros/as irrenunciables:
1º- Normas efectivas para eliminar del callejero la simbología franquista.
2º- Introducción en la educación reglada de elementos de memoria democrática.
3º- Avanzar en el reconocimiento de los/as que sufrieron represión por orientación sexual o por ser mujeres.
4º- Abrir brecha en la investigación de los/as niños robados/as.
5º- Permitir la creación de un banco de ADN público.
6º- Comenzar a reconocer debidamente a los/as guerrilleros/as antifranquistas.
7º- Lograr el debido reconocimiento social e institucional a las personas que formaron el Consejo de Asturias y León, y el Consejo Soberano posterior, que fueron el legal y legitimo gobierno de Asturies hasta la ocupación franquista.
8º- Introducir elementos que van en la línea de equiparar en grado de protección a las víctimas del Franquismo a las víctimas del terrorismo.
9º- Mejorar la posibilidad de acceso a los archivos de la represión, para que se pueda saber e investigar la verdad de lo ocurrido.
10º- Lograr la debida protección de los lugares de la memoria frente a los ataques que vienen sufriendo en los últimos años.
Pero la existencia de una ley, por sí sola, no garantiza su cumplimiento. Ahora toca desarrollar reglamentariamente ciertos preceptos de la misma, dotar a todo ello de debida cobertura presupuestaria y afrontar un plan de ejecución de la misma, de forma honesta y valiente, frente a los embates de las derechas que querrán hacerla trizas a la primera de cambio. Para ello no sólo servirá la existencia de mayorías parlamentarias comprometidas con la ley, sino una sociedad civil organizada y un movimiento memorialista y republicano fuerte, capaz de evitar retrocesos, de exigir el cumplimiento de la norma y de seguir reivindicando pasos más allá, como única fuerza para avanzar.
Por desgracia no hemos podido eliminar del texto de la norma el término “Guerra Civil” y sustituirlo por “Guerra de España”, que es el que historiográfica y políticamente mejor reflejaría lo que fue aquella contienda, como prolegómeno de la guerra contra el Fascismo en el Mundo. Tampoco pudimos eliminar la denominación “Principado de Asturias” y sustituirlo por el de “Comunidad Autónoma Asturiana”, pues a las fuerzas políticas con presencia en la Junta no las hemos logrado convencer que la mejor forma de honrar a las víctimas del Franquismo es seguir peleando por la Republica.
Pero puede tener por seguro todo el mundo que desde la “FEDERACION ASTURIANA MEMORIA Y REPUBLICA” (FAMYR), igual que hemos sido leales y sinceros en todo este debate de 4 años, seguiremos siendo consecuentes en nuestro trabajo futuro, asentando el mismo sobre 4 ejes claros:
1º- Seremos vigilantes y exigentes en que la nueva norma se cumpla y se exploren sus posibilidades al máximo.
2º- Seguiremos exigiendo normas y desarrollos complementarios que nos acerquen al integro cumplimiento de la norma internacional de protección de los derechos humanos y de persecución contra los delitos de lesa humanidad.
3º- Lograr una legislación estatal, que en torno a la “Ley de Víctimas del Franquismo”, que el movimiento memorialista más consecuente impulsa, supere de una vez el “modelo de impunidad español”.
4-ºProfundizaremos en nuestros desarrollos sociales y políticos para que la memoria democrática no sea un mero recuerdo del pasado, sino una palanca para el futuro, que ayude a la construcción de una III Republica, como forma de avanzar en aras de una sociedad más justa, más libre y más igualitaria.
JUAN CIGARRIA ALVAREZ (PRESIDENTE DE LA FEDERACION ASTURIANA MEMORIA Y REPUBLICA-FAMYR).
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