La formación morada había solicitado este sistema de tramitación, el más rápido previsto en el Reglamento de la Junta y que elimina tanto las comparecencias previas como la presentación de enmiendas, ante la «simplicidad» de la formulación del texto, integrado sólo por un artículo único y dos disposiciones finales.

La petición de Podemos ha sido rechazada después de que los grupos analizaran el informe elaborado por los servicios jurídicos de la Junta General que señala que el objetivo de la iniciativa sería «notablemente problemático» en caso de que lo hicieran las Cortes Generales y «manifiestamente inviable» en Asturias.

Los letrados del Parlamento regional señalan que la aprobación de la ley propuesta por Podemos supondría dar un aplicación retroactiva a la Constitución de 1978 e inciden además en que la Audiencia Nacional se basó en la falta de declaración legal de nulidad para denegar la responsabilidad patrimonial del Estado como consecuencia de una confiscación de bienes ordenada por un tribunal franquista.

El Principado, advierten en su informe, «carece de las competencias que serían precisas para poder intervenir» aunque rechazan la posibilidad de no admitir a trámite la iniciativa dado que consta también de una disposición final «autónoma respecto del artículo y perfectamente inteligible sin él» al que no se pueden aplicar estas objeciones.

Además, respecto a la posibilidad de tramitar la iniciativa en lectura única, los servicios jurídicos del Parlamento regional advierten de que el texto, a pesar de su brevedad, «es todo menos simple y su naturaleza entronca directamente con cuestiones muy principales de nuestro ordenamiento jurídico».

La disposición final aludida por los letrados autoriza al Archivo Histórico de Asturias a elaborar y hacer pública una lista de los procesos instruidos y de las sentencias adoptadas durante la dictadura en la que consten el número de procedimiento, la persona física o jurídica encausada y la condena impuesta.

Tras la decisión de la Junta de Portavoces, el parlamentario del PSOE Marcelino Marcos Líndez ha señalado que su grupo podría estar de acuerdo «con la filosofía de la iniciativa», pero ha advertido, a la vista del «contundente» informe jurídico, de que el Parlamento «no está para titulares ni para filosofías si no para tramitar leyes».