La historia de los papeles asturianos y de su periplo por los archivos de España no es solo que parezca no tener fin, sino que hay muchos y variados capítulos asegurados. La semana pasada concluía el contrato de la empresa encargada de organizar el siguiente envío de documentos desde el Archivo de la Memoria Histórica de Salamanca a Cataluña, en virtud de la Ley aprobada por el Gobierno anterior mediante la que la Generalitat puede reclamar como suyos los contenidos de los archivos que pertenezcan a instituciones catalanas. Y el caso es que el investigador Policarpo Sánchez sigue dando luz a irregularidades alrededor de este proceso.

«Una nueva muestra de lo que está sucediendo lo descubrí al indagar cómo es que se habían devuelto unos papeles pertenecientes al PSOE de Sabadell de principios de los años 30, cuando por aquellas fechas el partido socialista prácticamente no existía en Cataluña», relata. ¿El resultado al comprobar el contenido de las cajas? Más documentación perteneciente al PSOE asturiano. «Cierto es que de Sabadell, pero como bien se observa en los membretes y en el propio contenido, se trata de la Agrupación Socialista de Refugiados Asturianos, y las firmas son de José Barreiro, secretario general del PSOE asturiano», denuncia.

Estos papeles son ya oficialmente propiedad del Gobierno Catalán, que los reclamó para sí como propios, a pesar de que «todo parece indicar que el PSOE de Sabadell era en aquellos momento muy asturiano», ironiza.

No son solo esos papeles. Sánchez cree que han salido de Salamanca hacia Cataluña documentos de la Federación Socialista Asturiana, el Gobierno de Asturias, el presidente de la Casa del Pueblo de Madrid, UGT de Madrid y de Aragón, CNT de Valencia, Santander y Murcia, y particulares de ocho Comunidades Autónomas, entre las que también está Asturias. Pone el ejemplo de un joyero de la Puerta del Sol de Madrid, que, al enteresarse de que la documentación de su padre había sido trasladada a Cataluña se preguntaba: «¿Y qué tiene que ver mi padre con Cataluña?».

Otra prueba del método de trabajo que permite seguir enviando documentación a Cataluña, según el investigador, es la desaparición de «cientos de documentos de un sindicado de UGT cuyos registros informáticos han desaparecido del archivo en 2011». Y añade que esos documentos cuya copia se ha perdido son «justo los que ha reclamado la Generalitat».

Por todo ello, el experto en el Archivo ha reclamado públicamente al ministro de Cultura, José Ignacio Wert, «que cree una comisión revisora para estudiar estas denuncias y exija a la Generalitat que devuelva los documentos que se ha llevado de manera ilegal», que en su opinión son buena parte de los enviados hasta ahora. Para Policarpo Sánchez, la comisión debería contar «con técnicos de los partidos y sindicatos que han pedido expresamente que sus documentos se queden en Salamanca, así como archiveros, historiadores y abogados». Sánchez añade que ante esa comisión «me ratificaría en cada una de mis denuncias».

Entre ellas, el hecho de que «entre 2009 y 2011, cuando se permitió que el personal contratado por la Generalitat tuviese libre acceso a la documentación del Archivo, sin vigilancia ni control por parte de los funcionarios del mismo». Eso ocasionó, según apunta Sánchez, que «desaparecieran documentos y que otros aparecieran en papeleras porque se manipuló la documentación para que pareciera catalana cambiando los documentos de cajas», acusa.

Mientras tanto, y sin que las constantes quejas de este y otros expertos puedan evitarlo, ya están preparadas «46 cajas con 73.460 documentos de las que se han generado 86.580 imágenes digitales de organizaciones que se han opuesto por escrito a la salida de los mismos, como es el caso de CNT o el anterior Gobierno asturiano. También hay documentos de personas y empresas que aunque tuvieran su domicilio en Cataluña no fueron incautados allí, que es lo que exige la ley para que puedan llevárselos. Sánchez dispone de copias de algunos incautados en Vinaroz (Castellón) o en Aragón, que al igual que los asturianos, ahora ya han sido «catalanizados». Asegura que «permitir nuevos envíos daría categoría de legalidad a los anteriores» y pide «que se paralice, que se espere a la sentencia del Constitucional antes de enviar más papeles» y pide al PP «valentía y que modifique o derogue la ley, que sería la solución definitiva. Si el PP quiere, no saldrá ni un papel más de Salamanca», apunta.