Instalaciones del pozo Sotón, con los barracones utilizados ahora como oficinas a la derecha. j. r. silveira

Ernesto BURGOS
Historiador Nuestra última guerra civil tuvo un epílogo en la represión que tuvieron que soportar durante décadas los vencidos. Una enorme piedra que cerró el camino de la reconciliación y que tuvo varias facetas. La más siniestra fueron los fusilamientos y con ellos las largas condenas justificadas por sentencias que se firmaban en juicios de pandereta. Además, como siempre sucede cuando alguien tiene el poder de imponer su voluntad sin que nadie le tosa, también hubo quien aprovechó esta situación para aumentar sus rendimientos económicos.

El nuevo Estado necesitaba mano de obra para reconstruir el país asolado por la contienda, pero lo que era una catástrofe para la mayoría, constituía a la vez una oportunidad de enriquecimiento para los grandes empresarios y algunos la aprovecharon bien. Este fue el caso de Dragados y Construcciones, Banús; o en Asturias, Carbones Asturianos y Duro-Felguera.

Se trataba de hacer volver a los tajos a muchos obreros que permanecían en las prisiones por haber militado en organizaciones de la izquierda o combatido en el bando republicano y para ello se dictaron varias disposiciones tratando de articular como debía producirse este proceso. Ya en junio de 1937 se publicó en Burgos un decreto para encuadrar a los prisioneros en Batallones de Trabajadores, dándoles la consideración de personal militarizado «debiendo vestir el uniforme que se designará, y quedando sujetos, en su consecuencia al Código de Justicia Militar y al Convenio de Ginebra de 27 de junio de 1929».

El 1 de octubre de 1938, otra orden del Ministerio de Justicia sobre «Redención de Penas por el Trabajo» clasificaba a los presos en tres grados (adictos, dudosos y desafectos), haciendo que aquellos que estuviesen entre los últimos y además hubiesen tenido alguna responsabilidad en el bando republicano pasasen a depender de las Auditorías de Guerra para ser juzgados en Consejo de Guerra y cumplir su pena como penados o reclusos-trabajadores.

La ley de 28 de septiembre de 1939 creó el Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas donde se especificaba una estructura represiva definida por las Colonias Penitenciarias, Destacamentos Penales y Batallones de Trabajadores. Por fin, a mediados de diciembre de 1942, los Batallones de Trabajadores se transformaron en Unidades Disciplinarias organizadas en Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores Penados (BDSTP), donde se encuadraban según un estadillo conservado en el Archivo General Militar de Ávila, casi 50.000 hombres.

La filosofía de aquellas Colonias Penitenciarias Militarizadas perseguía aminorar las penas de los condenados a penas inferiores a veinte años, que después de un año de trabajo forzado acreditasen un buen rendimiento y una conducta sin mácula. Como es lógico, con la nueva situación económica, las minas habían pasado a tener un carácter estratégico; entonces el valle del Nalón fue el lugar elegido para establecer algunas de las colonias más importantes de Asturias.

Para impedir cualquier tipo de reacción o protesta, se vio la conveniencia de alejar a los reclusos de sus lugares de residencia habitual. Por ello, los asturianos se fueron a otras regiones -mayoritariamente a León- y hasta aquí llegaron condenados desde distintos puntos de España.

El procedimiento para reducir la pena consistía en canjear un día de pena por cada dos de trabajo, y estaba inspirado por el pensamiento del jesuita José Augusto Pérez del Pulgar, quien dentro del más puro nacional-catolicismo, pretendía que los detenidos viviesen «La disciplina de un cuartel, la seriedad de un Banco y la caridad de un convento».

A cambio de su esfuerzo, los trabajadores recibían dos pesetas, que según el historiador Juan Antonio Sacaluga, se empleaban en mejorar el rancho, ayudar a los familiares y ahorrar en cuentas individuales que eran administradas por el Patronato Central para la Redención de Penas por el Trabajo, con el compromiso de que en el momento de la libertad los reos recibirían el total de sus depósitos.

Para el alojamiento de los mineros se construyeron barracones, regidos por una disciplina militar que se encargaban de regular la Guardia Civil y las tropas africanas. Desde allí, los reclusos partían cada mañana para pasar la jornada en la explotación y retornar a la hora del descanso, aunque las condiciones de habitación eran tan lamentables y la alimentación tan mala, que las epidemias de todo tipo se cebaron con sus ocupantes.

Según Sacaluga, las tres estructuras más importantes se habilitaron en los pozos «Fondón», «La Nueva» y «Mosquitera», pero siempre se ha mantenido la duda sobre si existió otra en «El Sotón», un pozo en el que sí trabajaron los presos republicanos durante estos años.

Ahora, en una reciente monografía sobre esta emblemática explotación de San Martín del Rey Aurelio, publicada por el investigador Faustino Suárez Antuña, vicepresidente de la asociación de arqueología industrial INCUNA, se aportan los datos que pueden poner punto final a esta polémica.

Según el autor, las instalaciones que en alguna ocasión se han interpretado como barracones para los presos se corresponden en realidad con una medida pionera de la S.M. Duro Felguera para captar mano de obra joven, ofreciendo alojamiento y manutención al lado de la mina en una colonia residencial destinada a los trabajadores solteros.

Faustino Suárez ha determinado que el gran edificio, formado por un cuerpo central cercano a los cien metros de longitud y varios brazos más pequeños perpendiculares, se construyó entre 1938 y 1947. Una buena obra que no se corresponde con lo habitual en los barracones para presos y que por su calidad acabó albergando a mediados de la década de los 60 a las oficinas de la empresa.

El autor atribuye el origen de la confusión al error cometido por José Barreiro en una carta dirigida a Rodolfo Llopis y Pascual Tomás, cuando eran respectivamente secretarios del PSOE y la UGT, en la que les proporcionaba una relación de las colonias penitenciarias de Asturias y León, incluyendo una en el pozo «San Luís», en el concejo de San Martín del Rey Aurelio. Como vemos, el político se equivocó al ubicar esta explotación, confundiéndola seguramente con el pozo «San Mamés», donde sí había un establecimiento penitenciario.

El investigador aporta también la interesante información de que tras la liberación de Francia, durante la II Guerra Mundial, «El Sotón» sirvió de alojamiento a un grupo de soldados alemanes y centroeuropeos protegidos por el gobierno español de la época, aunque estos nunca llegaron a trabajar en la mina, por lo que resulta más difícil que -tanto por su nacionalidad como por esta circunstancia- se hayan podido confundir con presos republicanos.

No cabe duda de que el estudio que Faustino Suárez Antuña ha llevado hasta donde ha podido, a pesar de la dificultad que supone la cerrazón de los archivos de la empresa HUNOSA ante este tipo de investigaciones, nos aclara casi definitivamente esta cuestión. La confirmación definitiva tendría que venir de los testigos que aún viven y pueden contar como trabajaron allí, aunque es casi seguro que los hombres que dejaron sus mejores años trabajando en «El Sotón» como esclavos del Régimen y de la empresa Duro Felguera, que se benefició de su afinidad con él, se desplazaban diariamente desde otra colonia próxima, que tal vez era la de «El Fondón».

Allí, desde el mes de noviembre de 2008 un monumento recuerda a aquellos penados que trabajaron en grupos de entre 85 y 91 hombres, desde su apertura en enero de 1940, hasta 1959 en que dejó de funcionar.

En cuanto a la evolución de las colonias penitenciarias durante el primer franquismo, a partir de los años 50 casi todas tuvieron la misma historia, transformándose poco a poco en instalaciones para los trabajadores que fueron llegando libremente desde otras regiones para sustituir a los penados y que no contaban con otro tipo de residencia. Su gran tamaño y la proximidad a las explotaciones las convirtieron en albergues idóneos para los más jóvenes. Se había pasado página.