Actualización de información sobre la cuestión de la impunidad y los crímenes franquistas en el aniversario de la II República.

Es evidente que en los últimos años la sociedad española se ha sensibilizado por la situación de las víctimas de la represión franquista, lo que ha dado lugar al surgimiento de numerosas asociaciones relacionadas con estos hechos. A pesar de los años transcurridos, cualquiera que se acerca a esta cuestión se encuentra por parte del Estado con la dejación de la situación de las víctimas, de la memoria y de los derechos humanos.

Y es precisamente desde el discurso de derechos humanos desde donde se puede hacer frente a la situación concreta y exigir al Estado la justicia necesaria para poner fin a la desmemoria, dejación e impunidad a que se ha reducido esta cuestión de forma, muchas veces, intencionada.

En un momento en que los modelos de impunidad impuestos en otros países, como Argentina y Chile, han visto caer su legitimidad y su legalidad, creemos que es oportuno que el Estado Español, en parte responsable de dichos modelos, asuma su propia problemática, la que denominamos el «modelo español de impunidad», y ponga fin al mismo en forma democrática y con el respeto que todas las víctimas se merecen, pero teniendo muy claro que la finalidad es consolidar las libertades civiles y los derechos humanos.

Es necesario que se entienda que la justicia es lo contrario de la venganza. Es necesario que no se equipare, en un discurso perverso, el concepto de justicia al de venganza, pues ello posibilita que se considere el olvido como una de las bases del estado de derecho. Ninguna sociedad puede sobrevivir al desconocimiento de su propia historia, por horrible que ésta sea… Y es evidente que el discurso de derechos humanos y libertades no se recuperó aún de la pérdida de ambos valores tras el golpe de estado franquista

A partir del 14 de abril de 2004, con la publicación del informe «La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas» y su Plan de Acción, dio comienzo el desarrollo de un discurso sobre las víctimas republicanas de la Guerra Civil, de la Segunda Guerra Mundial y de la dictadura franquista, discurso ausente en los partidos políticos y en la inmensa mayoría de las organizaciones sociales españolas.

Por primera vez se hicieron públicos documentos que permiten la categorización criminal del régimen franquista y de su participación, como parte de los Países del Eje, en la guerra de agresión nacionalsocialista que sufrieron la práctica totalidad de los países europeos, pero muy especialmente los países del Centro y del Este de Europa.

De especial importancia es la resolución 39 (I) de 12 de diciembre de 1946, que define al régimen franquista diciendo: «(a) En sus orígenes, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es un régimen fascista modelado sobre, y en gran medida establecido gracias a, la ayuda recibida de la Alemania Nazi de Hitler y la Italia Fascista de Mussolini.»

Esta definición, unida a la actuación del fascismo español, nos permite afirmar que fue un régimen criminal y que sus crímenes permanecen impunes judicialmente en virtud de artificios legales pergeñados durante la denominada «transición».

En este sentido, es totalmente contrario al derecho internacional vigente que continúen en vigor leyes como la mal llamada «ley de amnistía», que fue en realidad el parapeto jurídico de los responsables franquistas de la comisión de crímenes contra la humanidad. En fechas más recientes, este marco de impunidad se ha visto complementado con la también mal llamada «ley de la memoria«.

Este modelo legal de impunidad sancionado por el Congreso tiene diversos efectos prácticos en el ámbito legal, pero principalmente, ha supuesto la indefensión y exclusión de las víctimas republicanas y la declaración de legalidad del ordenamiento jurídico franquista.

Estas cuestiones, que no son menores, conforman una base de ilegitimidad sobre la que se asienta el régimen político actual. Este problema de fondo no puede superarse con voluntarismos frívolos tales como querer mirar sólo al «futuro promisorio», al tiempo que nos negamos a analizar el pasado, menos aún cuando ese voluntarismo pretende desconocer que el fascismo español está inmerso y es consecuencia de la historia europea.

No existe por tanto esa «excepción española» que permite comprender la democracia alemana, francesa, italiana e incluso la japonesa obviando su ruptura con los modelos legales nacionalsocialistas, fascistas o imperialistas.

Hoy no es discutible afirmar que el régimen fascista español cometió crímenes contra la población civil y que practicó el asesinato, el exterminio, la tortura, el sometimiento a esclavitud, la deportación, la persecución por motivos políticos, raciales y religiosos, así como el encarcelamiento arbitrario.

No obstante, esta constatación empírica, es rechazada por la práctica totalidad de los partidos políticos y de los tribunales, los cuales intentan crear un absurdo e inmoral sistema doctrinal que permita ocultar para siempre la historia del fascismo español.

Tampoco la posibilidad de una Comisión de la Verdad, en cualquiera de sus formas, constituye un mecanismo de respuesta al problema de la impunidad, sobre todo si se tiene en cuenta que las comisiones de la verdad no pueden suplir la obligación que pesa sobre el Estado de investigar, a través de su poder judicial, los crímenes del franquismo.

El 18 de noviembre de 2006, a raíz de un informe publicado por la Sección Española de Amnistía Internacional, la Presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados de la II República por el Franquismo (AfarIIREP) se dirigía a esta organización en una carta pública, en la que dejaba claro su rechazo a la posibilidad de una Comisión de la Verdad en cualquiera de sus formas, y ello por tres cuestiones básicas: a) Porque en un estado de derecho lo que debe primar es el derecho a la justicia y esto no se consigue a través de una Comisión de la Verdad; b) Porque el derecho internacional aplicable en la jurisdicción europea obliga al cumplimiento de normas jurídicas que una Comisión de la Verdad no puede garantizar; c) Porque las Comisiones de la Verdad han significado en la práctica la configuración de modelos de impunidad.

El juez francés Louis Joinet estableció unos principios básicos sobre los modelos de impunidad que fueron discutidos, y como reconoce en la introducción de su informe final, contó con la crítica y el apoyo de las organizaciones que participaron en el «Seminario Internacional: Impunidad y sus efectos en los procesos democráticos» realizado en Santiago de Chile en diciembre de 1996.

Por primera vez un documento de Naciones Unidas define la impunidad como «la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones de los derechos humanos, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas».

Es con estos antecedentes que nos dirigimos a las organizaciones sociales y políticas, para que incluyan el discurso de las víctimas republicanas y el de la lucha contra la impunidad y tengan en cuenta los problemas reales existentes para buscar las alternativas prácticas que den solución a estos problemas.

Es el Estado quien ha de garantizar el derecho a la justicia, con todas las implicaciones que ello supone, como es el acceso a los archivos de la represión, a las causas de la muerte en los registros civiles, al respeto de la normativa forense en materia de exhumaciones de restos humanos (y no de restos antropológicos, que es como se ha tratado hasta el momento a las víctimas de ejecuciones judiciales y extrajudiciales cometidas por el régimen franquista). El Estado no puede declinar ni hacer dejación de sus obligaciones en materia de derecho penal internacional. Es indudable que en el caso del Reino de España la falta de responsabilidad penal de los autores de violaciones graves a los derechos humanos es absoluta y, por ende, el sistema de impunidad pergeñado durante la transición sigue incólume.

Y si dejamos que se implanten definitivamente los modelos de impunidad, corremos el riesgo cierto de perder las libertades que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos pretendió universalizar.

Los modelos de impunidad surgen con la pretensión de resolver el dilema que representan la democracia, las libertades y la expresión del uso racional de ambas, que son los derechos humanos. Les caracteriza la vanidad, que se plasma en «la presunción de gobernar hasta más allá de la tumba…, en la más insolente de todas las tiranías», como tan bien respondiera Thomas Paine a Edmund Burke.

Y esto es así porque como decía Jeremy Bentham «del poder de perdonar sin límites surge la impunidad de la delincuencia en todas sus formas, de la impunidad de la delincuencia en todas sus formas, la impunidad de todas la formas de maldad, de la impunidad de todas las formas de maldad, la descomposición de los gobiernos, de la descomposición de los gobiernos la descomposición política de la sociedad».

No se puede construir el futuro dando la espalda al pasado y restaurar la justicia significa devolver a las generaciones venideras la libertad, para lo cual es necesario obligar al mundo político a recuperar su conexión con las formas de vida éticas donde la fraternidad y la solidaridad ocupen su lugar. De lo contrario condenamos a las generaciones venideras a vivir en plena soledad y en un espacio vacío.

31 de marzo de 2015

* * *Nota adicional a la edición de 31 de marzo de 2015:A los derechos pendientes de reconocimiento hay que añadir los de los integrantes de la guerrilla antifranquista, quienes, tal y como hizo la resistencia en otros países europeos frente al nacional socialismo alemán y al fascismo italiano, defendieron la legalidad republicana y los valores democráticos plasmados en la misma. Este colectivo viene solicitando desde hace más de veinticinco años su reconocimiento jurídico y la anulación de todos los procesos por los que fueron condenados y llevados a presidio o fusilados. El reconocimiento de su lucha contra el fascismo franquista ha de plasmarse en su equiparación a las fuerzas regulares en cuanto últimos soldados de la República. (Ver: Comunicado de los Guerrilleros Antifranquistas a la opinión pública», de 27sep06)

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ANEXO

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Propuesta de programa contra la impunidad y de fortalecimiento democrático

Proponemos a los partidos políticos del Estado español que asuman y promuevan el siguiente Plan de Acción, el cual refleja de una manera no exhaustiva las consecuencias de la impunidad española. En su elaboración se tuvo en cuenta la opinión de todos los actores sociales existentes a principios de 2004.

1. Ratificación de la «Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad«.

2. Declarar por Ley la nulidad de todas las acciones legales del régimen franquista, haciendo mención expresa a las Resoluciones de las Naciones Unidas adoptadas por unanimidad por la Asamblea General de la ONU el 9 de febrero de 1946 [Res. 32(I)] y el 12 de diciembre de 1946 [Res. 39(I)], y a su carácter criminal según las normas de derecho internacional.

3. Declarar la nulidad de todos los juicios penales y militares por arbitrarios e ilegales, adoptando las medidas adecuadas para el resarcimiento proporcional y actualizado de las víctimas, así como la reconstrucción de los archivos penales y judiciales afectados.

4. Elaborar una ley de exhumaciones e identificación de víctimas que tenga en cuenta los tipos de delitos, el necesario conocimiento de la verdad y que fije los procedimientos acordes con el derecho internacional de derechos humanos.

Dicha ley ha de tener en cuenta además los diferentes tipos de enterramientos clandestinos, oficiales, etc. y resolver el caso de las fosas comunes producto del plan de exterminio, de los enterramientos ilegales y de las fosas comunes de las tropas regulares en los frentes de batalla.

5. Elaboración de un Manual de Antropología forense adaptado a las normas internacionales de derechos humanos, crímenes de guerra y a la situación histórica de la II República y del régimen franquista, que permita ordenar los desenterramientos en orden a la instrucción penal correspondiente en función del tipo de delitos y las víctimas, sean éstas civiles o soldados regulares en los frentes de batalla.

6. Normalización legislativa de los bancos de datos de ADN para la identificación de víctimas, procediendo al registro judicial de las muestras de los restos de las víctimas, así como las de los familiares que lo soliciten, y creando los parámetros de reconocimiento que surjan de la experiencia antropológico forense y sociológica.

7. Ley de reconocimiento de los campos de concentración y de trabajos forzados, y reconstrucción de los procesos seguidos en los mismos y de las víctimas.

8. Desclasificación y catalogación de todos los archivos diplomáticos, militares y de inteligencia hasta la instauración del régimen democrático.

9. Inventario, catalogación y reorganización, con medios adecuados a la tecnología actual, de los archivos penales, judiciales, carcelarios, militares, de inteligencia, municipales, etc., a nivel de todas las administraciones, adecuándolos a las normas del derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas.

Se ha de reconocer el libre acceso y la obligación de colaboración judicial de los responsables de dichos archivos con las víctimas y sus familiares, organizaciones de víctimas, organizaciones de derechos humanos y con la justicia nacional o de otros países.

10. Reconstrucción de las listas de víctimas españolas en terceros países como consecuencia del régimen franquista, incluyendo especialmente a los denominados «niños de la guerra», y solicitando, si fuera necesario, la colaboración internacional, especialmente en el ámbito europeo, para lo que se contará con las organizaciones de exiliados o de organizaciones extranjeras que hayan colaborado con el exilio republicano. Se procederá a la regularización jurídica de los problemas de nacionalidad española derivados del exilio y de los que son consecuencia de la inscripción de españoles en registros de autoridades legítimas dela II República, otorgando el mantenimiento de la doble nacionalidad de los exiliados y de sus descendientes en todos los casos.

11. Reconstrucción de las listas de víctimas y represaliados desde el levantamiento franquista, de forma legalmente válida, otorgando el reconocimiento jurídico válido y teniendo especial cuidado con los menores, huérfanos y mujeres.

12. Adecuación de las normas de los registros civiles a efectos de la correcta determinación de las causas de muerte.

13. Establecer un inventario de los bienes saqueados, embargados o expoliados por motivos políticos, religiosos y de represalias.

14. Establecer una legislación que permita la recuperación e indemnización a cargo del estado, o de los responsables patrimoniales si existieran, de los bienes expoliados a personas físicas o legales por motivos políticos, religiosos o de represalias de cualquier tipo.

15. Legislación de reconocimiento de todos los militares que sirvieron lealmente a la II República, restableciendo su condición histórica y adecuando sus méritos reglamentarios a todos los efectos.

16. Legislación de reconocimiento de todos los militares y fuerzas irregulares de origen español que colaboraron con los países aliados en la resistencia contra los países del Eje y contra el régimen franquista, equiparándolos al reconocimiento jurídico, militar y social que se siguió en países como Francia.

17. Reconstrucción de los mandos de todas las organizaciones franquistas en el interior y el exterior de España, para facilitar el derecho a la verdad y el conocimiento de los perpetradores de los crímenes contra la humanidad.

18. Fijación de un sistema de resarcimiento económico actualizado, en términos actuariales y que se corresponda con la realidad económica y social española, a todo tipo de víctimas aún vivas, herederos y sus familias, así como adoptar las medidas necesarias para el reconocimiento social y cultural, para lo que se procederá a la localización, catalogación y declaración como patrimonio histórico de los lugares de memoria de la lucha en defensa de la República y de la represión franquista.

Este documento ha sido elaborado por el Equipo Nizkor después de conversaciones mantenidas con la Federación Asturiana Memoria y República.

Firman:

La directora de la Cátedra de Memoria Histórica de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Mirta Núñez Díaz-Balart, ha presentado al rector, Carlos Andradas, su carta de renuncia a este cargo al no sentirse respaldada por la universidad en «todo el proceso de tergiversación mediática» por el intento de colaboración con el Ayuntamiento en la aplicación de la ley de Memoria Histórica.

Así lo ha confirmado en declaraciones a Europa Press Núñez Díaz-Balart para detallar que ha enviado en un escrito al rector su renuncia y que en una reunión el pasado viernes ya le informó que ponía su cargo a disposición de la universidad y al conjunto de entidades que forman la Cátedra.

En este sentido, ha explicado que el motivo fundamental de su decisión es que se ha sentido «poco apoyada» por la universidad en el «largo proceso» sobre la colaboración para la aplicación de la Memoria Histórica en la capital, donde a su juicio «ha habido mucha tergiversación mediática» y no se ha producido ningún «hecho público» de apoyo por parte de la universidad.

La profesora de la Facultad de Ciencias de la Información ha señalado sobre el futuro de la Cátedra que cree que «debe seguir adelante» y que se siente «emocionalmente vinculada» a este órgano, pero que ella ya no estará al frente de la misma.

Seguirá con su labor

Mientras tanto, continuará con su labor en esta materia y este mismo viernes protagoniza un acto en la Casa de la Cultura de Majadahonda donde se debatirá sobre la aplicación de la Ley de Memoria Histórica en la zona noroeste de Madrid.

El encuentro, que tendrá lugar a las 19 horas, estará moderado por el secretario de Política Institucional del PSOE en Majadahonda, Herman Novotny, y contará también con la secretaria de Igualdad del PSOE de este municipio, Estela Maeso. Analizarán «la nula aplicación de la ley de Memoria Histórica» en la zona y el crecimiento de movimientos ultraderechistas, según el PSOE.

La Cátedra Complutense Memoria Histórica del siglo XX renunció a asesorar al Ayuntamiento de Madrid para elaborar su Plan Integral de Memoria al entender que no se daban las condiciones «mínimas» que requiere una investigación científica.

Por otro lado, el convenio de la Cátedra de Memoria Histórica del Siglo XX, que agrupa a diversos colectivos y fundaciones, y la Universidad Complutense de Madrid (UCM) caducó en febrero y ambas partes deberán analizar ahora si continúa esa colaboración.

En este punto, fuentes de la universidad han indicado que la UCM quiere que continúe esta cátedra pero que aún falta la decisión del resto de entidades al respecto.

El último convenio con las entidades entre la UCM y las entidades que conforman la Cátedra de Memoria Histórica del Siglo XX data de 2010. Están recogidas como entidades colaboradoras la Asociación de Memoria Social y Democrática, la Fundación 1º de Mayo y la Fundación Largo Caballero.

[Fuente: ABC, Madrid, 25feb16]

«Gasear la iglesia. Cambio». Aquesta és l’ordre que van rebre els membres de la Policia Armada que encerclaven l’església de Sant Francesc d’Assís, al barri de Zaramaga, a Vitòria, aquell 3 de març de 1976. Feia setmanes que Euskadi vivia un seguit de conflictes laborals que van començar a l’empresa Forjas Alavesas el 9 de gener i es van estendre a gran part de les indústries d’Àlaba.

Franco havia mort el novembre anterior, però el règim franquista liderat ja pel rei Joan Carles de Borbó, es mantenia ben viu. A les convulsions del moment polític, s’hi afegien les reivindicacions dels treballadors en un context d’inflació i congelacions salarials. Al País Basc, a més, la repressió contra tota manifestació identitària afegia encara més crueltat al règim.

A les principals fàbriques, l’organització sindical oficial, franquista, ja no era reconeguda pels treballadors. Aquell 3 de març, estava convocada una vaga general a Vitòria que va paralitzar la ciutat. A la tarda, milers d’obrers en vaga es van concentrar a l’església de Sant Francesc d’Assís per celebrar-hi una assemblea. Dins del recinte potser eren prop de quatre mil, i una xifra semblant a fora.

La policia, molt nerviosa, va envoltar l’església i va exigir-ne el desallotjament. Els treballadors s’hi van negar i es va ordenar gasejar el temple. Els qui eren dins van sortir enmig d’escenes de pànic. A les portes, foren tirotejats per la policia. Tres vaguistes van caure mortalment allí mateix, dos més van morir a conseqüència dels impactes de bala i un centenar llarg van quedar ferits.

Va ser una autèntica massacre. Les gravacions policials d’aquell dia permeten copsar les intencions dels comanaments. En un moment determinat, un policia exclama: «Si desalojan por las buenas, vale; si no, a palo limpio. Sacarlos como sea, cambio». Un altre informa que «aquí ha habido una masacre, cambio. De acuerdo, cambio. Pero de verdad una masacre, cambio». Un altre policía detalla: «Te puedes figurar, después de tirar igual mil tiros y romper toda la iglesia de San Francisco, ya me contarás cómo está toda la calle, cambio. Muchas gracias, buen servicio, cambio».

Campanades a morts

Els cinc morts van ser Pedro Martínez Ocio, Francisco Aznar Clemente, Romualdo Barroso Chaparro, José Castillo García i Bienvenido Pereda Moral. En record al seu sacrifici, Lluís Llach va escriure un dels seus temes més emotius, Campanades a morts. A finals de gener d’enguany, amb motiu del quarantè aniversari dels fets, l’Ajuntament de Vitòria va voler atorgar a Llach la distinció de fill adoptiu de la ciutat, però l’oposició del Partit Popular i del PSE ho va impedir.

La iniciativa va sorgir d’una plataforma ciutadana i va arribar al ple, sent defensada per l’alcalde, del PNB. Però el PP s’hi va oposar dient que Llach no era una persona vinculada a la ciutat… Els socialistes bascos, en un comunicat, van justificar la seva oposició argumentant que no trobaven convenient que s’atorgués la distinció a una persona que actualment és un polític en actiu.

El context polític

En el moment de produir-se els fets de Vitòria, l’estat espanyol iniciava la transició política en un clima ple de mals presagis. El rei Joan Carles havia confirmat l’immobilista Carlos Arias com a president del govern. Manuel Fraga era vicepresident i ministre de la Governació, és a dir, el cap de l’aparell policial. Rodolfo Martín Villa era el ministre de Relacions Sindicals. Van ser ells dos els responsables de seguir la situació a Vitòria, junt amb el ministre de la Presidència, Alfonso Osorio.

El dia de la massacre, Fraga era de viatge a Alemanya, i es va valer d’aquesta incidència per treure’s de sobre les culpes, tot dient que «no era jo qui estava al telèfon aquell dia». Qui hi havia, doncs? El ministre secretari del Movimiento era l’encarregat d’assumir, en absència de Fraga, les urgències del moment. El seu nom era Adolfo Suárez. Però aquest fet no treu responsabilitat al qui pel càrrec que ocupava, i sabent la gravetat del que podia passar, era fora de l’Estat quan van produir-se els fets.

Quaranta anys després, el cas no s’ha aclarit encara. No se sap de qui va sortir l’ordre de disparar contra els treballadors que sortien de l’església. Tot i que s’ha apuntat al nom del governador civil, Rafael Landín Vicuña, com l’home que hauria ordenat el desallotjament. El cap policial en el lloc de la matança era el capità Jesús Quintana Saracibar.

Els supervivents del 3 de març es van constituir en associació per reclamar una reparació a l’Estat. Però fins ara han aconseguit ben poca cosa. El gener del 2001, el Ministeri de l’Interior (govern de José María Aznar) va desestimar la sol·licitud dels supervivents d’acollir-se a la llei de Solidaritat amb les víctimes del terrorisme. El 25 de juny de 2008, el Parlament basc va aprovar una moció que reconeixia «responsabilitats polítiques» en els fets a Osorio, Fraga i Martín Villa.

En un procés obert l’any 2014 per la justícia argentina contra vint jerarques del franquisme per crims comesos pel règim, s’esmentaven els fets de Vitòria i els exministres Martín Villa i Osorio, reclamant la seva extradició. Però el temps passa, ja han transcorregut quaranta anys i els fets continuen reclamant justícia.

[Font: Par Pep Martí, Nació digital, Barcelona, 20feb16]

Barcelona ha inaugurat aquest dissabte un monument en record a Salvador Puig Antich a la plaça que porta el seu nom, situada al barri de Roquetes del districte de Nou Barris. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, han presidit l’acte.

El 2 de març de 1974, a quarts de deu del matí, Antich va ser executat a la presó Model de Barcelona a 25 anys d’edat. Membre del grup llibertari MIL, havia estat capturat en el curs d’un enfrontament al carrer del Consell de Cent, de Barcelona, en el qual va morir un policia i ell va ser greument ferit. Acusat de la mort d’aquest agent, va ser jutjat en un consell de guerra sumaríssim, amb la manca de garanties jurídiques pròpia d’un règim dictatorial.

Forcadell retreu al govern espanyol no haver anul·lat el judici

Carme Forcadell ha retret al govern espanyol que no hagi revisat i anul·lat el judici a Salvador Puig Antich, com ha demanat el Parlament, i ha sostingut que és «una mostra més de la incapacitat de la democràcia espanyola per reconèixer els crims del feixisme».

En el seu discurs, ha afirmat que «el judici va ser una farsa» i la seva execució un crim esgarrifós que sintetitza l’essència del franquisme.

«Que les germanes hagin hagut d’anar a l’Argentina a buscar justícia hauria de fer caure la cara de vergonya als polítics espanyols», ha subratllat la presidenta del Parlament, que ha conclòs: «La vostra lluita és la nostra».

Colau reivindica la tradició anarquista de Barcelona

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmat que, segurament, Puig Antich criticaria moltes coses del Govern de BComú a l’Ajuntament de Barcelona, però «segurament una mica de gràcia també li faria que haguéssim arribat aquí sense que ho volguessin els poders fàctics», ha dit.

Segons la seva opinió, Barcelona té una llarga tradició anarquista, anticapitalista i antisistema amb la qual ha assegurat que el seu govern se sent identificat i orgullós, i ha asseverat que igual que el seu govern «les memòries arriben i es preserven sense que ho vulgui cap poder fàctic».

Montserrat Puig: «No abandonarem la lluita»

«El temps ens donarà la raó, no abandonarem la lluita», ha assegurat la germana del jove llibertari Montserrat Puig, tot i que ha considerat que una part del que volien ja ho han aconseguit, perquè amb aquest monument – entre molts altres reconeixements – s’ha aconseguit donar a conèixer els seus ideals.

També han participat en la inauguració de la construcció -obra de l’arquitecte Nicolás Aparicio i de l’artista Cuartero- els tinents d’alcalde Gerardo Pisarello i Janet Sanz. L’obra va ser impulsada a proposta d’ERC en l’anterior mandat municipal, liderat per l’exalcalde Xavier Trias.

[Font: Nació digital, Barcelona, 05mar16]

El pago de pensiones a combatientes de la División Azul, denunciado este jueves por el diputado de Die Linke (La Izquierda) Andrej Hunko, es una «bofetada» a los brigadistas alemanes que lucharon en apoyo de la Segunda República durante la guerra civil española, denuncia a Sputnik Nóvosti el historiador alemán Ingo Niebel.

«El pago de pensiones a combatientes de la División Azul y a integrantes de la Legión Cóndor es, desde el punto de vista político, una bofetada a los interbrigadistas alemanes que en la guerra fría fueron de nuevo perseguidos por las autoridades de la República Federal de Alemania (RFA) y que, por supuesto, no recibieron ni pensión ni reconocimiento por haber defendido la legalidad republicana entre 1936 y 1939», dice.

Hunko ha presentado una batería de preguntas en el Bundestag (Parlamento) para exigir al Gobierno alemán conocer el número de excombatientes españoles que reciben una pensión de Berlín y si es oportuno continuar con estos pagos.

Jan Kühn, asesor del diputado izquierdista, ha explicado al diario español Público que «nos interesa saber si todavía el Estado alemán está pagando retribuciones a combatientes de la División Azul y a cuánto ascienden estas retribuciones».

«La iniciativa del partido Die Linke hace recordar la estrecha relación de la RFA con el fascismo internacional en general después de su constitución en 1949 y como autoproclamada heredera del denominado Tercer Reich», afirma Niebel.

Según explica a esta agencia el historiador alemán, «el hecho en sí, el pago de pensiones a excombatientes de la División Azul, es un punto en la larga lista de colaboración entre los fascismos alemán y español desde 1936 hasta nuestra época».

«Primero, durante la Guerra Española Civil, la Alemania nazi envió a su Legión Cóndor, un cuerpo militar con las armas más modernas de la época, para ayudar al general golpista general Francisco Franco a ganar su golpe de Estado, que en un principio había fracasado ante la resistencia del bando republicano, dando lugar a esta contienda», asegura.

Después, continúa, «en la Segunda Guerra Mundial, Franco dio las gracias a Adolf Hitler, enviando la División Azul».

«Aparte de eso, en las sombras, la policía de Franco y la Gestapo colaboraron a la hora de perseguir a sus enemigos comunes», agrega.

Además, añade, «después de la derrota de la Alemania nazi, la España franquista se convirtió en el santuario de criminales de guerra, como célebres oficiales de las SS como Otto Skorzeny o el belga Leon Degrelle».

«Una vez creada la RFA, Madrid y Bonn retomaron sus buenas relaciones de antes de la derrota incondicional de la Alemania nazi en 1945», recuerda: «La España franquista se preparó para acoger al servicio secreto alemán BND y a estructuras militares alemanas para el hipotético caso de que el Ejército Rojo lograse ocupar la RFA», detalla el historiador al comentar que «al mismo tiempo los servicios secretos interiores de ambos países colaboraron para vigilar a los emigrantes españoles que venían a la RFA en busca de trabajo.»

Niebel pone como ejemplo cómo «en 1986 un comandante de la Fuerza Aérea de la RFA alabó las ‘tradicionalmente buenas relaciones’ con España, haciendo expresamente referencia a la «Legión Cóndor y a la División Azul».

«Los pagos a los integrantes de la División Azul corresponden a la misma política que benefició de esta forma a otros extranjeros miembros de las SS y de otras unidades del Ejército hitleriano», concluye el historiador.

[Fuente: Sputnik News, Moscú, 15oct15]

El secretario Político y ‘número dos’ de Podemos, Íñigo Errejón, ha explicado que su formación defiende la necesidad de llevar a cabo «transformaciones estructurales» para superar la «crisis del régimen del 78», pero que ello «no equivale a una suerte de impugnación ni revisión de 30 años de pasado».

«No significa revertir lo que existe sino la necesidad de abrir un proceso de transformación política y social. Eso para nosotros significa rescatar algunos de los legados de las generaciones de los que más orgullosos podíamos estar, como el blindaje de los servicios públicos o asegurar la posibilidad de la movilidad social», ha asegurado en una entrevista concedida a Europa Press.

Así, aunque Errejón reconoce que utilizar la palabra «régimen» para referirse al periodo político transcurrido en España desde la Transición es «muy fuerte», porque «parece que aluda a una construcción no democrática», su formación defiende que el sistema que rige en España «es democrático». «Pero como en todos los regímenes, hay peleas entre los poderes de las minorías y el poder de las mayorías», ha apostillado.

En este sentido, ha defendido que lo que pretende hacer ver su partido es que «se ha cerrado una etapa» y que para superarla es preciso hacer «transformaciones estructurales», sin que ello signifique acabar con las instituciones «que han protagonizado durante 30 años muchas cosa buenas».

«Pero nos parece que en esos 30 años hay vicios que se han ido instalando y consolidando y que no dependen de la buena o mala voluntad de algunos sino de la imposibilidad de los poderes de controlarse mutuamente. Da la sensación de que por encima de esas instituciones hay una pequeña minoría que está en condiciones de salirse siempre con la suya», ha criticado.

La relación entre poder judicial y legislativo

Uno de los ejes que es preciso reformar según Podemos es, por ejemplo, la Justicia, pues aunque «está trabajando», lo hace «con dificultades» debido a la falta de medios. «¿Eso significa que las instituciones no funcionan? No, sino que intentan funcionar, pero que encima hay élites políticas que las han patrimonializado y que han dificultado su normal funcionamiento», ha apostillado.

«Hemos visto jueces que para hacer su trabajo se han tenido que convertir casi en héroes. Queremos que eso no dependa de la cualidad individual sino que haya mecanismos para que no tengan que estar sometidos a la posibilidad de las presiones de los poderes», ha ahondado.

En este sentido, Errejón ha defendido que además de «dotar de más medios a la Justicia» para que los casos de corrupción «no sean un rosario permanente», hay que «revisar una parte de la relación entre el poder legislativo y el poder judicial». En cuanto a reformas concretas, Podemos sería partidario, por ejemplo, de dotar a la Defensoría del Pueblo de capacidad de actuar de oficio contra entramados de corrupción, y a la Fiscalía Anticorrupción de medios propios.

En cuanto a la Monarquía, Errejón ha afirmado que es partidario de que los representantes públicos, incluido el Jefe de Estado, sean elegidos por el voto popular, pero que eso no significa que no puedan mantener encuentros con el Rey Felipe VI.

No obstante, ha aclarado que Podemos no considera que esta cuestión sea «el problema fundamental de la sociedad española hoy», y ha criticado que entorno al debate sobre Monarquía o República «se mueve en un cierto deje melancólico», que trata de «devolver la discusión a términos del pasado», algo que solo beneficia a las «élites tradicionales». «Quien lo plantea en esos términos facilita que sigan estando en la posición de construir mayorías los de siempre», ha apostillado.

El «mejor pegamento» en España, «el libre acuerdo»

Asimismo, Errejón ha explicado que Podemos tampoco ve prioritario reformar el modelo territorial, aunque ha afirmado que, en todo caso, siempre han defendido «que las diferencias territoriales se puedan dirimir si hace falta con el voto».

«No le tenemos ningún miedo a que decidan los ciudadanos, pero para mí no es una prioridad», ha señalado, al ser preguntado en concreto sobre la propuesta que estuvo sobre la mesa en Podemos Navarra de incluir en el programa autonómico una consulta sobre la integración de la Comunidad Foral «en Euskal Herria».

No obstante, sí ha manifestado que es necesario reconocer «el derecho a que las diferentes regiones decidan por libre acuerdo cómo se relacionan entre sí» o «con España». «Mi impresión es que haciendo eso se construyen muchas más posibilidades de convivencia en común, de que la gente se quiera quedar», ha añadido, para insistir en que «el mejor pegamento es el libre consentimiento y el libre acuerdo».

Medios privados

Sobre el funcionamiento de los medios de comunicación, Errejón ha defendido la necesidad de reforzar los controles en los medios públicos «para evitar que sean patrimonializados por el partido del Gobierno», pero ha descartado reformas en el campo de los medios privados, más allá de garantizar «la protección laboral de los periodistas para que puedan desarrollar su trabajo con plena libertad» o de desarrollar mecanismos para «evitar prácticas monopolísticas» en la propiedad.

[Fuente: Europa Press, Madrid, 26abr15]