Memoria histórica sobre el mapa

El Principado es una de las ocho comunidades autónomas que participarán en la elaboración de un mapa donde se incluyan las fosas comunes que están censadas en cada territorio. La consejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín, representó a Asturias en la firma de este convenio con el Ministerio de Justicia en el que no participan las regiones gobernadas por el Partido Popular.

Con este acuerdo, cada comunidad se compromete a enviar al departamento presidido por Francisco Caamaño toda la información de la que dispone sobre los enterramientos de los que exista constancia en los que se localizan restos de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la represión política posterior.

Al término de la reunión, en la que también participaron Castilla-La Mancha, Aragón, País Vasco, Extremadura, Cataluña, Cantabria y Andalucía, Noemí Martín reconoció que la medida auspiciada con el acuerdo suscrito ayer supone un «paso más» a la hora de hacer justicia con las familias que, hasta ahora, «no han podido identificar a sus seres queridos».

«Este mapa es una pieza más -prosiguió la consejera de Bienestar Social- en el objetivo de recuperar la memoria histórica para construir un futuro diferente». El Principado fue uno de los primeros territorios en comprometerse con esta lucha, antes incluso de la aprobación de la ley por parte del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero. Fue en 2005 cuando Asturias comenzó a identificar las fosas. Un proceso «exhaustivo» y «riguroso», en palabras de la consejera, que podría llegar a su conclusión dentro de poco más de tres meses. En mayo, está previsto que se finalice el estudio sobre la ubicación y estado de las fosas asturianas que la Consejería de Bienestar Social y Vivienda encargó a un equipo de la Universidad de Oviedo.

De momento, Martín desveló ayer las primeras cifras sobre los descubrimientos que han salido a la luz y que formarán parte del citado informe. «Ya se puede hablar de 267 fosas en 54 ayuntamientos de la geografía asturiana», explicó la consejera de IU.

Una vez que el Ejecutivo tenga en sus manos el estudio elaborado por los expertos de la Universidad de Oviedo, abrirá un periodo de información pública para que organismos, instituciones, organizaciones, colectivos y personas particulares a título individual participen en este proceso, ofreciendo así un marco para que den sus puntos de vista, alegaciones y sus consideraciones sobre la puesta en marcha de este iniciativa al objeto, aseguran, de perfeccionar el listado definitivo de fosas. La localización de las mismas es un proceso complejo, ya que en ocasiones se concentran varias fosas en un mismo terreno con diferente número de fallecidos y esto requiere un gran esfuerzo para su documentación lo que ha retrasado la conclusión del estudio. Hay municipios como Candamo, Las Regueras, Grado y Llanes en los que hay muertos en las trincheras, que no se computan como fosas.

La Consejería de Bienestar Social y Vivienda, que ha mantenido contactos en los últimos meses con colectivos dedicados a la recuperación de la memoria histórica, asegura que su pretensión es señalizar estas fosas, identificando lugares, hechos y otros datos históricos que permitan poner fin a décadas de olvido y abandono.

El mapa contendrá datos concretos sobre la ubicación geográfica de la fosa, las intervenciones realizadas, los datos de las personas que se encuentran en ella o los restos no identificados, así como las fuentes de información y la ubicación del expediente original.

Asimismo, al Ministerio de Justicia le corresponde poner a disposición esos datos, prestar colaboración y asistencia, actualizar las informaciones y disponer de infraestructura informática y de telecomunicaciones.

Por su parte, cada comunidad autónoma tendrá que cumplimentar la información de las actuaciones realizadas por la propia Administración regional, las entidades locales o las asociaciones, remitiendo al Ministerio los datos y las variaciones que se vayan produciendo. «A partir de los datos Justicia incorporará en un portal web ese mapa, de tal forma que cualquier ciudadano puede acceder a él», subrayó la consejera de Bienestar Social y Vivienda.

Por su parte, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño destacó que, por primera vez se podrá plasmar «la realidad de nuestra historia relativamente reciente», mediante la ubicación de los lugares donde hay restos de víctimas, en muchos casos desconocidas, pero otras cuyas familias «conocían su paradero, pero tuvieron que guardarlo en silencio».