El episodio que voy a contarles hoy es delicado. Tanto que, para evitar suspicacias, me veo obligado a aclarar que no forma parte de una campaña contra nadie, ni lleva más intención que la de seguir poniendo en claro esos aspectos de nuestro pasado que por molestar a unos y a otros siempre se han ocultado. Fue un delito que todos taparon. En el caso de los que acompañaban al delincuente para que sus actos no salpicasen también indirectamente a lo que él representaba, y en el de sus víctimas, también se prefirió echar tierra encima para que la parte más indigna de nuestra sociedad no marcase a unos inocentes recordándoles de por vida las vejaciones que habían sufrido.
Por eso no se encuentra ninguna referencia a estos hechos en los libros de historia, a pesar de que, cuando ustedes acaben de leer esta página, seguramente concluirán que pudieron haber influido mucho en el desgraciado capítulo de la matanza de los frailes de Turón durante la Revolución de Octubre, dado que su protagonista también fue un fraile de La Salle.
Los Hermanos de las Escuelas Cristianas habían llegado a las cuencas mineras a principio de siglo, estableciéndose primero en Ciaño, hasta que 1 de abril de 1902, pasaron a La Felguera, y dado su prestigio, dos años más tarde también fueron llamados por la familia Guilhou para encargarse de la enseñanza de los hijos de los obreros de su Fábrica en Mieres. Aquí, después de ocupar otros edificios provisionales se decidió la construcción del colegio Santiago Apóstol, iniciada el 3 de noviembre de 1915.
Este edificio fue uno de los seis que La Salle llegó a tener en la Montaña Central, junto a otros cuatro en el resto de Asturias, todos ellos sostenidos por convenios firmados con grandes empresas.
Cuando en 1931 llegó la II República, se permitió que todos los establecimientos religiosos siguiesen funcionando, con la excepción de aquellos que regían los jesuitas, quienes fueron expulsados del país, y el Colegio Santiago Apóstol se convirtió en una institución que se ganó la estima de la población, hasta que el 20 de junio de 1933 todo se fue al garete.
Ese día, el diario socialista «Avance» publicó la noticia en su portada: «En el colegio de los Hermanos de la Doctrina Cristiana, de Mieres, varios niños son ultrajados monstruosamente por uno de los profesores». Al parecer, el rumor corría por la población desde hacía días y el periodista decidió seguir la pista para conocer lo que había de cierto. La pesquisa dio resultado y los detalles se publicaron para que no quedasen dudas, incluyendo los nombres y apellidos de los ofendidos y de sus padres, que ahora yo paso por alto por respeto a sus familias.
El responsable había sido el encargado de la «Sección cuarta letra B», como confirmó uno de los padres añadiendo que a su hijo de ocho años de edad se le había hecho «víctima de aberraciones cuyo relato enrojece»; otro mantuvo la realidad de aquellos actos obscenos, y algunos más aseguraron que sus hijos habían sufrido iguales abominaciones por parte de un fraile que castigaba a los niños, reteniéndolos en el aula cuando terminaban las clases para seleccionar después a uno con el que satisfacer sus instintos.
La gravedad del asunto creció al saber que uno de los pequeños le había contado a su confesor -identificado primero como otro fraile del mismo colegio- lo que estaba ocurriendo, sin obtener de este otra cosa que la amenaza de excomunión si denunciaba los hechos.
A las pocas horas se abrió un sumario apoyado por el testimonio de quince casos, mientras muchos vecinos indignados se dirigieron hasta el Santiago Apóstol para increpar a los profesores y a su director, llegando el escándalo a tal punto que a las 8,30 de aquella misma noche el colegio tuvo que ser clausurado; pero, mientras tanto, el culpable, identificado como «el padre Adrián» ya se había dado a la fuga, para esconderse, según se dijo, en su domicilio de Barakaldo.
En los días que siguieron, las denuncias fueron aumentando hasta llegar a veinte y se matizaron algunos detalles, como el de que el confesor del niño no había sido un lasaliano, sino un pasionista del convento mierense. Por su parte, el diputado y presidente de la Diputación asturiana, Ramón González Peña, hizo llegar inmediatamente el asunto a don Francisco Barnés Salinas, ministro de Instrucción Publica, quien se comprometió a enviar un inspector hasta Mieres para estudiar el caso.
A la vez, los otros diarios asturianos trataron el asunto de diferentes formas. «El Noroeste» esperó a publicar una reseña hasta el miércoles 21 de junio. Entonces calificó el hecho de repugnante, asegurando que dada su gravedad se había resistido a trasmitir la noticia para tener la certeza de que no se trataba de un rumor. Más tarde uno de sus periodistas logró entrevistarse con el inspector que el Gobierno envió rápidamente, cumpliendo su palabra.
Se trataba de don Florentino Martínez Torner, quien aseguró que el asunto ya estaba en manos del juzgado de Mieres y que su intención era llegar a un acuerdo con Fábrica para que cediese el edificio al Estado para transformarlo primero en escuela municipal y luego nacional.
Por su parte, el derechista «Región» se limitó primero a calificar el suceso de «lamentable hecho», restándole importancia mientras acusaba a «Avance» de magnificar lo sucedido para obtener un rendimiento político, y cuando se consumó la salida de los frailes, que fueron trasladados a otros colegios de Ujo, Turón, Gijón y Bilbao, añadió el comentario de que «los hermanos se habían marchado calladamente, para evitar el homenaje de despedida».
A las once de la mañana del domingo 25, en plenas fiestas de San Juan, se celebró un mitin de protesta en la casa del Pueblo de Mieres, en el que tomaron la palabra José Barreiro, entonces maestro en Sama de Langreo, Matilde de la Torre y Manuel Alonso Zapata, secretario de la Asociación de Trabajadores de la Enseñanza, llegado desde Madrid.
Luego fue pasando el tiempo mientras el colegio permanecía con sus puertas cerradas y se sucedían los comentarios sobre su futuro. En un momento se aseguró que sus instalaciones iban a albergar un hospital para la empresa, después que iba a pasar a control municipal, pero las autoridades de la Fábrica no dieron ningún paso para solucionar el problema de los 300 niños que se quedaron sin escolarizar.
Ya el 10 de agosto, «Avance» volvió a ocuparse de la cuestión en un artículo titulado «Los niños de Mieres. Dos meses sin enseñanza y los frailes en puertas». Al parecer, en aquel momento todavía se desconocían las conclusiones del expediente abierto por el inspector y Fábrica de Mieres había decidido no entregar el colegio a las autoridades.
Según el diario, la solución pasaba por la reapertura de las aulas, pero con profesores laicos: «Sería demasiado el atrevimiento de insinuar que los niños han de optar entre no tener escuela adonde ir o sufrir la corrupción de los congéneres y encubridores del padre Adrián» -escribía el periodista-, pero al contrario, por la villa aumentaban los rumores sobre la vuelta de los hermanos de La Salle, mientras seguía la indignación porque el padre Adrián había desaparecido sin que se supiese nada de su paradero ni de la marcha de las gestiones que supuestamente se estaban haciendo para su captura.
El día 15, los socialistas, cansados de esperar, pidieron la incautación de las escuelas y la implantación de la enseñanza laica enviando al Presidente del Consejo de Ministros y al Ministro de Instrucción Pública de la República este telegrama: «Agrupación Socialista Mieres, hácese eco indignación popular, producida contra profesores Doctrina Cristiana, autores actos deshonestos Escuelas Fábrica de Mieres, cometidos recientemente inocentes criaturas. Interesando vivamente, bien tranquilidad pública, castigo ejemplar autores desaprensivos e implantación inmediata enseñanza laica escuelas referidas».
Fue inútil. Del padre Adrián nunca más se supo y a finales de 1933 por fin se aprobó la Ley de Sustitución que ordenaba el relevo definitivo de las órdenes religiosas por maestros laicos, aunque en Mieres pudo más la todopoderosa Fábrica de los Guilhou, que se negó a alquilar el edificio a un municipio que pasaba en aquel momento por unas dificultades económicas que le iban a impedir acometer el proyecto.
En este momento, Ramón González Peña volvió a retomar el caso del colegio Santiago Apóstol para exigir ante las Cortes la nacionalización de los centros católicos, pero su propuesta fracasó al obtener sólo el apoyo de los socialistas y este asunto empezó a cubrirse con un espeso manto de silencio que lo ha hecho invisible para los historiadores. Hasta hoy.
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