El historiador contabiliza múltiples víctimas mortales por el carácter represivo de los cuerpos policiales o por la actuación de bandas ultraderechistas
j. m. requena 02.04.2019 | 02:42
Parte del público asistente a la conferencia.MARCOS LEÓN
«La Transición española no es un periodo tan modélico ni pacífico como se enseña en los colegios». Así lo defiende el joven historiador asturiano Eduardo Abad, que ayer ofreció en el Club LA NUEVA ESPAÑA de Gijón una charla bajo el título «Las caras ocultas de la transición asturiana».
Y es que, asegura Abad, «Asturias no fue una excepción, la violencia política estuvo muy presente» dentro de un país donde se contabilizan al menos 714 muertos durante ese periodo por estos hechos, «el doble que en los años del plomo en Italia», incide. Para Abad, «la Transición, vista como un periodo intachable, es un mito creado con fines políticos y legitimadores».
Porque lo que ocurrió en aquellos años no siempre es lo que ha llegado hasta la actualidad. Represión policial, una escalada de violencia protagonizada por grupos de ultraderecha, la vía lucha protagonizada por la izquierda o los motines carcelarios, dejaron en Asturias varias víctimas mortales entre 1975 y 1982. A ello hay que sumar la «constante violación de los Derechos Humanos» o «el castigo, el control y el miedo, porque no solo hubo violencia física».
La primera tipología que se dio en el Principado es la violencia policial, «con un alto grado de impunidad para sus prácticas más comunes, desde detenciones violentas a torturas». Fruto de ello llegaron a morir varias personas y otras muchas resultaron heridas de gravedad.
La violencia ultraderechista llevó en Asturias varias firmas y acciones, como opresión en la universidad tiroteos, incendios o explosiones en locales de partidos de izquierdas o relacionados con sus militantes. «Sus objetivos no eran aleatorios y sus estrategias concuerdan con las que se desarrollan a nivel estatal», explicó Abad.
La violencia en las cárceles se endureció en estos años, llegando a ejercerse una gran presión a los presos «que son rehenes del estado y el castigo era algo cotidiano».
La resistencia armada de la izquierda en Asturias se centró en acciones reivindicativas y otras, como robo de bancos o propaganda armada, sin víctimas mortales.
Una investigación cataloga los 300 centros de reclusión de presos en España
oviedo, m. p. / agencias 17.03.2019 | 00:16
Un cálculo muy aproximado cifró en 30.000 prisioneros la capacidad de los doce campos de concentración que tuvo Asturias entre los últimos años de la Guerra Civil y los primeros de la posguerra. De Arnao (Castropol) a Celorio (Llanes), la geografía asturiana de la represión franquista tiene una docena de paradas en la investigación recién publicada del periodista y escritor Carlos Hernández de Miguel, que ha inventariado en el libro «Los campos de concentración de Franco» (Ediciones B) los cerca de trescientos en los que el franquismo diseminó por España a entre 700.000 y un millón de cautivos, estima el autor.
De los doce asturianos, solo el de la costa de Arnao, cerca de Figueras, tiene en la documentación del investigador la consideración de campo «de larga duración» por el tiempo que estuvo abierto, al menos desde agosto de 1937 a febrero de 1943. Únicamente este, en el que, por cierto, se conocieron los padres del presidente del Principado, Javier Fernández, respondía al concepto canónico del campo, con barracones levantados a propósito para hacinar prisioneros en la rasa costera, frente al mar, junto a la ría del Eo; los demás, que la investigación cataloga como «estables», se usaron durante menos tiempo -con duraciones variables entre 1937 y 1939- y reutilizaron edificios ya existentes de la más diversa índole. Figuran aquí el desaparecido psiquiátrico de La Cadellada, en Oviedo; en Gijón la también derruida fábrica Harinera y la plaza de toros de El Bibio; la antigua Vidriera de Orobio de Avilés; la perdida conservera Portanet, en Candás; el cine y varios edificios de Navia y Andés, diversos emplazamientos de la parroquia de Canero (Valdés) y el cine de Luarca; el monasterio de San Salvador de Celorio (Llanes) y algunas ubicaciones no precisadas en Ortiguera (Coaña) y Grado. La lista se completa con dos campos «provisionales o de evacuación», que operaron únicamente durante algunos meses de 1937 en Pola de Siero e Infiesto.
En el macabro catálogo de Hernández de Miguel, Asturias es la novena autonomía con más emplazamientos inventariados y la segunda de las uniprovinciales, tras Madrid, en una clasificación que encabezan los 52 campos de Andalucía. Estas prisiones fueron, señala el autor en una entrevista a «Efe», «una de las patas de la enorme mesa que fue la represión franquista», una práctica de la que hay poca documentación derivada «de la destrucción masiva de ficheros que se realizó durante la dictadura y los primeros años de la Transición».
Según su tesis, a pesar de las diferencias hubo una analogía y existieron algunos elementos en común entre estos campos de concentración españoles y los implantados en la Alemania nazi, que explica que incluso dirigentes de la Gestapo participaron en el adiestramiento de las fuerzas policiales españolas. El sistema franquista de estos campos fue diseñado de acuerdo a las necesidades de la dictadura, que eran, recalca el escritor, el «exterminio» de los elementos «más activos» del entorno republicano y la consecución de mano de obra a través de los «batallones de trabajo». «En los campos de concentración franquistas no hubo cámaras de gas, pero se practicó el exterminio y se explotó a los cautivos como trabajadores esclavos», señala.
Nació en Xixón el 7 de agosto de 1894 y murió el 27 de marzo de 1938 en Woodstock (EE.UU.) en un accidente automovilístico cuando hacia tareas de solidaridad internacional antifascista. Se afilió a la CNT en 1911, siendo un destacado militante del anarquismo asturiano y defensor de la Alianza Obrera. Fue alcalde de Xixón durante el periodo de Guerra civil, del 15 de octubre de 1936, al 20 de octubre de 1937.
El presidente del Principado, Javier Fernández, interviene ante el pleno de la Junta General
La VOz
Oviedo
Asturias cuenta ya con una Ley de Memoria Democrática que obligará al Principado a asumir los gastos de inhumación de las fosas comunes de la Guerra Civil y del franquismo y que contempla sanciones de hasta 150.000 euros para quienes destruyan dichos enterramientos.
Esta nueva normativa ha salido adelante en el pleno de la Junta General del Principado con el voto de IU -que impulsó la iniciativa- PSOE, Podemos y Ciudadanos, mientras que Partido Popular y Foro votaron en contra por considerarla innecesaria y porque ven en ella un uso interesado de la historia que, más que propiciar la reconciliación, ahondará en la división de la sociedad, informa EFE.
De hecho, el portavoz de Foro, Pedro Leal, se ha referido a la ley como la de «Desmemoria democrática» y ha asegurado que supone «la antesala de la próxima ley de memoria de pensamiento único» en la que se parte de «la gran mentira que es decir que se es de izquierdas o no se es democrático»
«Nos quieren imponer la ideología y la historia. No existe la memoria democrática, existe la democracia, y no existe la memoria histórica, existe la historia, y por más que quieran eso no se va a cambiar», ha afirmado el parlamentario forista, para quien «este despropósito y chapuza legislativa» sólo busca «la venganza, la división y el odio y no la reconciliación».
Para el popular Rafael Alonso se trata también de una ley «innecesaria e ideológica» porque «no aporta nada y sólo va dirigida a una parte de la sociedad» ya que, según el parlamentario del PP, es producto del «consenso de la izquierda» y, más que una reconciliación «que ya tenemos», propicia la división y polarización de la sociedad.
Por contra, la portavoz de IU, Concha Masa, ha afirmado que intervenciones como la de Leal, «por sí, ya deja clara la necesidad de esta ley» que, a su juicio, sí que busca restañar heridas, la concordia y reconciliación, que cuenta con amplio consenso y que debe ser motivo de orgullo «como reflejo de madurez democrática».
El socialista Marcos Gutiérrez Escandón ha compartido que esta ley es necesaria porque sirve para fortalecer la democracia y no para poner la historia al servicio de la batalla ideológica. El texto no incorporó las enmiendas que había reservado Podemos, y que ha defendido la diputada Rosa Espiño, con el objetivo de que la ley incluyese también a las víctimas de robos de bebés entre los años 1979 y 1990 investigación del robo de bebés.
El texto «impulsa y refuerza» el papel de la administración autonómica respecto a lo previsto en la ley estatal para salvaguardar los derechos de las víctimas del franquismo.
Normativa
Así, la nueva normativa reconoce a los ciudadanos el derecho a localizar a las personas desaparecidas en Asturias y atribuye al Principado la obligación de tomar las medidas necesarias para hacerlo y asumir los gastos derivados de la identificación de los cadáveres y de su sepelio e inhumación así como de trasladar a la autoridad judicial las pruebas de los posibles delitos.
Los terrenos que ocupan las fosas podrán tendrán consideración de fines de utilidad pública o interés social para permitir su ocupación temporal durante dos años y en los que sean de titularidad privada se buscará un acuerdo con sus propietarios y, en caso de no alcanzarse, se procederá a su expropiación.
En este sentido, el régimen sancionador de la ley considera infracción muy grave -con multa de entre 10.000 y 150.000 euros- la construcción o remoción de terrenos sin autorización donde haya certeza de la existencia de desaparecidos; las excavaciones sin autorización; la destrucción de zonas ya incluidas en el mapa de fosas o de aquellas que constituyeran un hallazgo desconocido.
Como infracción grave -con multa de entre 2.000 y 10.000 euros- se tipifica la no conservación de lugares de la memoria democrática; trasladar restos sin autorización; no comunicar el hallazgo de restos o no retirar elementos conmemorativos del franquismo, incluidos los que estén en propiedades privadas que den a la vía pública.
La ley contempla también la elaboración de un censo de víctimas o desaparecidos con datos aportados por las familias así como la creación de un banco de ADN que permita cotejar los restos de personas desconocidas y exhumadas de una fosa con los de los familiares que se incorporen a dicho registro.
Asimismo, obliga al Principado a dar a quienes formaron parte del Consejo Interprovincial de Asturias y León y del Consejo Soberano de Asturias y León durante la Guerra Civil un trato «análogo» al que reciben quienes han formado parte de los gobiernos autonómicos, un reconocimiento extensible a quienes trabajaron para esos órganos y que deberá será desarrollado por vía reglamentaria.
La posición de FAMYR la hemos manifestado en este documento:
«Hicimos todo lo que está en nuestra mano para cumplir la ley de Memoria Histórica», dice el Alcalde
llanes, emilio g. cea 15.02.2019 | 23:30
Operarios retirando la placa de la basílica de Llanes, ayer por la mañana. EMILIO G. CEA
Ya no quedan símbolos franquistas en la capital del concejo de Llanes. El Ayuntamiento, en cumplimiento de la ley de Memoria Histórica, ordenó en la mañana de ayer retirar de la fachada de la basílica la placa que recordaba a diecisiete caídos del bando Nacional durante la Guerra Civil. Solo queda por quitar en el concejo la placa ubicada en el pórtico de la iglesia de Poo.
«Hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano para aplicar la ley de Memoria Histórica. Nosotros cumplimos la ley. Todo se hizo con el visto bueno del arzobispado. En próximas fechas se retirará también la placa de la iglesia de Poo», dijo el regidor llanisco, Enrique Riestra Rozas (VxLl). Éste aseguró que tras la retirada de la placa los verdaderos socialistas de Llanes deben reflexionar. «El PSOE hizo en Llanes una nefasta gestión a nivel económico y en el plano ideológico no tuvieron las agallas de quitar esos símbolos. Lo ha tenido que hacer un cuatripartito integrado por dos partidos de la derecha», indicó.
«Lamentamos que fuese el juzgado el que obligase al Ayuntamiento a retirar los símbolos franquistas«, aseguró ayer el presidente de la Federación Asturiana de Memoria y República (Famyr), Juan Cigarria. Recordó éste que «el movimiento memoralista», tras una década de lucha, «ha conseguido forzar a la administración a que se aplique la ley de Memoria Histórica. Es incomprensible para cualquier demócrata de cualquier partido la pasividad que hubo para la retirada de simbología criminal como la franquista», dijo.
Desde Famyr piden que la totalidad de los símbolos franquistas retirados «sean inventariados y se almacenen adecuadamente para su puesta en valor ya que son patrimonio histórico de los llaniscos. ¿Dónde está, por ejemplo, el monolito nazi del alto de la Tornería?», se preguntan.
Gerardo Díaz Solís fue una pieza decisiva en la organización sindical de las minas asturianas y recibió la Medalla de Plata de Gijón, donde residía
Gerardo Díaz Solís, «El Portu», junto a sus familiares
El histórico militante comunista, sindicalista y cofundador de Comisiones Obreras en Asturias Gerardo Díaz Solís, ‘El Portu’, ha fallecido la pasada madrugada en Gijón a los 91 años de edad, después de un breve ingreso en los hospitales de Cabueñes y la Cruz Roja, donde las complicaciones respiratorias unidas a su avanzada edad han puesto fin a una vida de lucha y compromiso. Aunque nacido en Ciaño, Díaz Solís se afincó en Gijón después de ser despedido de la mina a causa de su activismo sindical, y profundamente arraigado en el barrio de El Llano llegó a tener raíces gijonesas tan profundas que la ciudad le concedió su Medalla de Plata en 2016 por iniciativa de IU.
Su actividad política y sindical se inició muy tempranamente. Incluso antes de trabajar en la mina, ya actuó como enlace con los guerrilleros del maquis en los montes de las cuencas. A los 15 años entró en la plantilla de La Vasconia y trabajó también como picador en San Luis y Samuño; las mismas minas donde encabezó las primeras movilizaciones ya en la primera posguerra, cuando contribuyó de forma decisiva a la organización del movimiento sindical minero. Protagonizó encierros, participó en el VI Congreso del PCE en Praga y llegó a sufrir, también muy tempranamente prisión durante 12 años, además de constantes presiones, vigilancias e inclusión en listas negras que se remataron con su despido, después del cual se trasladó a Gijón. En todo ese periplo contó con el apoyo de su compañera, Honorina Delmiro, que estuvo junto a él en la entrega de la Medalla de Plata durante la ceremonia celebrada en junio del 2016 en el teatro Jovellanos.
Sus restos mortales serán incinerados este viernes, día 15, a las 17,30 horas en el Tanatorio de Gijón-Cabueñes.
El Ayuntamiento de Grado anunció ayer la adquisición de la finca de El Rellán, lugar en el que se localiza La Chabola. Se trata de una de las fosas comunes de mayores dimensiones de la región y en ella se cree que están enterrados los restos de cientos de milicianos y represaliados durante el franquismo. La Universidad de Oviedo ha logrado identificar a 29 víctimas, pero se sospecha que la cifra de enterramientos puede ser hasta diez veces mayor. Uno de los fines de esta adquisición es que la zona quede abierta para que los investigadores puedan trabajar sobre el terreno.
La parcela, de más de 12.000 metros cuadrados, se encuentra ubicada a la salida de Grado en dirección a Yernes, junto a Llantrales, localidad del concejo perteneciente a la parroquia de Mata. El contrato para la adquisición de los terrenos se formalizó a finales del pasado mes de diciembre. La parcela albergaba los restos de unas viviendas y naves de uso agrícola.
El objetivo del equipo de gobierno moscón es poder dignificar un espacio con un gran poso histórico y emocional. Hasta la fecha, la única señal en recuerdo de las personas que yacen bajo la fosa de La Chabola es un monolito de piedra que se ubica a un lado de la carretera.
Plácido Rodríguez, concejal de Cultura de Grado, explicó ayer que el Ayuntamiento ha adquirido «tres parcelas en El Rellán y en este lugar se ubica una de las mayores fosas de Asturias. Esta compra servirá para investigar a las personas que están allí y lo primero que hay que hacer es que la Universidad de Oviedo delimite la zona de la fosa y luego, si hay presupuesto, abrirla».
Rodríguez apuntó que las tres parcelas adquiridas «eran de propiedad privada y nos han costado 64.000 euros. Esta zona se encuentra a dos kilómetros al sur de Grado si seguimos el margen del río Cubia. En total Grado tiene quince fosas comunes».
Los proyectos para la parcela ahora propiedad del Ayuntamiento de Grado dependen, según fuentes municipales, de la dotación que reciba en los Presupuestos Generales del Estado la Ley de Memoria Histórica, condición sin la cual no se podrían acceder a las ayudas necesarias.
El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias aprobó el pasado mes de marzo la celebración de un segundo convenio con la Universidad de Oviedo, dotado de 25.000 euros, para continuar con las investigaciones para actualizar el mapa de fosas comunes y la base de datos de víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista. Los últimos datos cifran las víctimas mortales en más de 26.000, frente a las 24.500 que figuraban en los estudios de 2011. La Fosa de La Chabola fue investigada en su día por la Universidad de Oviedo sin poder llevar a cabo, sin embargo, excavaciones de ninguna clase por la naturaleza privada de la finca. Los restos identificados en la localidad moscona lo han sido de manera documental, a través del Registro Civil de Grado y el Archivo Histórico Provincial de Asturias.
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