«Llevo una herida muy grande en mi propia carne. Me mataron a mis padres y a una hermana, y sólo por el delito que suponían, que nunca llegaron a comprobar: que mis padres daban de comer a sus hermanos, que estaban escondidos». Tuvieron que pasar cuarenta años para que Enesida García Suárez, fallecida en 2001, se atreviese a escribir su historia en un cuaderno que tituló ‘Mi infancia en el franquismo’ y que ahora ha visto la luz en forma de libro. Palabras «llenas de dolor, de rabia, pero también de reivindicación de la memoria» en las que narra cómo la brutal represión cayó sobre su familia y sobre otros vecinos y vecinas de Tiraña y cuyo testigo ha recogido la asociación de familiares y amigos de la fosa común de la . Herederos de los hijos y nietos que empezaron a reunirse en secreto en el cementerio del pueblo «para denunciar aquellos asesinatos y hacer un duelo colectivo. Para conjurar ese dolor y pedir respeto, no revancha, algo que solo se construye mediante procesos de verdad, justicia y reparación», cuenta Yerba Segura, de profesión mediadora y una de las biznietas de la fosa. Un camino plagado de obstáculos en el que siguen encontrando fuertes resistencias.

«Verdad, justicia y reparación» repiten, a ochenta años del final de una guerra que se cobró las vidas de 27.000 asturianos de los dos bandos, las asociaciones memorialistas y los familiares en nombre de las 7.500 víctimas de la represión franquista, «aunque la cifra exacta nunca podrá saberse», admite la historiadora Carmen García, una de las autoras de una investigación capital que arrancó en 2003. Un trabajo que, con distintos vaivenes presupuestarios, hoy continúa gracias a un convenio entre el Principado y la Fundación Universidad de Oviedo (FUO) para actualizar un censo con sus nombres e historias que se custodia en el Archivo Histórico y seguir ubicando en el mapa de la memoria los destinos bajo tierra de esos miles de asturianos que fueron víctimas «de la bota de Franco, pero, sobre todo, de una base social muy amplia de apoyo al régimen que los denunciaba y que sí buscó venganza al terminar la guerra. Fundamentalmente, jefes locales de la Falange».

Más de cuarenta años después del fin de aquella dictadura del terror, las delaciones y los ‘paseos’, cientos de cadáveres siguen aún sin identificar en 350 fosas comunes repartidas por más de medio centenar de concejos. Con excepción de grandes fosas como las del cementerio de San Salvador (Oviedo) y El Sucu (Gijón), «la mayor parte son pequeños enterramientos» a los que cada cierto tiempo se suman noticias de otros. «Esta misma semana, por ejemplo, el hijo de una de las víctimas, que tiene 83 años, se ha puesto en contacto con nosotros para indicarnos la ubicación de la fosa donde está su padre, en Caso. Pero lo cierto es que los descendientes de primera generación van desapareciendo», alerta la profesora de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo, que cifra en otras 2.000 las víctimas de la represión republicana.

«La diferencia es que, mientras que los muertos del bando de los sublevados obtuvieron reparación económica y social en cuanto concluyó la guerra, con enterramientos católicos, misas, honores, esquelas en la prensa y puestos en la Administración reservados a los hijos de los caídos, los descendientes de los vencidos solo tuvieron derecho al olvido y la vergüenza», afirma.

Así que, en palabras de Yerba Segura, «el mayor reto es que la ciudadanía asturiana entienda que esto no va de la muerte de algunas personas en el pasado, sino que tiene que ver con la capacidad colectiva de hacer justicia ante cualquier vulneración de los derechos humanos y las libertades democráticas. Queremos reflexionar sobre la violencia y sus efectos para crear una cultura de paz. Porque eso es garantía de que el horror no se repita».

Que la tarea apremia lo constata Arantza Margolles, historiadora y arqueóloga de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) en Asturias, organización estatal cuyo trabajo más conocido es la investigación y exhumación de fosas realizada por voluntarios con fondos que salen de las aportaciones de sus propios socios. Desde el año 2000, más de doscientas en toda España.

«Estamos en tiempo de descuento, con pocos familiares ya vivos y con muchas fosas destruidas, sobre todo, por el avance de las infraestructuras», recuerda Margolles, que exige la misma justicia que sí han tenido las víctimas de conflictos similares en más de una treintena de países de todo el mundo.

Pero, en medio de un panorama sombrío en el que «ni siquiera se está cumpliendo la ley estatal de memoria histórica en lo referido a cuestiones como el nombre de las calles», tanto la ARMH como el resto de las organizaciones memorialistas ven como «un avance» que complementa la legislación aprobada en 2007 por el Gobierno Zapatero la nueva Ley de Memoria Democrática asturiana. Una norma que reconoce a la ciudadanía el derecho a localizar a los desaparecidos y atribuye al Principado la obligación de tomar las medidas necesarias para hacerlo y asumir los gastos derivados de la identificación de los cadáveres y de su sepelio e exhumación, así como de trasladar a la autoridad judicial pruebas de posibles delitos.

Además –reza la ley–, los terrenos que ocupan las fosas podrán tener consideración de fines de utilidad pública o interés social para permitir su ocupación temporal durante dos años y en los que sean de titularidad privada se buscará un acuerdo con sus propietarios, mientras que, en caso de no alcanzarse, se procederá a su expropiación. Un aspecto en el que la realidad vuelve a mostrarse tozuda, porque, como explica Carmen García, «lo cierto es que muchas de las fosas no podrán ser exhumadas por la complejidad de su ubicación y, de hacerse, habría que utilizar técnicas de geolocalización o drones para no ponerse a excavar en vano y generar más frustración, además de que todos los familiares deben estar de acuerdo».

La normativa salió adelante el pasado 1 de marzo en el pleno de la Junta General con los votos de IU –que impulsó la iniciativa–, PSOE, Podemos y Ciudadanos, mientras que PP y Foro votaban en contra por considerarla «innecesaria» y porque ven en ella «un uso interesado de la historia que, más que propiciar la reconciliación, ahondará en la división de la sociedad».

Un criterio del que disiente Luis Pascual, al frente del Ateneo Obrero de Gijón, institución que padeció la incautación y expolio de sus bienes tras la caída de Gijón el 21 de octubre de 1937 a manos de las tropas de Franco y que trabaja en actividades divulgativas codo con codo con la Sociedad Cultural Gijonesa o con la Asociación Lázaro Cárdenas.

Pascual defiende que «es necesario que normalicemos el estado social que gira en torno al tema de la memoria histórica» de una vez por todas. «Es decir: siempre que se aborda este tema es motivo de conflicto y de confrontación de puntos de vista encontrados. Pero creemos que es evidente lo que sucedió en España desde los años treinta hasta el final del franquismo, por lo que no deben quedar dudas de qué es lo democrático y qué no lo es. De quiénes fueron los responsables de la dictadura y quiénes las víctimas. No se trata de abrir viejas heridas, sino de cerrarlas definitivamente. Y, para ello, toda la población debe conocer y asumir los hechos acaecidos».

La formación es precisamente otro de los puntos clave de la nueva ley, que establece que la memoria democrática estará incluida en el currículo de ESO y Bachillerato «como elemento de fortalecimiento de los valores democráticos». Porque lo cierto es que, hoy por hoy, «muchos estudiantes salen del instituto sin haber estudiado la dictadura», algo inaudito según entidades como la Fundación José Barreiro y la Comisión de Amigos y Familiares de Represaliados de la IIRepública de San Miguel de la Barreda, que añade desde Siero que «esa parte de nuestra historia se debe enseñar en la escuela como se estudia el Holocausto».

Ytambién en el concejo sierense pelea la Plataforma pa Señalizar les Fuexes Comunes. Doce enterramientos en los que «las víctimas aguardan a ser dignificadas» y que se sumarían así a los 81 monolitos ya colocados en toda la región.

Oleada de actos vandálicos

Esos símbolos de la memoria colectiva han sufrido recientemente una oleada de ataques en diferentes puntos de Asturias. Actos vandálicos como los que se repiten en el monumento instalado en recuerdo de los combatientes de El Mazucu, en Llanes, una de las batallas más cruentas del frente norte, en la que los republicanos asturianos sufrieron los ataques aéreos de los aviones nazis de la Legión Cóndor.

Ocomo el lanzamiento de pintura contra la estatua que recuerda en Oviedo a Aida Lafuente, heroína de la Revolución del 34, el pasado octubre. Yel último,también con pintura derramada sobre la placa colocada en la Cuesta Vindoria (entre Ciaño y El Entrego), a la memoria de las cinco mujeres –una de ellas, embarazada– y tres hombres «asesinados vilmente por las tropas franquistas» tras salir de madrugada de la cárcel de Laviana.

Esa mujer embarazada era la abuela materna de Rosario Alonso Suárez, víctima por partida doble que más tarde vería cómo su padre, Erasmo Alonso, caía también a los pies de Peñamayor y terminaba sepultado en el Pozu Funeres.

«Después dijeron que murió en un enfrentamiento, pero la verdad es que vinieron el 19 de marzo al amanecer a buscalu a los pies de la cama y no lu volvimos a ver», relata Charo, que entonces tenía dos años y medio y que jamás ha olvidado. «Estuve muchísimos años pensando que podía aparecer. Cada vez que sonaba el timbre, creía que iba a ser él. Luego ya me fui haciendo a la idea, pero en casa siempre fue un tabú y casi no se hablaba de eso», cuenta aún «nerviosa, con miedo a no acertar».

Hasta que, en 2016, con los setenta cumplidos, decidió solicitar la exhumación de sus restos mortales en el contexto del proceso judicial abierto contra los crímenes del franquismo en Argentina, donde buscan la justicia que en España no encuentran.

En total, 25 asturianos están presentes en la querella (respaldada por la Junta General y por veinte concejos asturianos)a través de 52 denuncias que abarcan más de 450 casos que van desde incautaciones, desapariciones, presos y fusilados de los años de la guerra y la inmediata postguerra hasta perseguidos y torturados en los años 60 y 70, cuyos victimarios aún están vivos.

De respaldarlos se ocupa La Comuna d’Asturies, integrada en la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAqua). Y su portavoz, Francisco Javier Rodríguez Amorín, explica que, en líneas generales, la ley autonómica les parece «un buen comienzo, ya que lo principal era conseguir un consenso lo suficientemente amplio en el Parlamento» regional, pero que estarán «atentos a su desarrollo reglamentario, así como a su dotación económica, para que no quede en papel mojado».

En el terreno de los escépticos se sitúa Marcelo Álvarez, al frente de la Estaya de Memoria L’Altu Nalón y nieto de una de las víctimas cuyos restos se encuentran en la fosa común de Oviedo, para quien la norma «llega tarde a la reparación de quienes fueron muriendo todos estos años y para quien no pudo ser enjuiciado» por los crímenes de la dictadura. O José Manuel Puente Pintos, de la Asociación Republicana Cristino García, del Cabu Peñes, quien recuerda que «todavía, a día de hoy, quien tenga familiares en las cunetas debe seguir buscándose la vida como pueda».

El historiador RubénVega pone el acento en el régimen sancionador de la norma, que considera infracción muy grave –penada con multa de entre 10.000 y 150.000 euros– la construcción o remoción de terrenos sin autorización donde haya certeza de la existencia de desaparecidos; las excavaciones sin autorización; la destrucción de zonas ya incluidas en el mapa de fosas o de aquellas que constituyeran un hallazgo desconocido.

El profesor de la Universidad de Oviedo y miembro de la Asociación de Memoria Oral y Social subraya que, «vistos los vientos que están soplando, es alentador que en Asturias haya salido adelante la iniciativa y que incluso haya contado con el apoyo de Ciudadanos», pero su principal reserva «son los aspectos punitivos que contempla».

Y eso –apunta– porque, a su juicio, «resulta muy dudosa la utilidad de las sanciones y encierra más riesgos que ventajas, tanto por una cuestión de cálculo (las sanciones pueden recaer sobre sujetos diversos y convertirse en un boomerang) como de principios (la libertad de expresión es un bien supremo y se ejerce siempre sobre la base de tolerar las manifestaciones que no compartimos). La tendencia a legislar el castigo por delitos de ofensa a los sentimientos abre caminos que deberíamos de cuestionar, por mucho que compartamos en ocasiones el dolor y la sensibilidad de las víctimas o sus deudos», zanja.

Vega forma también parte del Archivo de Fuentes Orales para la Historia Social de Asturias, dependiente de la Universidad y vinculado al Muséu del Pueblu d’Asturies, en el que, en apenas quince años, llevan recogidos trescientos testimonios como el de Anita Sirgo, luchadora antifascista nacida en Lada, icono de la Huelgona del 62 a la que las patadas, los puñetazos en la cara que la dejaron «medio sorda» y las vejaciones no consiguieron arrancarle «el nombre de un solo camarada. Y,si yo cantaba, caía medio Langreo».

A sus 89 años, Anita, mujer de vanguardia que se indigna con la desmemoria y que también es una de las firmantes de la causa que investiga la jueza argentina María Servini, llama a movilizarse a las generaciones más jóvenes:«A los chavales hay que decirles que no se pueden dormir. Que vienen tiempos muy duros con la extrema derecha». Y sabe mejor que nadie de lo que habla porque su padre fue uno de los guerrilleros que se tiró al monte cuando terminó la República. «¡Y no sé todavía en qué cuneta está!», lamenta.

«Que se comience a reconocer debidamente a los guerrilleros antifranquistas» es otro de los logros que le reconoce a la normativa autonómica la Federación Asturiana Memoria y República (Famyr), nacida en el año 2010 de la unión de varias entidades:Foro Ciudadano por la República, Foro por la Memoria de Avilés y Comarca, Pozu Fortuna, Memoria Histórica Asturiana y Foro por la Memoria de Asturias.

Pero, con todo, su presidente, Juan Cigarría, defiende que «el Estado español nunca ha abordado de manera integral y acorde al derecho internacional humanitario la problemática de las víctimas como sí se ha hecho con las del terrorismo» y que «la impunidad de los crímenes permanece en pleno siglo XXI» merced a la Ley de Amnistía de 1977.

Y, al tiempo que se muestra crítico con la norma asturiana por «sustraer a las víctimas y sus restos del ámbito de la justicia», ya que «interviniendo sobre ellos fuera del marco judicial se rompen pruebas de crímenes imprescriptibles» –una de las principales fricciones con asociaciones como la ARMH–, Juan Cigarría advierte de que «la existencia de una ley no garantiza por sí misma su cumplimiento».

Así que ahora –sostiene– «toca desarrollarla reglamentariamente, dotarla de la debida cobertura presupuestaria y afrontar un plan de ejecución de la misma, de forma honesta y valiente, frente a los embates de las derechas que querrán hacerla trizas a la primera de cambio». Los mismos que los llaman «buscadores de huesos».

Para lograrlo, alerta, «no solo servirá con que existan mayorías parlamentarias comprometidas con la ley, sino que necesitamos una sociedad civil organizada y un movimiento memorialista y republicano fuerte, capaz de evitar retrocesos, de exigir el cumplimiento de la norma y de seguir reivindicando pasos más allá, como única fuerza para avanzar».

Una visión que comparte con Alejandro Villa (portavoz del Ateneo Republicano de Asturias) y Celestino Martínez, de la Asociación de Familiares y Amigos de la Fosa Común de Oviedo. «Las leyes autonómicas pueden ser derogadas en función de esas mayorías parlamentarias», recuerdan. Así que «las cuestiones de este calado no pueden estar sometidas al albur de resultados electorales, volátiles e inestables».

A la espera del ADN

«La dotación económica es imprescindible, así como la coordinación entre las distintas asociaciones y el Principado. Contar con medios supone un paso decisivo para la reparación del honor de personas asesinadas por el hecho de defender el orden constitucional y sus ideas, para cerrar la página más negra de nuestra historia reciente», abunda Laura Díez, de Trece Rosas. Una demanda igualmente irrenunciable para la Plataforma pro Servicios Públicos de Avilés y Comarca, que destaca también la conveniencia de la creación del banco de ADN contemplado asimismo por la ley para «identificar y sacar de las cunetas a todos los compañeros y compañeras que el único delito que cometieron fue ser fieles al Gobierno democrático de la República».

Y a los resultados de las pruebas de ADNespera Javier Naves Cienfuegos, nieto de Luis Cienfuegos, que el pasado mes de junio logró llegar hasta él, enterrado en una fosa de Parasimón (Lena)junto con otras once personas una mañana de noviembre de 1937. Una victoria contra el tiempo y el olvido con sabor agridulce porque únicamente fue posible gracias a familiares y amigos que recaudaron más de 7.000 euros y a la ayuda de más de 150 personas e instituciones.

Ochenta años después, Celesto, un vecino de Payares, el único testigo vivo, señalaba el lugar exacto donde cayeron y los arqueólogos y antropólogos de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que preside el forense Francisco Etxeberría, hacían el resto. «Pero más que hallar los restos de mi abuelo, que era un buen hombre, lo que me impresionó fue situar la línea de fusilamiento y encontrar las balas. El símbolo de la maldad».

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