La querella viva contra el franquismo
La querella viva contra el franquismo
Varias entidades gijonesas quieren sumarse a «La Comuna» en la causa abierta por la jueza argentina Servini de Cubría contra los crímenes de la dictadura
J. L. ARGÜELLES
«No hemos tenido hasta ahora una oportunidad como ésta para sentar a la dictadura en el banquillo de los acusados». El madrileño José María Galante, dirigente de la Liga Comunista Revolucionaria (LCR) que pasó cuatro años en las cárceles franquistas, se mostró ayer convencido de que la querella que instruye la jueza argentina María Servini de Cubría por los crímenes asociados al régimen que encabezó Franco puede tener éxito. Pertenece a «La Comuna», asociación española de ex presos que está personada en la causa y a la que se sumarán en los próximos días varias entidades gijonesas.
«Esa querella es una grieta por la que podemos entrar y que nos da la esperanza de que es aún posible ajustar las cuentas, igual que en Argentina, donde los torturadores acabaron en los tribunales», señaló Galante, a quien acompañó ayer, en un acto de presentación de «La Comuna» organizado por el Ateneo Obrero de Gijón y la Sociedad Cultural Gijonesa, el escritor y editor Manuel Blanco Chivite. Éste, que militó en el PC (m-l) y en el FRAP, fue condenado a muerte -sentencia posteriormente conmutada- en 1975, año en el que aún fueron fusilados cinco miembros de FRAP y ETA, poco antes de la muerte de Franco.
El procedimiento abierto por la magistrada argentina, que sigue la aplicación de la doctrina de justicia universal, línea que adoptó por ejemplo el juez Baltasar Garzón cuando persiguió al dictador chileno Augusto Pinochet, ha levantado una amplia polvareda. Ese principio jurídico considera imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad, incluida la tortura. ¿Es posible una actuación de estas características después de la ley de Amnistía de octubre de 1977, ponderada como una de las «llaves» de la «ejemplar» transición política española hacia la democracia? Esa ley permitió la puesta en libertad de los encarcelados por los tribunales del franquismo, pero exoneraba también de todo cargo a quienes persiguieron a los antifranquistas.
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