El Estado sigue bloqueando el acceso a los archivos de la represión franquista

23/08/2019 por

Un libro impulsado por las fundaciones Primero de Mayo y Largo Caballero advierte que continúan registrándose trabas a la hora de obtener ese tipo de documentos. Un relator de la ONU lo denunció en 2013, pero no ha habido grandes avances.

El dictador Francisco Franco en una imagen de marzo de 1939. EFE
El dictador Francisco Franco en una imagen de marzo de 1939. EFE

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bilbao 09/07/2019 07:27 Actualizado: 09/07/2019 07:27

danilo albin@danialri

Son las fotos prohibidas. Lo fueron hace 55 años, cuando la Guardia Civil detuvo a varios miembros del grupo de danzas vascas Eusko Lorak de Sestao. Su delito: atreverse a desafiar a la dictadura franquista y celebrar el 31 de julio, día de San Inazio. Hoy, aquel carrete con imágenes “subversivas” sigue escondido en alguna caja con sello de la Benemérita: aún resulta imposible recuperar ese material.

Se trata de un caso más en un largo listado de vetos y prohibiciones a investigadores que buscan recuperar la historia que la dictadura franquista ocultó y que la democracia, incluso más de 40 años después de muerto Franco, sigue manteniendo bajo secreto. De todo esto habla el libro electrónico elaborado por las fundaciones Primero de Mayo y Largo Caballero –pertenecientes a CCOO y UGT respectivamente– gracias a los textos aportados por 20 expertos, entre los que figuran historiadores y especialistas en legislación.

“En conjunto, nos ofrecen una información muy completa de la situación de nuestros archivos, el acceso a sus fondos, las limitaciones legales y materiales que existen, además de sus experiencias en la investigación”, señalan Sebastián Pacheco Cortés y Ramón Górriz –representantes de ambas fundaciones– en el prólogo.

En las páginas de este trabajo colectivo se cita un dato relevante: en 2013, el Relator Especial para la promoción de la verdad, la justicia y la reparación y las garantías de no repetición de Naciones Unidas, Pablo de Greiff, advirtió sobre las “dificultades” que existían en España para acceder a archivos relacionados con el franquismo, al tiempo que reclamaba una normativa que “revise los criterios aplicables en materia de privacidad y confidencialidad, de conformidad con los estándares internacionales, incluyendo el derecho a la verdad”.

Sin embargo, “son ya proverbiales las quejas de los investigadores por las dificultades de acceso a la documentación de archivo cuando abordan determinados temas históricos en ciertas épocas del siglo XX español y, más concretamente, en el tramo cronológico que va de la Guerra Civil a la Transición democrática”, destacan Antonio González Quintana, subdirector general de Archivos de la Comunidad de Madrid entre 2010 y 2018-, y los investigadores Sergio Gálvez Biesca y Luis Castro Berrojo en el texto de presentación.

Allí señalan que “si bien es cierto que en las últimas décadas los servicios archivísticos han mejorado, no es menos evidente que su estado es manifiestamente perfectible, tanto en el plano normativo legal –en el que inciden el Estado y las Comunidades Autónomas– como en el de asignación de recursos humanos y técnicos y en el de la promoción pública del Patrimonio Documental”.

En tal sentido, advierten que “el descontento de los investigadores se hace extensivo a los familiares de víctimas de la Guerra Civil y del franquismo y a sus asociaciones cuando se trata de recabar información acerca de la represión habida durante esos períodos”. Esta situación obstaculiza con frecuencia la labor investigadora e incluso llega a impedirla, como podemos comprobar en algunas de las colaboraciones de esta obra”, subrayan.

«Intentos inútiles»

A lo largo del libro aparecen distintos ejemplos que ilustran las trabas que sufren los investigadores en España. Matilde Eiroa, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, relata el caso del proyecto de investigación colectiva sobre “Judicatura, Investigación y Penitencia” –en el que se pretendía abordar “el orden político y los instrumentos de represión, 1939-1982”-, coordinado por el ya fallecido historiador Julio Aróstegui y subvencionado por el Ministerio de la Presidencia bajo el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

La investigadora relata una situación paradójica: a pesar de haber recibido el aval del Gobierno de entonces, los impulsores del proyecto no consiguieron acceder a los expedientes de la Comisaría General de Información y de la Brigada Político-Social. “Los intentos que realizaron algunos miembros del equipo, entre otros Carlos Jiménez Villarejo, por lograr acceder a los fondos, fueron inútiles. No valió de nada la justificación de la necesidad de conocer la estructura y organización de la policía política y su relación con la Magistratura, ni la solvencia académica del director del proyecto y su Equipo. Y tampoco tuvimos una explicación satisfactoria del destino de la documentación que solicitábamos”, destaca. «En otras ocasiones el investigador ha tenido que recurrir a denuncias públicas y demandas judiciales»

Tal como se describe en la presentación de este informe, “en otras ocasiones el investigador ha tenido que recurrir a denuncias públicas y demandas judiciales para lograr el acceso a cierta documentación”. Citan el caso del historiador Francisco Espinosa, quien “relata su lucha con el Tribunal de Cuentas, que en principio le negaba la consulta de fondos relativos a Batallones y Campos de Concentración españoles durante la Guerra Civil y la posguerra”.

En el capítulo que lleva su firma, Espinosa “aborda también el caso, más conocido y denunciado, de los 10.000 expedientes clasificados como secretos o reservados en archivos militares del período 1936 a 1968, que durante el mandato de Carme Chacón como Ministra de Defensa se anunció que iban a ser liberados para su consulta”. “El expediente de desclasificación quedó entre los asuntos sin tramitar por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y, al hacerse cargo del ministerio Pedro Morenés, después de la victoria del Partido Popular en las elecciones generales de 2011, quedó completamente olvidado”, denuncian.

A criterio de los investigadores, “las dificultades de acceso a cierta documentación son a la vez causa y efecto de esa deficiencia en la atención a los deberes de la ‘memoria histórica democrática’ en España”. “Sin duda, la capa de silencio y olvido hacia el inmediato pasado con que se pretendió cubrir el proceso de Transición política a la muerte de Franco tuvo un efecto deletéreo para la investigación de los aspectos más siniestros e impresentables de su régimen; en especial los relacionados con las distintas formas de violencia, exclusión y control social que garantizaron su permanencia”, subrayan.

En tal sentido, denuncian que “la inconsistencia de la información aportada por algunos organismos del Estado es muy notoria”. “Las direcciones generales de la Policía, de la Guardia Civil y de Instituciones Penitenciarias se limitan a especificar el número de cajas y los kilómetros lineales que ocupa la documentación en sus servicios centrales y en sus unidades periféricas, pero sin definir demasiado –o en absoluto– la naturaleza de tales registros”.

Remarcan además que parte de la documentación policial sobre grupos políticos “está todavía clasificada –léase vetada– por una decisión del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, aplicando la Ley de Secretos Oficiales que, en lo sustancial, sigue teniendo la misma formulación que en 1968”.

«Ocultación»

En ese contexto, González Quintana señala en su texto que “el abuso de la clasificación de documentos por razones de seguridad o la limitación desproporcionada del acceso a la información por razón de la protección de datos personales no pueden ser, de ninguna manera, puertas abiertas a la ocultación de las violaciones de DDHH y menos aún a la impunidad de los responsables de las mismas”.

“Sin duda, es en los procesos de transición desde regímenes represivos a sociedades democráticas cuando la ponderación y el equilibrio entre los dos derechos enfrentados se debe afrontar con mayor rigor, de modo que amparados en el secreto o en la defensa del honor o la intimidad personales no queden impunes los crímenes de guerra de lesa humanidad u otras graves violaciones de los DDHH”, señala. Por tales razones, remarca que “en ningún caso debe quedar amparado por el secreto ningún documento que sea prueba” de casos de vulneraciones de los derechos humanos.

Para muestra, un botón. González Quintana cita el ejemplo del comisionado federal para la administración de los archivos de la Stasi, en Alemania, que cuenta con “un presupuesto de 100 millones de euros y 1.600 empleados”. “Sin embargo, en el caso español, a pesar de todas las campañas publicitarias desarrolladas en torno a la Memoria Histórica y pese a la importancia mediática de tales campañas y de los debates subsiguientes, los avances reales en políticas archivísticas, para hacer aportes reales de testimonios oficiales, han quedado en muy poco”, compara.

https://www.publico.es/politica/sigue-bloqueando-acceso-archivos-represion-franquista.html?fbclid=IwAR08JWOq4_riaqwZW8M_pJtoCFmHcS8XLfCtr_cMFlx5TSkaAqRRMpjJTco

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Una charanga gijonesa en el 75 aniversario de la liberación de París

20/08/2019 por

La orquesta Ventolín participará en los actos con los que la capital francesa rinde homenaje a La Nueve

La charanga Ventolín, en la reciente velada que celebraron en un local de Gijón

E. G. B.
Gijon 20/08/2019 05:00 h

La tarde del 24 de agosto de 1944, los 160 soldados de La Nueve, una compañía de la División Leclerc, entraban en París por la Puerta de Italia. Eran, en su mayoría, republicanos españoles, dispuestos a liberar a los parisinos de la ocupación alemana y que, de hecho, tuvieron un papel determinante para que así fuera. El próximo 24 agosto se cumplen los 75 años de la liberación de París con un programa de actos centrado, principalmente, en rendir homenaje a aquellos combatientes españoles, que no dudaron en seguir adelante pese a que la ciudad estaba ocupada por 20.000 alemanes. Habían tenido que exiliarse de España huyendo del franquismo y acabaron siendo héroes en la capital francesa con su lucha contra el fascismo.

La Charanga Ventolín, republicana y gijonesa, estará presente en gran parte de esos actos para participar en ese homenaje a los españoles de La Nueve, entre los que había combatientes asturianos, y reivindicar «su memoria para que no los cubra la infamia del olvido» que sigue sin repararse en España.

Cuatro décadas de la Ventolín en imágenes

Seguro que no conoce la historia de la Charanga Ventolín

Elena G. Bandera

Antes de su viaje, la semana pasada, se organizó una multitudinaria velada en el café Macondo, idéntica a la que protagonizarán el lunes 26 de agosto en la antigua sede de la CNT española en el exilio, un edificio reconvertido en centro social y cultural que será escenario del recorrido poético y musical que la charanga realizará por el devenir de los republicanos españoles en el exilio.

E. G. Bandera

Con este acto los integrantes de la charanga gijonesa finalizarán su estancia en París, pero antes tienen una apretada agenda que comienza el 24 de agosto con diversas ceremonias a lo largo del día que culminarán con la inauguración de una placa dedicada a los republicanos españoles de La Nueve regalada por Madrid. Un acto al que, además de la alcaldesa de París, asistirá la exalcadesa madrileña Manuela Carmena.

La charanga también participará el domingo 25 de agosto en la recreación del desfile de la Libertad y, entre su repertorio, llevan preparados temas como el canto de los partisanos, que fue el himno de la resistencia francesa contra Hitler, así como el Himno de Riego, Puente de los Franceses, Bella Ciao, A las barricadas, Ay Carmela o La Internacional.

https://www.lavozdeasturias.es/noticia/gijon/2019/08/19/charanga-gijonesa-75-aniversario-liberacion-paris/00031566235184905396890.htm

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El Mazucu: XII Homenaje a los luchadores antifascistas (1936-2019)

19/08/2019 por

El Mazucu: XII Homenaje a los luchadores antifascistas (1936-2019)

Biografía de los galadornados con el Premio a los valores republicanos «Mª Jesús Suarez Rabanillo»:

1. AQUILINO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (Quilino Polio)

            Nacido en Polio el 4 de febrero de 1928. Enlace desde muy pequeño ya que tenía a sus tíos Joaquín, Florentino y Miguel Fernández García en el monte desde los días inmediatos a la caída de Asturias en 1937. En la primavera del 38 vivió cómo los moros invadían el pueblo de Polio y expulsaban a los vecinos para que no pudieran ayudar a los del monte. Los vecinos fueron expulsados hacia los pueblos de abajo, cuyos vecinos fueron solidarios y los acogieron en cuadras (la familia de Aquilino fue a Entrerríos).

Metieron a su abuelo preso y a la madre. Quedó 2 veces solo en su infancia (los que no estaban en el monte estaban en la cárcel). Siendo pequeño (11 años) sufre un simulacro de fusilamiento por parte de la Guardia Civil para que confiese el paradero de sus tíos. Sufrió un acoso continuo en su infancia.

Cuando termina la guerra de España (abril de 1939), viendo como la represión destrozaba a la familia, en un intento de librarla de tan brutal castigo, a cuenta de que ellos están en el monte, Joaquín y Florentino deciden presentarse a las autoridades franquistas. Miguel no secundaba la decisión de los hermanos porque su situación era más comprometida: a su condición de huido, se unía el agravante de desertor del ejercito franquista. Apenas trascurrido un mes de la separación, Miguel caía asesinado, mientras ellos se enfrentaban a años de cárcel y campos de trabajo forzado. Miguel y otros cuatro compañeros cayeron víctimas de una traición. Herido de muerte, pudo distanciarse del refugio donde yacían sus tres compañeros. Pero la Guardia Civil se le echaba encima, cuando ya no tenía fuerzas para levantarse. Desangrándose en el suelo, pedía agua y que le permitieran despedirse de la madre, que vivía muy cerca, momento en que uno de los guardias lo remató de varios disparos en la cabeza. No había cumplido los 19 años.

            Mientras Joaquín, Florentino y Miguel estaban en el monte, Amor hermana de éstos y madre de Aquilino fue recluida en el convento de los frailes de Mieres con su padre José (abuelo de Aquilino). Cristina, la madre de Joaquín, Florentino y Miguel, logra huir y refugiarse en casa de unos parientes en el concejo de Aller. Desde el convento de los frailes salían los camiones para el Pozu Fortuna.  José y Amor son sacados del convento por un pariente lejano falangista. Cristina se confía y vuelve a casa, pero la detienen y la llevan al cuartel de Vegadotos y le dan una paliza. Cuando se recupera la vuelven a detener y sufre palizas continuas. A una hermana de Joaquín, Florentino y Miguel que se llamaba Pilar la llevan al campo de concentración de Arnao. Y es que Pilar, además de tener a 3 hermanos en el monte, también tiene a su marido fugau (Silvino Fernández de La Matona). A Amor, otra vez, le dieron una paliza y la dejaron abandonada en el monte. A José, otra vez, le machacaron el el cuartel manos y pies con un martillo.

            Aquilino salva la vida de milagro cuando sufre una emboscada el 31 de diciembre de 1951 mientras se encontraba reunido por la noche con Eusebio Moreno Planisolis (conocido como Antonio “el Maqui”) en los montes de Polio. Eusebio muere y Aquilino logra escapar por una ladera del monte.

            Participa en la huelga de 1962. En plena huelga se encierra junto a sus compañeros en el las minas de montaña de Polio, después de 2 días de encierro salen y son detenidos, llevados a Oviedo e interrogados.

            Participa en al asalto a la comisaría de Mieres en marzo de 1965, por lo que es detenido y maltratado.

             En la democracia Aquilino participó activamente en el movimiento vecinal.

2. NINES MAESTRO

Ángeles Maestro Martín es médica y Técnica Superior de Salud Pública. Estudió Salud Pública en el Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana (Cuba). 
Militante del Partido Comunista de España desde 1973 a 2005.
Elegida concejala en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina en las listas del PCE en 1979. Diputada en el Congreso por la circunscripción de Madrid en las listas de IU desde 1989 a 2000. Fue portavoz de IU en la Comisión de Sanidad y en la de Asuntos Exteriores del Congreso.

Considera que lo más importante de su actividad parlamentaria es haber promovido y logrado (1996) que el Pleno del congreso reconociera la nacionalidad española a las Brigadas Internacionales, tal y como les prometió Dolores Ibarruri en su despedida en Barcelona (1938).

En noviembre de 1996 fue miembro del Tribunal Internacional por Crímenes Contra la Humanidad cometidos por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Iraq. También ejerció la acusación en el Tribunal Internacional que juzgó en Nueva York a los Jefes de Gobierno de países de la OTAN por el ataque a la ex Yugoslavia en el año 2000 y  en el Tribunal Internacional de Conciencia que condenó a Israel  por crímenes contra el pueblo de Líbano en  2006 (Bruselas 2008).
Miembro de la dirección de IU desde su fundación en 1989, abandonó esta organización en 2004. Dejó de militar en el PCE en 2005, tras haber sido miembro de su Comité Central y del Comité Ejecutivo,  tras pedir el voto para el Partido Comunista de las Tierras Vascas.  Fue candidata al Parlamento Europeo en las listas de Iniciativa Internacionalista en 2009. Actualmente es  militante de la organización comunista Red Roja. www.redroja.net

3. ASUNCIÓN NAVES

Nació en Sama en 1948, en una familia de izquierdas, hija única ayuda desde muy joven en un negocio familiar de hostelería.  Estudia y trabaja ayudando a la economía familiar ya que su padre minero enferma. Con 16 años y el titulo de secretariado pasa a trabajar en una confitería de la zona y más tarde en una contrata de Telefónica. Su sensibilidad de izquierdas y su lucha por la igualdad de género la convirtieron en un referente en el Valle del Nalón donde creó, junto a otras mujeres de Langreo el colectivo sociocultural Les Filanderes, un colectivo donde a nadie se le pide para su ingreso ni ideología, ni religión ni opción personal, conviviendo mujeres que manifiestas su ideología y otras que no, aunque lo cierto es que predomina un perfil de izquierdas.

Les Filanderes, promueven actividades de todo tipo vinculadas con la cultura, repartiendo este por Áreas, social, teatro,  lectura y literatura, pone en marcha los talleres de escritura creativa, certamen de relatos (Filando cuentos de muyer) y de poesía dedicados a las mujeres que sufrieron represión, cárcel siendo llevadas al ostracismo, llevando el nombre de Argentina Rubiera Solares, socialista, actriz amateur, poeta y condenada a muerte conmutada por cadena perpetua. Dentro del Área social pone en marcha el programa de libros de texto, para el cocejo de Langreo, en el año 2018 se recogieron 1300 libros y se entregaron a las familias que participaron en el intercambio un total de 1069.

Asun Naves está muy vinculada también en la lucha en favor de la memoria histórica y democrática, mediante las presentaciones de libros que tienen que ver con este tema como los libros de Gerado Iglesias o Marcos Ana, además de haber realizado unas jornadas sobre memoria histórica donde, conto con la presencia de Esperanza Martínez guerrillera de del grupo Aragón y Levante, se proyectaron documentales sobre la vida de Manolin el de Lorio y para terminar el grupo de teatro puso en escena la obra “Sino sangriento” contando con la presencia del autor Marcos Ana. Además asiste de manera constante a los actos que se desarrollan de estas características (El Mazucu. El Pozu Fortuna, Sobrescobio, Caso, Tarna o el municipio vasco de Larrabetzu), para mantener viva la dignidad y la memoria de los caídos en la defensa de la República.

Llevó su concepción del internacionalismo proletario a los países como Chile o al Parlamento Europeo, en defensa de los pueblos oprimidos, es constante su preocupación por la lucha contra las dictaduras del mundo. 

En el 2016 llega a Cuba,  presenta en Santiago de Cuba de la mano del director y escritor Reinaldo Cedeño, en la tertulia Página abierta los certámenes del Colectivo, presentado a su vez todas las actividades que realizan. En Cuba asiste al entierro del Comandante Fidel Castro.

Colabora con grupos habitualmente de América Latino de carácter político, cultural y social difundiendo distintas acciones.

En 1982, comienza su militancia política en el PCE y en la actualidad IU, donde lleva una militancia activa, perteneció al consejo político en Langreo y posteriormente al consejo político y presidencia a nivel regional, a día de hoy es miembro de la coordinadora regional en IU.

4. JOSEBA ASIRON

Joseba Asiron Sáez (Pamplona, 1962) es un historiador, alcalde del Ayto de Pamplona por la coalición Euskal Herria Bildu desde el 13 de junio de 2015 hasta el 15 de junio de 2019.

La recuperación de la memoria democrática antifascista fue uno de los aspectos mas remarcables de su legislatura. En marzo de 2017 su Ayuntamiento interpuso una querella contra los crímenes del franquismo. En sus propias palabras:

nos parece una auténtica vergüenza que la Justicia española no tenga el músculo suficiente para juzgar a sus propios criminales y sí lo haya tenido para juzgar a la dictadura de Argentina, por ejemplo. Eso nos sorprende. Nosotros, ya te adelanto, vamos a continuar avanzando y tirando para delante. Mientras que nuestros servicios jurídicos nos digan que podemos… así lo haremos. Estamos dispuestos a seguir toda la legislatura y más allá.

Durante su mandato como alcalde exhumaron a los generales franquistas Mola y Sanjurjo del Monumento a los Caídos y la Justicia, finalmente avaló su decisión:

El tema de las exhumaciones de Mola y Sanjurjo se llevó aquí de una manera de ejemplar. Madrid, en este caso, debería haberse fijado y aprender un poco. Entregamos sus restos con normalidad, discreción y no montamos ningún circo. 

5. ASOCIACIÓN JORGE ADOLFO FREYTTER ROMERO (Colombia)

La Asociación Jorge Adolfo Freytter Romero (en adelante Asociación Freytter ó AJAFR) surge como consecuencia de las violaciones de Derechos Humanos en el ámbito universitario y de la persecución al Pensamiento Crítico, en el contexto del conflicto social e histórico con un componente armado en Colombia. A partir de los años ’90, se da un proceso de recrudecimiento de las vulneraciones de Derechos contra docentes, sindicalistas y estudiantes victimizados/as, cometidas fundamentalmente por grupos paramilitares en connivencia con agentes del Estado colombiano.

El 28 de agosto de 2001 se produce el secuestro, tortura y asesinato del profesor de Ciencias Sociales y Jurídicas, abogado y sindicalista Jorge Adolfo Freytter Romero, por agentes de operaciones especiales del GAULA del Departamento del Atlántico y miembros de las estructuras paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en la Ciudad de Barranquilla (Región Caribe). Estos hechos victimizantes hacen parte de la “arremetida paramilitar” que sufrió el conjunto de la comunidad universitaria de la Región Caribe de manera generalizada entre 1996 y 2006.

Además, este fenómeno se ha visto reflejado en el conjunto de las universidades públicas de Colombia, en el marco de la denominada doctrina del “Enemigo Interno”: estrategia militarista orientada a la reproducción del conflicto por parte de los sectores ligados al paramilitarismo y las estructuras de las Fuerzas Armadas colombianas al interior del Estado. Así, se dieron victimizaciones generalizadas de la comunidad universitaria encaminadas a no garantizar el libre desarrollo sindical, de oposición política, la defensa de los derechos laborales o la defensa general de la educación pública. Esta situación se produjo con mayor intensidad en el periodo de gobierno del ex presidente Alvaro Uribe Vélez (2002 – 2010), donde se constatan datos de informes y referencias de organismos internacionales con una violencia estatal y paramilitar sin precedentes en la Historia continental. Las vulneraciones sistemáticas de Derechos Humanos en el ámbito académico, sin embargo, han continuado produciéndose durante el siglo XXI de forma ininterrumpida.

Tras el asesinato del profesor Freytter Romero, dos de sus hijos se exilian del país producto de amenazas contra la familia. Uno de los hijos se refugia en la provincia de Quebec (Canadá) en 2002. El otro hijo, después de un periodo de desplazamiento interno, el Gobierno Vasco facilita su llegada a Euskadi como refugiado en el año 2006. Desde el País Vasco, Jorge Freytter Florián se dio a la tarea de trabajar a nivel internacional la denuncia del asesinato de profesores, estudiantes y sindicalistas en el marco de la violencia política en las universidades. De esta manera, con el apoyo de docentes, investigadores, colombianos/as residentes en Euskadi y miembros del movimiento social y político vasco, se constituye la Asociación – Elkartea Jorge Adolfo Freytter Romero. Estudios sobre Violencia Política en América Latina y en su especialidad: Universidades Públicas Colombianas, exigiendo la Verdad, Dignidad, Justicia, Garantías de No Repetición y construcción de Memoria Histórica de estos asesinatos que se enmarcan en la persecución al Pensamiento Crítico contra la Academia colombiana.

El 23 de mayo del 2012, en la ciudad de Bilbao (Bizkaia), se formaliza la Asociación y empieza su trabajo de solidaridad, incidencia política, sensibilización, defensa de los Derechos Humanos, cooperación y estudios de investigación sobre el conflicto colombiano.

En la actualidad, el Caso del secuestro, tortura y asesinato del Profesor Freytter Romero se encuentra admitido a trámite en la CIDH, aceptado en fecha de 11 de julio de 2013 bajo el Informe radicado Nº 38/13 con petición de adminisibilidad 65-04; el Estado propone una “solución amistosa” (2017), encontrándose abierto el caso judicial en 2019.

MISIÓN

La Asociación Jorge Adolfo Freytter Romero (AJAFR), tiene como misión contribuir desde Euskadi a visibilizar y acompañar los casos de violaciones de Derechos Humanos en el ámbito académico (profesores/as, estudiantes, sindicalistas, trabajadores/as de universidades, líderes/as sociales del movimiento sindical y estudiantil), en perspectiva de protección y promoción de los Derechos Humanos en Colombia.

Como Organización de la sociedad civil, la AJAFR trabaja desde 2012 con Movimientos Sociales colombianos, Sindicatos de Trabajadores/as de la Enseñanza, ONG’s Defensoras de DDHH, Colectivos Universitarios, así como con otras Organizaciones de Víctimas que reivindican el Pensamiento Crítico e impulsan iniciativas en Colombia encaminadas a satisfacer los derechos a la Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición de las víctimas con enfoque de género.

La AJAFR impulsa iniciativas de construcción de Paz en Colombia en todo el territorio nacional, teniendo mayor capacidad de incidencia en la Región Caribe, contando con la participación activa de las víctimas y sus Organizaciones en el diseño, implementación y evaluación de todas sus acciones. En este sentido, se acompañan las voces de las víctimas de las regiones de Colombia invisibilizadas que generan procesos comunitarios y nuevas formas de participación política, dando voz a los espacios de libre expresión en perspectiva de internacionalización de los procesos sociales, políticos y académicos.

La AJAFR opera en los ámbitos académicos estrechando lazos entre Euskadi y Colombia, facilitando que las campañas, investigaciones, acciones e incidencia política generen espacios comunes de trabajo para la producción de conocimiento desde una perspectiva del Pensamiento Crítico. En Euskadi, la AJAFR hace parte del tejido asociativo de solidaridad con Colombia y América Latina, participando en iniciativas de defensa internacional de los Derechos Humanos en espacios sociales, institucionales y académicos.

VISIÓN

Entendemos la incidencia política y el acompañamiento internacional como medios que permitan hacer de altavoz de las demandas de los movimientos sociales, reducir los riesgos de victimización de colectivos y ONG´s defensoras de los DDHH, así como fortalecer las posiciones de las víctimas y sus organizaciones. Por lo tanto, la AJAFR tiene como visión acompañar con vocación de empoderamiento las Organizaciones colombianas defensoras de DDHH (con especial atención a las víctimas del ámbito académico), que han sufrido la violencia estatal y paraestatal como consecuencia del conflicto social y armado.

La “AJAFR” trabaja con organizaciones, personas a título individual y sectores académicos (víctimas del paramilitarismo y Estado de Colombia en el marco del conflicto social y armado) fortaleciendo los actores principales que impulsan debates sobre la defensa de la transformación social y la construcción de Paz, acompañando las acciones de los movimientos sociales y políticos a fin de:

– Posicionar y fortalecer el debate sobre el “Pensamiento Crítico en Colombia” a nivel internacional, tanto en América Latina como en Europa.

– Promover políticas públicas e incidencia institucional que permita satisfacer los Derechos de las víctimas a la Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición (con especial atención a las universidades públicas colombianas).

Ser una ONGD que facilite la creación de redes entre Euskadi y Colombia generando sinergias entre Organizaciones, instituciones públicas y comunidades, encaminadas a la construcción de Paz, reivindicando el desmonte efectivo del paramilitarismo y la defensa de un Estado social y de Derecho con justicia social en Colombia.

OBJETIVOS GENERALES

1. Recuperar la Memoria Histórica en el contexto del conflicto colombiano, haciendo incidencia política y de análisis crítico de la violencia política en los espacios académicos donde se violenta sistemáticamente los Derechos Humanos de docentes, estudiantes y sindicalistas.

2. Estudiar y analizar la violencia política en Colombia, interpelando a la Comunidad Internacional en la producción de conocimiento crítico, que impulse nuevos estudios, debates y genere fortalecimiento organizativo de los docentes, estudiantes, víctimas, sindicalistas, mujeres, etc.

3. Acompañar a las víctimas, apoyando a sus procesos de base y organizaciones del exilio colombiano, facilitando canales de comunicación directa entre los espacios en el territorio colombiano y en el exterior. Desarrollar iniciativas de Eduacación para el Desarrollo y la transformación social visibilizando los procesos comunitarios colombianos en el ámbito académico, con perspetiva de género y étnica.

4. Vincular la Cooperación Internacional con la academia crítica desde un enfoque de Derechos Humanos y elaborando mecanismos de protección y acompañamiento a las víctimas y sus organizaciones en el marco del conflicto armado.

5. Divulgar y sensibilizar los resultados de las investigaciones, informes y publicaciones realizadas sobre Violencia Política, Paramilitarismo, Derechos Humanos, Memoria Histórica y Pensamiento Crítico.

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Jornadas de Memoria y Homenaje a las víctimas del franquismo en Caso

19/08/2019 por

Los vecinos del Alto Nalón recuerdan a sus familiares en el monolito de El Campu

En Caso se están celebrando este fín de semana las séptimas jornadas de Memoria y Homenaje a las víctimas del franquismo.

Un homenaje en el que se unen vecinos del Alto Nalón para recordar en el monolito de El Campu a sus familiares y vecinos que lucharon contra el régimen franquista.

Por séptimo año consecutivo concluido el acto, los asistentes tienen prevista una comida popular y conciertos durante toda la tarde.

La Asociación Estaya de la Memoria L’Altu Nalón, formada por familiares de personas represaliadas de los concejos de Caso, Sobrescobio y Laviana, decidió unirse hace casi una década para recordar a las víctimas del franquismo y a los que lucharon contra el fascismo.

Seguirán volviendo a este puente romano cada mes de agosto para que, dicen, se haga justicia. 

https://www.rtpa.es/asturias:Jornadas-de-Memoria-y-Homenaje-a-las-victimas-del-franquismo-en-Caso_111566145371.html
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Acto en Campu Caso: contra la impunidad, por la III República

19/08/2019 por

Un año mas La Estaya de la memoria l’Altu Nalon organizó las jornadas séptimas jornadas de Memoria en Campu Caso.

Las intervenciones finales de la mañana, a cargo de Marcelo Alvarez de La Estaya y de Arturo Peinado de la Federación Estatal de Foros por la memoria: 10 minutos de video que resumen perfectamente las reivindicaciones de la Memoria histórica antifascista

Discursos de la Estaya de La Memoria y la Federación de Foros en Casu, dentro de las Jornadas por la Memoria organizadas por La estaya del altu Nalon. Marayu a marayu 10 minutos para enmarcar.Gracies

Publicada por Asturias Famyr en Domingo, 18 de agosto de 2019

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Denuncian la «inacción» del Principado en la exhumación de las fosas comunes

13/08/2019 por

La «Federación Asturiana Memoria y República» considera que la Administración es quien debe encargarse del trabajo y no la sociedad civil, como hasta ahora

oviedo, g. rodríguez 13.08.2019 | 00:47

La Federación Asturiana Memoria y República (Famyr) quiere denunciar la inacción de la administración regional ante los trabajos de exhumación de las fosas comunes del franquismo realizadas en Asturias en las últimas semanas.

Famyr exige a la administración regional que se haga cargo de manera inmediata de la exhumación y «la posterior identificación de las víctimas del franquismo que están enterradas en las fosas comunes».

La entidad considera igualmente que los crímenes nunca deberían prescribir ni ser perdonados, por lo que es importante «preservar todas las pruebas de los mismos», aseguran. «La recuperación de lo acaecido pasa no solo por honrar la memoria de las víctimas, sino por hacerles justicia», alegan desde Famyr.

En cuanto a la naturaleza de los crímenes, consideran que «está ahí», de manera independiente de si «nuestros tribunales lo reconocen o prefieren considerar como válidas leyes de impunidad», como, recuerdan, la «Ley de Amnistía de 1977», que está «denunciada por Naciones Unidas y son contrarias al debido proceso y a los derechos de las víctimas».

Al ser considerado como «crimen internacional», aseguran que «su responsabilidad es establecida por el derecho internacional con independencia de la que pueda establecerse en derecho interno de los Estados». Esto es que, aunque no exista una pena impuesta por el derecho de cada Estado, no se exime de la responsabilidad en derecho internacional a quien cometiese crímenes en el régimen franquista.

En la federación afirman que «nos hemos dotado de una ley que, aun siendo mejorable, garantiza los derechos de la víctimas» pero piden que «el Gobierno regional ponga de inmediato las medidas necesarias para que no sea la sociedad civil quien siga haciendo el trabajo de la administración».

https://www.lne.es/asturias/2019/08/13/denuncian-inaccion-principado-exhumacion-fosas/2514944.html

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Exigen al Principado que se haga cargo de las exhumaciones de víctimas del franquismo

12/08/2019 por

La Federación Asturiana Memoria y República reclama al Gobierno asturiano que cumpla la ley aprobada en marzo, abra las fosas e identifique los cuerpos

Excavación de la fosa común de Parasimón

La Voz
redacción 12/08/2019 10:38 h

La Federación Asturiana Memoria y República (FAMYR) exige al nuevo Gobierno del Principado que, de manera inmediata, se haga cargo de las exhumaciones y la identificación de víctimas del franquismo enterradas en fosas comunes, siguiendo los procedimientos establecidos por el derecho internacional de derechos humanos, lo que supone con un marco judicial válido y con todas las garantías forenses. Esta reclamación se produce justo ahora porque en las últimas semanas se han iniciado varias aperturas de fosas privadas cuando Asturias cuenta con una ley propia desde el pasado mes de marzo.

Fosa común en Asturias

Asturias aprueba su ley de Memoria Democrática con el voto en contra de PP y Foro

«Dado que los asturianos nos hemos dotado de una ley que, aunque es mejorable, garantiza los derechos de las víctimas, es imprescindible que el Gobierno regional ponga de inmediato las medidas necesarias para que no sea la sociedad civil la que siga haciendo el trabajo que le compete a la administración», reivindica FAMYR. Considera que los recientes trabajos de exhumación en las fosas comunes del franquismo realizados en Asturias en las últimas semanas demuestran «la inacción de la administración regional ante tan graves sucesos».

El presidente de este colectivo, Juan Cigarría, recuerda que se trata de crímenes que ni prescriben ni se pueden amnistiar. Por eso considera importante preservar todas las pruebas tanto documentales, como testimoniales y materiales, ya que el objeto es honrar la memoria de las víctimas pero también hacerles justicia.

Cigarría cita párrafos literales de la La Ley de memoria histórica de Asturias aprobada en el parlamento asturiano el pasado 1 de marzo de 2019 y publicada en el de 8 de marzo para sostener sus argumentos. El artículo 8 de esa normativa habla de la localización e identificación de las víctimas y señala que «corresponde, sin perjuicio de las competencias de otras Administraciones y de las autoridades judiciales, a los órganos competentes de la Administración del Principado de Asturias el establecimiento de las medidas necesarias para la localización e identificación de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura franquista».

Los artículos 11 y 12 profundizan en esa idea. Es la Administración del Principado la que «procederá a la localización de las fosas comunes, así como a la identificación de los restos humanos que contengan, con las máximas garantías de preservación, y traslado a la autoridad judicial de las pruebas de los delitos que se hubieran podido cometer, así como de los derechos tanto de las víctimas como de sus familiares, asegurando la conservación de los objetos que se puedan encontrar». Especifica que cuando en los trabajos se localicen restos de desaparecidos lo pondrá en conocimiento del órgano judicial competente.

https://www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/2019/08/12/exigen-principado-haga-cargo-exhumaciones-victimas-franquismo/00031565597048237393202.htm?fbclid=IwAR3zbc_JeNcdHZ03uc-rmfNZtOMG69FmPIvk6RYzUkilB-aT4diBESRnvj0
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NO TODAS LAS VÍCTIMAS SON IGUALES

11/08/2019 por

Este verano, a ochenta años del golpe de estado, desencadenante de la Guerra de España, está resultando pródigo, no únicamente en conmemoraciones de diversos acontecimientos sucedidos en esas fechas, sino en declaraciones ponzoñosas por parte de herederos/as del régimen franquista y de acciones revanchistas contra las decisiones de los ayuntamientos democráticos en lo relativo al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica en materia de honores y denominaciones franquistas.

Así, los nombres de golpistas eliminados del callejero, vuelven, en varias localidades, a ser repuestos, en lo que constituye una burla cruel y macabra hacia sus víctimas.

En el ámbito de las declaraciones, (vuelta la mula al trigo) escuchamos de nuevo a los pregoneros de la suprema falacia ibérica afirmar y reafirmar, como si en los años cuarenta y cincuenta nos volviéramos a encontrar, las reiteradas mentiras acerca de la justificación del ataque al estado de derecho en julio de 1936, o, por otro lado, la versión más edulcorada, pero igual de falsa y mendaz, en cuanto a que “lo mismo hubo crímenes en uno que en otro lado” o a que “se nos quiere ofrecer, por la parte derrotada, una versión sesgada de la historia”.

Tengo ahora en mente a Pedro J. Ramírez y sus declaraciones radiofónicas acerca de la conmemoración del asesinato en el 5 de agosto de Las Trece Rosas; pero tengo, también, a quienes protestaron por la eliminación de los bustos de los asesinos Bastarreche y López Pinto y el monumento del yugo y las flechas en el municipio cartagenero, y a quienes dijeron en esa ocasión que “a ver si ahora van a quitar los nombres de los de un bando para poner a los del otro”, y recuerdo cuando, hace varios años, cierta persona me expuso la manera en que el hijo de sus cuñados, en una discusión con su padre, en la que se mostraba partidario del reconocimiento y reparación a las víctimas de la dictadura, respondió a lo que éste le planteó – que por qué no defendía lo mismo para los del otro bando que también fueron víctimas – que “ésos no lo necesitaban”. Y esta persona, que me lo contaba cargada de razones, para resaltar la parcialidad del chico, no daba crédito a que yo, una persona de edad cercana a la suya, a la que consideraba sensata e imparcial, le diera la razón al muchacho.

Voy a deciros algo:

Estoy harta de ser madura, sensata, educada e imparcial. Estoy harta de explicar las cosas con paciencia, de tratar de hacer pedagogía ante quienes sé que no me escuchan, que no atienden mis razones, y que no siguen el hilo de los razonamientos, por muy fundamentados que estén, porque hace ya mucho, pero que mucho tiempo que se apoltronaron en sus inamovibles posiciones.

Hace tiempo que dejé de esforzarme en discutir con quien no merece que invierta mi tiempo en ello, y por eso, lo que voy a exponer, no va dirigido a esa gente, sino a vosotras, a vosotros, que sí que estáis dispuestos a escuchar, a leer, a razonar antes de emitir un juicio. Y por si a alguien le viene bien refrescar un poco la memoria con algunos datos, traigo hasta aquí respuesta a esas afirmaciones acerca de que “todos fueron iguales” o de que “las mismas cosas hicieron los unos que los otros”

PRIMERO: Los muertos de los republicanos no fueron tratados del mismo modo que los muertos de los golpistas.

Una vez terminada la guerra, e incluso durante ella, el estado franquista se fijó como objetivos:

1: La búsqueda de sus muertos.

2: La exhumación, traslado e inhumación de sus combatientes muertos en campaña.

3: La búsqueda de sus desaparecidos.

4: La inscripción en el Registro Civil como fallecido o desaparecido de sus combatientes.

Mientras los vencedores llevaban a cabo medidas para poner en práctica estos objetivos, los combatientes republicanos caídos en combate, no sólo permanecieron en paradero desconocido, sino que ni siquiera se les concedió que sus familiares pudieran inscribirlos en el registro como tales.

En cuanto a los ejecutados, a los muertos por consecuencia de las torturas, a las víctimas de los paseíllos… ¿qué decir que se desconozca? Fosas comunes, enterramientos en cunetas, arrojados al mar, o trasladados sus cadáveres a Cuelgamuros sin permiso de sus allegados… todos los muertos no son iguales; y mientras que unos recibieron honores, otros, ni siquiera pudieron ser llorados en público por sus familiares; incluso en algunos casos, se negó su fallecimiento con el mayor descaro, con el mayor cinismo posible (véase, por ejemplo, en mi libro “El hijo del herrero” el caso de mi abuelo, en que, aun habiendo aparecido su cadáver, se continuó negando por las autoridades la evidencia de su muerte, alegando que había huido al extranjero, y acusando a mi abuela de farsante, de comediante, e incluso amenazándola con llevarla a la cárcel, junto con sus hijos, si no se quitaban el luto).

Pero volvamos a las medidas tomadas respecto a los muertos franquistas: al principio de la guerra, en ambos frentes se enterraba a los muertos en combate en algún cementerio de un pueblo próximo, salvo en el caso de un número elevado de bajas, en el que se utilizaban grandes fosas comunes, debidamente señalizadas, inhumaciones que se llevaban a cabo con todos los honores y procediendo a su correspondiente inscripción de la defunción en el Registro Civil (en caso de personajes notables –Durruti en el frente republicano, o Mola en el rebelde, por ejemplo – se trasladaban a sus lugares de origen donde se les organizaban funerales que eran auténticos actos de masas) pero el nuevo régimen adoptó otras medidas: la búsqueda de sus muertos era prioritaria , y para ello, bajo la supervisión de Serrano Súñer, y dependiendo del Ministerio de Interior, se puso en marcha el enorme aparato estatal de agitación y propaganda que supuso el “culto a los caídos”. En la medida en que los avatares de la guerra lo fueron permitiendo, y en los primeros momentos después de la victoria, dispusieron que los muertos en campaña fueran trasladados a sus lugares de origen, donde eran inhumados con todos los honores. Se dispusieron exenciones municipales por las inhumaciones, exhumaciones y traslado de los cadáveres de los combatientes franquistas, y las mayores facilidades para sus familiares; ningún impedimento legal para llevarlo a cabo. En el caso de las fosas comunes, por una Orden Ministerial de 23 de abril de 1940 (orden firmada por el cuñadísimo) se dispuso que se consideraran tierra sagrada, al cuidado de los ayuntamientos, a los que se les pedía que adoptaran las medidas necesarias para garantizar el respeto a los lugares en que reposaban los restos de las víctimas de la “revolución marxista”. Se trataba de un elemento más en la política de adoctrinamiento de las masas, de la que también formaron parte las beatificaciones y canonizaciones, los nombres de las vías y edificios públicos y la erección de monumentos, placas conmemorativas y concesión de honores (medallas de la ciudad, títulos de hijos predilectos, mayordomías de cofradías, etc…)

Y no acabó ahí todo: La orden de 23/4/40 suponía la obligatoriedad para los propietarios de los terrenos en que se encontraban las fosas comunes de los rebeldes de permitir su acotamiento sin derecho a indemnización, sin derecho a reclamación, y asimismo, los ayuntamientos tenían que rendir cuenta del cumplimiento de la Orden a los gobernadores civiles.

Reitero: todos los muertos no fueron iguales. Mientras que los familiares de los combatientes gubernamentales muertos ignoraban el paradero de su sepultura, mientras que los seres allegados a las víctimas de la represión a partir del 1 de abril de 1939, ignoraban el paradero de los restos de sus familiares, los denominados “caídos por Dios y por España” estuvieron localizados en todo momento por las autoridades, lo que suponía que, si en algún momento los familiares de los “mártires de la cruzada contra el marxismo” reclamaban sus restos, podían hacerlo sin ningún tipo de trabas.

El culto a los caídos supuso un elemento simbólico tan notable para el franquismo, que el caudilloporlagraciadedios invirtió la friolera de 353 millones de euros en honrarlos (la actualización a la economía presente de los 1.086,46 millones de pesetas de entonces).

Sus herederos alardean de no invertir ni un solo euro en subvencionar la búsqueda de las fosas comunes de los republicanos; los mismos que ironizan llamando buscahuesos a los miembros de las asociaciones memorialistas, los mismos que se refocilan llamando carcas a quienes “siempre están con la guerra del abuelo y la fosa de no sé quién” no tuvieron necesidad de que se publicara una Ley de Memoria Histórica de los vencedores; ya se la organizó el franquismo, sin reparar en gastos.

Todos los muertos no son iguales. En los registros no se inscribieron todas las muertes de los republicanos, a causa del miedo: miedo a tratar con los empleados del juzgado o del ayuntamiento; miedo a las represalias por ser familiar de “un rojo”; miedo a pedir a nadie que testificara sobre la muerte, para que no se comprometiera… y mientras que menos de la mitad de las muertes de republicanos se inscribieron, las autoridades ponían un escrupuloso cuidado en que la totalidad de sus desaparecidos y sus muertos se inscribieran en el censo, con la frase “Muerto gloriosamente por Dios y por España”

SEGUNDO: Los combatientes franquistas y sus familiares gozaron de una gran serie de prebendas económicas:

1: Pensiones para los familiares de civiles y militares.

2: Subsidios para las familias de combatientes civiles.

3: Subsidios para los excombatientes y sus familias.

4: Jornales, pensiones y privilegios para los miembros de la División Azul.

El franquismo se empleó a fondo para implantar en el país una nueva estructura socioeconómica tras la guerra, mediante privilegios, ayudas y prebendas para afectos y soldados “nacionales” y posiciones de dominio para los industriales y financieros que apoyaron la sublevación, mientras los republicanos veían esfumarse sus patrimonios a base de incautaciones.

La incautación de patrimonio, tierras y negocios a los derrotados se centralizó a partir de 1937 por la Comisión Central de Bienes Incautados; al mismo tiempo se sucedían las multas, destierros y otras sanciones, mientras se repartían privilegios a los vencedores.

Desde marzo de 1938, el artículo 16 del Fuero del Trabajo reservaba “a la juventud combatiente los puestos de trabajo de honor o de mando” a “los que tienen derecho como españoles y han conquistado como héroes”

El 13 de octubre de1939, apenas tomada posesión como jefe del Estado fascista, Franco firmó el decreto por el que se fijaron las normas para la concesión de pensiones a favor de los familiares de jefes, oficiales y clases del ejército desaparecidos con sospecha de que hubieran sido muertos por los republicanos, por un importe del 50 % del sueldo que con anterioridad disfrutara el causante. Esto quedó institucionalizado definitivamente según la O.M. de 29/4/1940, por la que se conceden pensiones a favor de los familiares de los militares desaparecidos.

Las pensiones para mutilados y familias de fallecidos, salían de la venta de tabaco, café y perfumes y de la venta de entradas a los espectáculos (se llevaban un 10%). A esto se sumó el reparto de viviendas y la reconstrucción, a cuenta del Estado, de los negocios dañados.

Además, se conceden subsidios para los combatientes civiles y los familiares de civiles afectos al régimen, y se toman medidas para garantizar a este colectivo el puesto de trabajo.

Así, hasta 1939 se reservaba el 80 % de los empleos públicos que se convocaran y de las vacantes de las empresas privadas para los excombatientes y sus familiares, para los heridos de guerra, familiares de los fallecidos en combate, excautivos y mutilados de guerra.

A partir de entonces, se reservó la mitad de los empleos para estos mismos colectivos; pero llegado un momento, había que hacer sitio también en los empleos públicos para sus hijos, por lo que, a partir de 1947, se redujo el porcentaje, quedando en una reserva del 28 % para los afectos al régimen. Y no quedó en esto, sino que se creó un nuevo filón de empleos, al dejar en exclusiva para los excombatientes y sus familias la concesión de los estancos, las gasolineras y las administraciones de lotería.

La Ley de 22 de julio de 1939 dice en su preámbulo: “La concesión de Administraciones de Loterías y de Expendedurías de productos monopolizados constituye uno de los medios adecuados para cumplir el deber de los que han luchado en los campos de batalla o sufrido más directamente las consecuencias de la guerra y de la barbarie enemiga. Es misión propia del Estado remediar así en lo posible las inevitables desigualdades producidas entre los españoles por dichas causas, procurando que aquéllas a quienes éstas afectaron con mayor intensidad, muchas veces por ser los que de modo más entusiasta y activo se unieron al Movimiento Nacional no carezcan de los recursos necesarios para su sostenimiento”. Y en su artículo 2º expresa: “Tendrán derecho de preferencia a las administraciones de Loterías y Expendedurías de la Compañía Arrendataria de Tabacos las viudas y huérfanas solteras de los fallecidos en el frente de batalla o a consecuencia de las heridas recibidas en el mismo; de los asesinados bajo dominación marxista por su adhesión a la Causa Nacional; o de los que prestaron al Movimiento relevantes servicios. Esta prelación se entenderá sin perjuicio de los derechos que puedan corresponder a los Mutilados de Guerra por la Patria, con arreglo a lo prevenido en el Reglamento de dicho Benemérito Cuerpo, aprobado por Decreto de 5 de abril de 1938”

Mientras tanto, los familiares de republicanos carecían de pensión, los represaliados perdieron su puesto de trabajo, y una multitud de familias quedó condenada a la mendicidad o, en el mejor de los casos, a vivir a expensa de la solidaridad de personas próximas que se encontraran con unas ligeras posibilidades por encima de las suyas. Miles de niños y niñas acudían a los comedores del Auxilio Social; un 60 % de las familias se vio obligado a vender las pocas pertenencias que les quedaran para poder sobrevivir, y muchas de ellas quedaron reducidas a la situación de pobres vergonzantes.

Si todos los muertos no eran iguales, todos los vivos eran menos iguales todavía.

Por eso, cuando pedimos reparación para las víctimas del franquismo, no estamos dispuestos a escuchar que todas ellas fueron/eran/son iguales; las suyas ya recibieron la reparación, ya recibieron los honores, ya fueron veneradas durante más de dos generaciones. Por eso, para todas las víctimas del franquismo, no dejaremos de pedir VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN, y garantías de NO REPETICIÓN.

Parte de estos datos extraídos de:

“La Memoria Histórica de los vencedores de la guerra civil”, de Mariano Maroto García (ciudadanosporelcambio.com)

“El régimen franquista adjudica a sus partidarios la venta de tabaco y loterías en Barcelona”, de Marc Pons (El Nacional.Cat)

“La otra victoria de los excombatientes: empleo y dinero en un país hambriento”, de Eduardo Bayona (Público)

 

https://enposidonia.blogspot.com/2019/08/no-todas-las-victimas-son-iguales.html?m=1&fbclid=IwAR2Czi-qNzgZQKTqoWsRAlclvq0r4_YEu1tlAfsxnzvXeeSM3qdOqej-tFcFacebooktwitterlinkedinrssyoutube

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