NO TODAS LAS VÍCTIMAS SON IGUALES
Este verano, a ochenta años del golpe de estado, desencadenante de la Guerra de España, está resultando pródigo, no únicamente en conmemoraciones de diversos acontecimientos sucedidos en esas fechas, sino en declaraciones ponzoñosas por parte de herederos/as del régimen franquista y de acciones revanchistas contra las decisiones de los ayuntamientos democráticos en lo relativo al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica en materia de honores y denominaciones franquistas.
Así, los nombres de golpistas eliminados del callejero, vuelven, en varias localidades, a ser repuestos, en lo que constituye una burla cruel y macabra hacia sus víctimas.
En el ámbito de las declaraciones, (vuelta la mula al trigo) escuchamos de nuevo a los pregoneros de la suprema falacia ibérica afirmar y reafirmar, como si en los años cuarenta y cincuenta nos volviéramos a encontrar, las reiteradas mentiras acerca de la justificación del ataque al estado de derecho en julio de 1936, o, por otro lado, la versión más edulcorada, pero igual de falsa y mendaz, en cuanto a que “lo mismo hubo crímenes en uno que en otro lado” o a que “se nos quiere ofrecer, por la parte derrotada, una versión sesgada de la historia”.
Tengo ahora en mente a Pedro J. Ramírez y sus declaraciones radiofónicas acerca de la conmemoración del asesinato en el 5 de agosto de Las Trece Rosas; pero tengo, también, a quienes protestaron por la eliminación de los bustos de los asesinos Bastarreche y López Pinto y el monumento del yugo y las flechas en el municipio cartagenero, y a quienes dijeron en esa ocasión que “a ver si ahora van a quitar los nombres de los de un bando para poner a los del otro”, y recuerdo cuando, hace varios años, cierta persona me expuso la manera en que el hijo de sus cuñados, en una discusión con su padre, en la que se mostraba partidario del reconocimiento y reparación a las víctimas de la dictadura, respondió a lo que éste le planteó – que por qué no defendía lo mismo para los del otro bando que también fueron víctimas – que “ésos no lo necesitaban”. Y esta persona, que me lo contaba cargada de razones, para resaltar la parcialidad del chico, no daba crédito a que yo, una persona de edad cercana a la suya, a la que consideraba sensata e imparcial, le diera la razón al muchacho.
Voy a deciros algo:
Estoy harta de ser madura, sensata, educada e imparcial. Estoy harta de explicar las cosas con paciencia, de tratar de hacer pedagogía ante quienes sé que no me escuchan, que no atienden mis razones, y que no siguen el hilo de los razonamientos, por muy fundamentados que estén, porque hace ya mucho, pero que mucho tiempo que se apoltronaron en sus inamovibles posiciones.
Hace tiempo que dejé de esforzarme en discutir con quien no merece que invierta mi tiempo en ello, y por eso, lo que voy a exponer, no va dirigido a esa gente, sino a vosotras, a vosotros, que sí que estáis dispuestos a escuchar, a leer, a razonar antes de emitir un juicio. Y por si a alguien le viene bien refrescar un poco la memoria con algunos datos, traigo hasta aquí respuesta a esas afirmaciones acerca de que “todos fueron iguales” o de que “las mismas cosas hicieron los unos que los otros”
PRIMERO: Los muertos de los republicanos no fueron tratados del mismo modo que los muertos de los golpistas.
Una vez terminada la guerra, e incluso durante ella, el estado franquista se fijó como objetivos:
1: La búsqueda de sus muertos.
2: La exhumación, traslado e inhumación de sus combatientes muertos en campaña.
3: La búsqueda de sus desaparecidos.
4: La inscripción en el Registro Civil como fallecido o desaparecido de sus combatientes.
Mientras los vencedores llevaban a cabo medidas para poner en práctica estos objetivos, los combatientes republicanos caídos en combate, no sólo permanecieron en paradero desconocido, sino que ni siquiera se les concedió que sus familiares pudieran inscribirlos en el registro como tales.
En cuanto a los ejecutados, a los muertos por consecuencia de las torturas, a las víctimas de los paseíllos… ¿qué decir que se desconozca? Fosas comunes, enterramientos en cunetas, arrojados al mar, o trasladados sus cadáveres a Cuelgamuros sin permiso de sus allegados… todos los muertos no son iguales; y mientras que unos recibieron honores, otros, ni siquiera pudieron ser llorados en público por sus familiares; incluso en algunos casos, se negó su fallecimiento con el mayor descaro, con el mayor cinismo posible (véase, por ejemplo, en mi libro “El hijo del herrero” el caso de mi abuelo, en que, aun habiendo aparecido su cadáver, se continuó negando por las autoridades la evidencia de su muerte, alegando que había huido al extranjero, y acusando a mi abuela de farsante, de comediante, e incluso amenazándola con llevarla a la cárcel, junto con sus hijos, si no se quitaban el luto).
Pero volvamos a las medidas tomadas respecto a los muertos franquistas: al principio de la guerra, en ambos frentes se enterraba a los muertos en combate en algún cementerio de un pueblo próximo, salvo en el caso de un número elevado de bajas, en el que se utilizaban grandes fosas comunes, debidamente señalizadas, inhumaciones que se llevaban a cabo con todos los honores y procediendo a su correspondiente inscripción de la defunción en el Registro Civil (en caso de personajes notables –Durruti en el frente republicano, o Mola en el rebelde, por ejemplo – se trasladaban a sus lugares de origen donde se les organizaban funerales que eran auténticos actos de masas) pero el nuevo régimen adoptó otras medidas: la búsqueda de sus muertos era prioritaria , y para ello, bajo la supervisión de Serrano Súñer, y dependiendo del Ministerio de Interior, se puso en marcha el enorme aparato estatal de agitación y propaganda que supuso el “culto a los caídos”. En la medida en que los avatares de la guerra lo fueron permitiendo, y en los primeros momentos después de la victoria, dispusieron que los muertos en campaña fueran trasladados a sus lugares de origen, donde eran inhumados con todos los honores. Se dispusieron exenciones municipales por las inhumaciones, exhumaciones y traslado de los cadáveres de los combatientes franquistas, y las mayores facilidades para sus familiares; ningún impedimento legal para llevarlo a cabo. En el caso de las fosas comunes, por una Orden Ministerial de 23 de abril de 1940 (orden firmada por el cuñadísimo) se dispuso que se consideraran tierra sagrada, al cuidado de los ayuntamientos, a los que se les pedía que adoptaran las medidas necesarias para garantizar el respeto a los lugares en que reposaban los restos de las víctimas de la “revolución marxista”. Se trataba de un elemento más en la política de adoctrinamiento de las masas, de la que también formaron parte las beatificaciones y canonizaciones, los nombres de las vías y edificios públicos y la erección de monumentos, placas conmemorativas y concesión de honores (medallas de la ciudad, títulos de hijos predilectos, mayordomías de cofradías, etc…)
Y no acabó ahí todo: La orden de 23/4/40 suponía la obligatoriedad para los propietarios de los terrenos en que se encontraban las fosas comunes de los rebeldes de permitir su acotamiento sin derecho a indemnización, sin derecho a reclamación, y asimismo, los ayuntamientos tenían que rendir cuenta del cumplimiento de la Orden a los gobernadores civiles.
Reitero: todos los muertos no fueron iguales. Mientras que los familiares de los combatientes gubernamentales muertos ignoraban el paradero de su sepultura, mientras que los seres allegados a las víctimas de la represión a partir del 1 de abril de 1939, ignoraban el paradero de los restos de sus familiares, los denominados “caídos por Dios y por España” estuvieron localizados en todo momento por las autoridades, lo que suponía que, si en algún momento los familiares de los “mártires de la cruzada contra el marxismo” reclamaban sus restos, podían hacerlo sin ningún tipo de trabas.
El culto a los caídos supuso un elemento simbólico tan notable para el franquismo, que el caudilloporlagraciadedios invirtió la friolera de 353 millones de euros en honrarlos (la actualización a la economía presente de los 1.086,46 millones de pesetas de entonces).
Sus herederos alardean de no invertir ni un solo euro en subvencionar la búsqueda de las fosas comunes de los republicanos; los mismos que ironizan llamando buscahuesos a los miembros de las asociaciones memorialistas, los mismos que se refocilan llamando carcas a quienes “siempre están con la guerra del abuelo y la fosa de no sé quién” no tuvieron necesidad de que se publicara una Ley de Memoria Histórica de los vencedores; ya se la organizó el franquismo, sin reparar en gastos.
Todos los muertos no son iguales. En los registros no se inscribieron todas las muertes de los republicanos, a causa del miedo: miedo a tratar con los empleados del juzgado o del ayuntamiento; miedo a las represalias por ser familiar de “un rojo”; miedo a pedir a nadie que testificara sobre la muerte, para que no se comprometiera… y mientras que menos de la mitad de las muertes de republicanos se inscribieron, las autoridades ponían un escrupuloso cuidado en que la totalidad de sus desaparecidos y sus muertos se inscribieran en el censo, con la frase “Muerto gloriosamente por Dios y por España”
SEGUNDO: Los combatientes franquistas y sus familiares gozaron de una gran serie de prebendas económicas:
1: Pensiones para los familiares de civiles y militares.
2: Subsidios para las familias de combatientes civiles.
3: Subsidios para los excombatientes y sus familias.
4: Jornales, pensiones y privilegios para los miembros de la División Azul.
El franquismo se empleó a fondo para implantar en el país una nueva estructura socioeconómica tras la guerra, mediante privilegios, ayudas y prebendas para afectos y soldados “nacionales” y posiciones de dominio para los industriales y financieros que apoyaron la sublevación, mientras los republicanos veían esfumarse sus patrimonios a base de incautaciones.
La incautación de patrimonio, tierras y negocios a los derrotados se centralizó a partir de 1937 por la Comisión Central de Bienes Incautados; al mismo tiempo se sucedían las multas, destierros y otras sanciones, mientras se repartían privilegios a los vencedores.
Desde marzo de 1938, el artículo 16 del Fuero del Trabajo reservaba “a la juventud combatiente los puestos de trabajo de honor o de mando” a “los que tienen derecho como españoles y han conquistado como héroes”
El 13 de octubre de1939, apenas tomada posesión como jefe del Estado fascista, Franco firmó el decreto por el que se fijaron las normas para la concesión de pensiones a favor de los familiares de jefes, oficiales y clases del ejército desaparecidos con sospecha de que hubieran sido muertos por los republicanos, por un importe del 50 % del sueldo que con anterioridad disfrutara el causante. Esto quedó institucionalizado definitivamente según la O.M. de 29/4/1940, por la que se conceden pensiones a favor de los familiares de los militares desaparecidos.
Las pensiones para mutilados y familias de fallecidos, salían de la venta de tabaco, café y perfumes y de la venta de entradas a los espectáculos (se llevaban un 10%). A esto se sumó el reparto de viviendas y la reconstrucción, a cuenta del Estado, de los negocios dañados.
Además, se conceden subsidios para los combatientes civiles y los familiares de civiles afectos al régimen, y se toman medidas para garantizar a este colectivo el puesto de trabajo.
Así, hasta 1939 se reservaba el 80 % de los empleos públicos que se convocaran y de las vacantes de las empresas privadas para los excombatientes y sus familiares, para los heridos de guerra, familiares de los fallecidos en combate, excautivos y mutilados de guerra.
A partir de entonces, se reservó la mitad de los empleos para estos mismos colectivos; pero llegado un momento, había que hacer sitio también en los empleos públicos para sus hijos, por lo que, a partir de 1947, se redujo el porcentaje, quedando en una reserva del 28 % para los afectos al régimen. Y no quedó en esto, sino que se creó un nuevo filón de empleos, al dejar en exclusiva para los excombatientes y sus familias la concesión de los estancos, las gasolineras y las administraciones de lotería.
La Ley de 22 de julio de 1939 dice en su preámbulo: “La concesión de Administraciones de Loterías y de Expendedurías de productos monopolizados constituye uno de los medios adecuados para cumplir el deber de los que han luchado en los campos de batalla o sufrido más directamente las consecuencias de la guerra y de la barbarie enemiga. Es misión propia del Estado remediar así en lo posible las inevitables desigualdades producidas entre los españoles por dichas causas, procurando que aquéllas a quienes éstas afectaron con mayor intensidad, muchas veces por ser los que de modo más entusiasta y activo se unieron al Movimiento Nacional no carezcan de los recursos necesarios para su sostenimiento”. Y en su artículo 2º expresa: “Tendrán derecho de preferencia a las administraciones de Loterías y Expendedurías de la Compañía Arrendataria de Tabacos las viudas y huérfanas solteras de los fallecidos en el frente de batalla o a consecuencia de las heridas recibidas en el mismo; de los asesinados bajo dominación marxista por su adhesión a la Causa Nacional; o de los que prestaron al Movimiento relevantes servicios. Esta prelación se entenderá sin perjuicio de los derechos que puedan corresponder a los Mutilados de Guerra por la Patria, con arreglo a lo prevenido en el Reglamento de dicho Benemérito Cuerpo, aprobado por Decreto de 5 de abril de 1938”
Mientras tanto, los familiares de republicanos carecían de pensión, los represaliados perdieron su puesto de trabajo, y una multitud de familias quedó condenada a la mendicidad o, en el mejor de los casos, a vivir a expensa de la solidaridad de personas próximas que se encontraran con unas ligeras posibilidades por encima de las suyas. Miles de niños y niñas acudían a los comedores del Auxilio Social; un 60 % de las familias se vio obligado a vender las pocas pertenencias que les quedaran para poder sobrevivir, y muchas de ellas quedaron reducidas a la situación de pobres vergonzantes.
Si todos los muertos no eran iguales, todos los vivos eran menos iguales todavía.
Por eso, cuando pedimos reparación para las víctimas del franquismo, no estamos dispuestos a escuchar que todas ellas fueron/eran/son iguales; las suyas ya recibieron la reparación, ya recibieron los honores, ya fueron veneradas durante más de dos generaciones. Por eso, para todas las víctimas del franquismo, no dejaremos de pedir VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN, y garantías de NO REPETICIÓN.
Parte de estos datos extraídos de:
“La Memoria Histórica de los vencedores de la guerra civil”, de Mariano Maroto García (ciudadanosporelcambio.com)
“El régimen franquista adjudica a sus partidarios la venta de tabaco y loterías en Barcelona”, de Marc Pons (El Nacional.Cat)
“La otra victoria de los excombatientes: empleo y dinero en un país hambriento”, de Eduardo Bayona (Público)
https://enposidonia.blogspot.com/2019/08/no-todas-las-victimas-son-iguales.html?m=1&fbclid=IwAR2Czi-qNzgZQKTqoWsRAlclvq0r4_YEu1tlAfsxnzvXeeSM3qdOqej-tFc
