¿Un falangista puede dar su nombre a un colegio público?. El colegio Julián Gómez Elisburu, en el punto de mira de la memoria histórica

19/04/2018 por

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Por la izquierda, la historiadora Carmen García (Universidad de Oviedo), Daniel Bayón (FACC), Consuelo Tello (asesora técnica de memoria histórica del Principado), Encarnación Vicente (directora general de Justicia), Guillermo Martínez (consejero de Presidencia), Otilia Requejo (directora general de Patrimonio) y Concepción Paredes (directora del Archivo Histórico de Asturias), durante la reunión. /  ARMANDO ÁLVAREZ
Por la izquierda, la historiadora Carmen García (Universidad de Oviedo), Daniel Bayón (FACC), Consuelo Tello (asesora técnica de memoria histórica del Principado), Encarnación Vicente (directora general de Justicia), Guillermo Martínez (consejero de Presidencia), Otilia Requejo (directora general de Patrimonio) y Concepción Paredes (directora del Archivo Histórico de Asturias), durante la reunión. / ARMANDO ÁLVAREZ

El Principado elabora un catálogo con 89 vestigios franquistas y recomienda mantener el escudo de la Laboral, mientras que la denominación del centro educativo genera dudas

A. VILLACORTA GIJÓN.

El escudo franquista que preside la Universidad Laboral de Gijón debe pertenecer en su sitio, al tiempo que se descarta también la colocación de una placa o panel informativo que explique su origen. Esa es una de las conclusiones a las que han llegado los especialistas que forman parte de la comisión de expertos en memoria histórica que, a instancias del Gobierno del Principado, acaban de elaborar un borrador del catálogo de vestigios y huellas de la guerra civil y la represión franquista. Un mapa preliminar en el que se han detectado 89 de estos símbolos en Asturias y en el que no ha corrido, en cambio, la misma suerte el colegio público Julián Gómez Elisburu, enclavado en el barrio gijonés de Pumarín, ya que los especialistas albergan «serias dudas» sobre si el centro educativo debe conservar o no el nombre de «un insigne falangista», según han denunciado ya representantes del Ateneo Obrero de Gijón, la Federación Asturiana Memoria y República y la Asociación Lázaro Cárdenas, unidos en la Plataforma Memorialista de Xixón.

El borrador fue presentado ayer tras una reunión de una comisión en la que están presentes la Universidad de Oviedo, el Archivo Histórico de Asturias o la Federación Asturiana de Concejos y que ha establecido una clasificación con once categorías, en las que «los nombres de calles y las placas de viviendas son las que suman más elementos». Pero también relieves, grabados, inscripciones y grandes letreros de la obra sindical del hogar y similares; otras placas y elementos arquitectónicos para el culto a los mártires y caídos; cruces; vítor o víctor; escudos; cuadros de cargos públicos del franquismo y designaciones de hijos adoptivos o predilectos y concesión de medallas.

«Este listado es el primer paso, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, para establecer las recomendaciones de actuación sobre los elementos identificados, que pasan por la retirada en la mayor parte de los casos», afirmó ayer el consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, sobre un proceso que el Principado inició pidiendo colaboración a todos los ayuntamientos asturianos.

Fue entonces cuando la mayor parte remitieron información por escrito sobre las huellas de la represión franquista en sus territorios, aunque no todos lo hicieron de buen grado: hubo diez concejos insumisos a los que tuvieron que requerir los datos telefónicamente. Y, finalmente, «todos accedieron a colaborar», apuntó la directora general de Justicia, Encarnación Vicente, quien precisó, no obstante, que «hay algunos como El Franco, Degaña, Castropol o Las Regueras a los que no les consta ninguno de estos vestigios».

Así que, a partir de ahora, «dada la amplia casuística» que impide «establecer criterios genéricos», la tarea de los expertos será «hacer recomendaciones a los municipios, toda vez que la comisión carece de capacidad para obligar a retirar los símbolos, una decisión que es competencia municipal o, en su caso, de la Iglesia, ya que varios de ellos están en templos, lápidas o muros de cementerios».

Además, en aquellos vestigios en inmuebles declarados Bien de Interés Cultural -añaden- como la Universidad Laboral, «deberá analizarse su significado histórico y arquitectónico, su valor artístico y el riesgo que podría suponer su retirada para la estabilidad de la construcción».

Otros casos en los que se recomendará mantener las huellas del franquismo -precisó Vicente- son, «por ejemplo, unos grafitis presentes en las celdas de los juzgados de Cangas del Narcea, un escudo colocado en una vivienda como premio a la natalidad de 1952, en el mismo concejo, o el de la Colegiata de Nuestra Señora de Covadonga». Mientras que, en el caso de la símbología presente en la Universidad, deberán aguardar a que la institución académica concluya su propio listado y en otros como la calle Calvo Sotelo de Tineo «se estudiará el valor de la placa, elaborada por un ceramista toledano» .

El Principado -que podría incorporar otro epígrafe para elementos defensivos y que tendrá el catálogo definitivo en junio- estudia también ahora elaborar «un segundo listado de lugares de la memoria histórica», además de contratar la elaboración de una base de datos para trasladarla a una web interactiva y de acceso abierto. Así, cualquiera podría consultar los símbolos, su ubicación y tipología, además de visualizarlos en imágenes, actualizándose en el caso de que se localicen nuevas huellas o, como dicta la ley, se eliminen.

http://www.elcomercio.es/gijon/colegio-julian-gomez-20180418001218-ntvo.html

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