Javier Fernández Fernández, con la placa colocada en memoria de «los cinco de la fosa de Ciaño». LNE

Langreo, L. FERNÁNDEZ Más de diez años ha dedicado Javier Fernández Fernández a las investigaciones sobre «los cinco de la fosa Ciaño», cuyos restos yacen bajo la plaza de abastos local tras haber sido fusilados por las tropas franquistas hace casi ocho décadas. Su rastreo por juzgados y archivos para documentar su identificación y la posterior búsqueda de familiares permitieron en julio pasado rendir homenaje a la memoria de Pablo del Blanco Llamas, Manuel Duarte Rozas, Alfredo Fernández Canga, José María Suárez Fernández y Eduardo Gallo Fuertes, y colocar una placa en honor de quienes fueron nombrados, a título póstumo, ciudadanos ejemplares por el ayuntamiento de Langreo.

Los cinco fueron detenidos en 90 horas, el primero el 29 de octubre de 1937 y los otros cuatro el 2 de noviembre. Quince días después se les condena a muerte en dos consejos de guerra celebrados en la sala de plenos del ayuntamiento de Langreo y el 10 de diciembre, a las 7 de la mañana, acaban fusilados junto a la tapia del viejo cementerio de Ciaño y enterrados donde en la década de los sesenta se levantó la plaza de abastos. Un pelotón pone fin a sus vidas a menos de 40 días de haber sido apresados. Javier Fernández reproduce en un libro decenas de documentos: desde sus partidas de nacimiento a sus certificados de defunción, pasando por las actas de denuncias e interrogatorios, los sumarísimos de urgencia, consejos de guerra y condenas a muerte.

En 2005, durante una comida familiar, Fernández se compromete a hacer realidad el sueño de su suegra de «ver una placa con el nombre de mi padre». Sin demora, este jubilado que trabajó con una subcontrata por distintos pozos mineros, inicia su inmersión en juzgados y archivos municipales, eclesiásticos y militares de Asturias, el Ferrol y Salamanca. El objetivo es doble: probar que en la fosa yacen los restos del abuelo de su mujer y un amigo, y, además, poner nombre a los otros tres que acabaron ante el mismo pelotón de fusilamiento.

Nada más empezar en el Registro Civil de Langreo «doy con los certificados de defunción» de Duarte y Del Blanco, los dos fusilados, de los que, por testimonios de sus familias, se tenía la certeza de que estaban en la fosa. Es el primer paso, hasta que a final de mayo de 2005, al revisar las fotocopias de 700 documentos del juzgado, aparece el certificado de Alfredo Fernández Canga, de Mieres y domiciliado en El Puente, La Felguera. Con su partida de nacimiento y los datos de sus padres, el investigador logra la identidad de la viuda.

Treinta y nueve años, esposa y cuatro hijos tenía Pablo del Blanco cuando fue fusilado. Originario de León, vivía en Ciaño y trabajaba de minero en Carbones Asturianos. Afiliado al PCE, había luchado como miliciano hasta que el 20 de octubre vuelve con su familia. Trece días después un grupo de falangistas lo detiene en su casa. Se le abre proceso sumarísimo y el 17 de noviembre es condenado a muerte en el mismo consejo de guerra que Manuel Duarte, minero de 50 años, casado y con 8 hijos. Procedente de Llanera y militante del PSOE y del SOMA, Duarte llegó a ser capitán de milicias.

En 1962 durante las excavaciones para hacer la plaza de abastos se da con la fosa. Javier Fernández cuenta lo sucedido: «La viuda de Duarte y mi suegra reconocieron las chirucas de Manuel. El otro identificado fue Canga (tenía una pierna de madera) porque faltaba una tibia y un peroné. A estos dos se les podía haber dado sepultura, pero el cura mandó seguir echando hormigón tras decir que, si estaban allí, algo habrían hecho».

De 42 años, casado y con cinco hijos, Canga tenía una pequeña empresa de autobuses; al estallar la guerra, llevar milicianos al frente y presos a Mieres. Era del PSOE y socio de la Patronal del Transporte de Oviedo. Detenido en la misma fecha que Del Blanco y Duarte (el 2 de noviembre), acaba condenado a muerte junto a José María Suárez.

Aunque los documentos vitales para el arranque de las investigaciones están en Langreo, Fernández tropieza con dos problemas: el material anterior a los años cincuenta sigue sin digitalizar y los papeles carecen del mínimo orden porque no están clasificados.

Día tras día pasa tres largos años cotejando actas hasta llegar en 2008 al certificado de defunción con el que identifica a José María Suárez, el cuarto de los fusilados. En Cabañaquinta indaga sobre la familia de este anarquista nacido en Moreda. Suárez residía en Sama donde daba clases particulares. Tenía 31 años y estaba casado cuando el pelotón de fusilamiento segó su vida. Javier Fernández dio con su hija, Sara María, al descubrir en el Archivo Militar de Ferrol una solicitud de pensión de viuda de guerra para su madre. Sara emigró a Francia.

Las investigaciones se demoran ocho años más. En diciembre de 2015 Javier Fernández da con el documento que le permite poner nombre y apellidos al quinto de la fosa de Ciaño, Eduardo Gallo. Un mes después, en enero de 2016, entre un mar de papeles sobre los fusilamientos de finales de 1937, realiza el hallazgo clave: los escritos sobre cinco ejecuciones del 10 de diciembre registradas desde las siete de la mañana con intervalos de cinco minutos.

Tras dejar la fuerza de seguridad rural de Cabranes y regresar con su esposa a Sama, Eduardo Gallo, de 43 años y oficinista afiliado a UGT, es detenido el 29 de octubre de 1937 en la vivienda de su amigo José Álvarez y encarcelado hasta que el 17 de noviembre se le condena a muerte junto a Del Blanco y Duarte. Nacido en Tineo, Gallo malvive en Oviedo hasta que en 1936 se traslada a Sama, donde Álvarez, que lo conoció en Cuba, lo contrata de contable en su bar y le hospeda.

Fernández sostiene que Gallo, Canga y Suárez no tenían ninguna conexión entre sí ni tampoco con Del Blanco y Duarte, los únicos que se conocían por ser vecinos. «Los cinco coincidieron en el fusilamiento», debido a que «sus sentencias llegaron en la misma valija», apunta. Por eso, «entraron en capilla a las cinco de la mañana del 10 de diciembre de 1937 y en el vehículo que les trasladó ante el pelotón seguramente fue donde pudieron hablar entre ellos por primera vez».

Un consejo de guerra dictó pena de muerte para Del Blanco, Duarte y Gallo y otro decretó el envío al paredón de Canga y Suárez aquel siniestro 17 de noviembre en la sala de plenos de Sama. Según Fernández, la indagación más complicada fue la de Gallo. Con las copias de los consejos de guerra del Archivo Militar de El Ferrol y la ayuda de Paco Bárcena, exalcalde de Tineo, el investigador llega Folgueras de Cornás, el pueblo natal de Eduardo. Gracias al cura obtiene los papeles de la familia. Ese hilo le lleva a Maribel y Elena, dos sobrinas que viven en Oviedo y a una prima de éstas, Lidia, internada en un geriátrico del Naranco. «Los hijos de Eduardo, si existen, están en Cuba», afirma el investigador.

Desde 2010 hasta este año duraron las visitas a Ferrol en busca de papeles de los consejos de guerra. En los diez último años, Fernández ha hecho un largo peregrinaje por 15 registros civiles y archivos municipales y eclesiásticos en Langreo, Llanera, Mieres, Cabañaquinta, Tineo, Villayón, Pravia, Salas y Oviedo, «Esto me costó mucho dinero y trabajo. Pero mereció la pena: la emoción del homenaje a los cinco, 28.695 días después de su fusilamiento, lo compensó todo», concluye.