El Ejecutivo asturiano se declara obligado por esta ley a adoptar las medidas necesarias para eliminar los símbolos de la exaltación de la dictadura de Franco. Es la primera comunidad autónoma que lo manifiesta en una respuesta formal.

Una respuesta a la solicitud de aplicación que registró el 18 de julio pasado el abogado Eduardo Ranz. Según el propio Principado, se va a requerir a los ayuntamientos de Gijón y Oviedo para que cumplan la ley. De no hacerlo, ambos municipios podrían ver reducidas y anuladas las ayudas públicas que reciben del propio gobierno regional.

De la misma forma, se insta al resto de corporaciones municipales de Asturias a que activen la elaboración de un catálogo de vestigios así como un mapa de las fosas donde reposan las víctimas de la dictadura. Este mapa de la infamia será coordinado por la Universidad de Oviedo.

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