CRIMENES CONTRA LA HUMANIDAD
Gijón, 23 de septiembre de 2009
En relación a la reunión mantenida en Oviedo el día de hoy por FAMYR con la responsable de la Oficina para las Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura del Ministerio de Justicia, Margarita Temprano quiere manifestar que:
– FAMYR manifiesta su completo rechazo y su mas rotunda oposición a que el mapa de fosas comunes de Asturias se haga público. Es necesario recordar que las fosas comunes del franquismo son pruebas de los crímenes contra la humanidad y como tales deben ser protegidas por las instancias judiciales pertinentes. No son bienes de interés cultural ni ninguna otra figura símbólica.
– Su publicación supondrá poner en grave riesgo su conservación como pruebas judiciales y el riesgo de atentados de grupos fascistas.
– FAMYR, formada por 5 asociaciones asturianas, manifiesta su disposición a una completa colaboración con las autoridades judiciales para aportarles toda la información disponible en dicho sentido. Asimismo reitera su solicitud a que se convoque, de una vez, la tan anunciada Comisión Regional de la Memoria.
– Tal y como venimos manifestando junto con la mayor parte de las asociaciones de la memoria de España y organismos internacionales de derechos humanos, lamentamos y denunciamos que el Estado español siga sin cumplir sus obligaciones derivadas del derecho penal internacional para con las víctimas del franquismo en España. La denominada “Ley de la memoria” considera legales la leyes franquistas con lo que ha venido a agravar la indefensión de las víctimas y ha fortalecer el modelo español de impunidad.
Como hemos visto en días pasado con la solicitud de extradición de los nazis a España efectuada por la Audiencia nacional, es incomprensible para cualquier ciudadano que la justicia española pueda juzgar a los responsables extranjeros del exterminio, asesinato y otros delitos graves contra nacionales españoles en el extranjero bajo el tipo penal de Crímenes contra la Humanidad, y sin embargo los mismos delitos cometidos por españoles contra nacionales españoles en territorio español permanezcan fuera de la jurisdicción y competencia de la justicia.
