LAS REACCIONES AL GRAN PACTO SOCIAL POR LA MEMORIA HISTORICA EN ASTURIAS.
Las familias plantean que la exhumación de las fosas dependa solo de los jueces
Los colectivos asturianos se decantan por una tutela judicial que blinde la validez de pruebas.Todos los Nombres apoya una ley regional que «ate cabos sueltos y vaya una paso más allá».
26/05/2009 NIDIA FERNANDEZ
Los jueces serán los mejores árbitros para determinar qué fosas comunes han de levantarse, cómo y cuándo. Los colectivos vinculados en Asturias a los trabajos para la recuperación de la memoria histórica prefieren que sean los tribunales y no los gobiernos de turno los que decidan cómo ha de afrontarse la exhumación de las fosas comunes de la guerra civil y el franquismo.
La tutela judicial otorga toda la legitimidad al proceso, asegura una imparcialidad que no dependa de colores políticos y, sobre todo, garantiza la validez de todas las pruebas que se encuentren en los enterramientos para poder uso de ellas en un futurible juicio. El borrador de decreto que el Principado ha recibido del Ministerio de Presidencia otorga la competencia de decisión a las comunidades autónomas.
Las organizaciones valoran positivamente la idea de fraguar un gran pacto social sobre memoria Histórica dentro del Principado, pero puntualizan que el compromiso de ejecutar las exhumaciones han de llevarlo adelante los gobierno estatal y regional. En el caso de Todos los Nombres el investigador y expresidente Luis Miguel Cuervo explicó que son partidarios de que el Principado impulse su propia ley de memoria histórica «para atar los cabos sueltos de la estatal e ir un paso más allá». Citó como referencias los casos de Andalucía, Cataluña y País Vasco, que están ultimando sus textos.
Desde la Federación Memoria y República, que agrupa a varios colectivos de toda la región, Javier de la Fuente insiste en que han de ser los jueces los que decreten cada exhumación y garanticen «la validez de todas las pruebas durante el proceso». El tribunal actúa después de haber recibido la pertinente denuncia «y desde luego también las administraciones públicas si poseen las pruebas suficientes podrían denunciar y reclamar las pertinentes exhumaciones», explica.
EL PROTOCOLO Las asociaciones de la memoria histórica ya han mantenido contactos con los responsables de la Consejería de Bienestar Social que se hacen cargo de estos asuntos y están al corriente de las propuestas de normativa legal y mecanismos de intervención que ha propuesto el Ministerio de Presidencia.
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El Principado disiente por falta de compromisos financieros y en algunas de las exigencias de los protocolos de intervención. En este sentido, De la Fuente ha planteado a los responsables regionales la idea de instaurar el protocolo de intervención aprobado por la ONU. Es el sistema que por ejemplo aplica el ejército español en el levantamiento de fosas en la antigua Yugoslavia «y tiene validez y respaldo jurídico en toda Europa por eso nos parece el más indicado». En fechas próximas, estudiarán las diferencias entre este procedimiento y el que propone el gobierno español.
