La disputa sobre la Ley de Amnistia hoy o el Carrillismo 2.0

23/11/2013 por

 

En recuerdo de Emilio Alonso, ejemplo de republicano y hombre de bien, de los que nunca se rindió y siempre llamó a las cosas por su nombre

Pedro A. García Bilbao / Foro por la memoria de Guadalajara

La Ley de Amnistía ha sido denunciada por Naciones Unidas en variadas ocasiones. En 2009, su Comisión contra la Tortura al igual que el Comité de Derechos Humanos, consideraron que debía ser derogada por entender que estaba en contradicción contra la legislación internacional en esos campos; en septiembre de 2010, el Grupo de trabajo de Desapariciones Forzadas manifestó que la ley de Amnistía española chocaba contra los derechos de las víctimas y que debía ser anulada, enviando posteriormente una comisión a España en septiembre de 2013 que volvió a cuestionar seriamente la citada ley. Por su parte, organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han expresado en fecha reciente su consideración de que la Ley de Amnistía supone un freno a la acción de la justicia en la persecución de crímenes de lesa humanidad cometidos en España durante la dictadura.

No son solamente organizaciones internacionales u ONG del campo humanitario y de derechos humanos. La jueza argentina que lleva el caso conocido como «Querella argentina» presentó ante las autoridades españolas demandas de extradición contra varios miembros de la policia franquista acusados de diversos delitos y la respuesta de la Fiscalía española fue apelar a la Ley de Amnistía. Las extradiciones no se han producido, han sido frenadas con el claro empleo de esa ley. En el parlamento español, diversas iniciativas de diputados de izquierda para obtener apoyo a las víctimas y condena a los crímenes franquistas, se han encontrado con que el gobierno justifica su negativa a actuar apelando a la ley de amnistía. No estamos ante «opiniones» sobre la conveniencia o no de hacer algo con esa ley, sino que podemos constatar que la Justicia española acude a ella para frenar o impedir que se avance en estos casos; esto no es una opinión, es un dato.

¿Le puede resultar extraño a alguien que la Ley de Amnistía esté siendo cuestionada de forma creciente por quienes demandan verdad, justicia y reparación? ¿O que se desconfie de quienes en el seno de la izquierda insistan en que no es preciso tocarla? No es necesario anular, derogar o hacer nada con la Ley de amnistía nos dicen, ya tenemos las leyes internacionales, pero curiosamente ¡son instancias internacionales las que piden que se anule, derogue o sea declarada inaplicable! ¿Cómo se entiende esto?

El hecho cierto es que para buscar justicia para las víctimas en España hay que irse a Argentina. Son miles de casos presentados ante los Tribunales argentinos y decenas de instituciones políticas y sociales las que han expresado su pleno apoyo a la iniciativa conocida como «Querella Argentina». Reflexionemos un momento: ¿Hay que irse a Argentina y nos dicen que no pasa nada con la Ley de Amnistía en España? ¿Piden extradiciones en Argentina y en Madrid las paralizan acudiendo a esa ley y resulta que la ONU no comprende bien las cosas? ¿Pero qué despropósito es este?

La necesidad de acudir a Argentina para buscar justicia a las víctimas del franquismo lo que demuestra es que no es posible hacerlo en España. Comprendo que a algunos defensores a ultranza de la Transición y del papel del PCE en la aprobación de aquella Ley de Amnistía les resulte imposible asumirlo, pero el hecho cierto es que la impunidad del franquismo es una realidad y la Ley de Amnistía es utilizada para apuntalar esa impunidad. Son dos datos, no opiniones.

Debo citar aquí el papel del PCE en ese proceso, porque en un reciente artículo Enrique de Santiago ha llegado a afirmar que quienes criticamos la Ley de Amnistía acusamos a ese partido de responsabilidades en el mantenimiento de la impunidad y hasta que «hacemos nuestra» la argumentación del Tribunal Supremo que defiende que la citada ley amnistía crímenes de lesa humanidad. Se equivoca, nosotros no atacamos al PCE, sino que exigimos la inaplicabilidad de la Ley de Amnistía y que se pueda juzgar en España a los franquistas; si considera que eso es atacar al PCE, creemos que o bien el PCE, o bien el propio De Santiago, tienen un serio problema de identidad.

Añade De Santiago que en realidad esa ley no puede amnistiar crímenes de lesa humanidad y por tanto basta con aplicar la legislación penal internacional sin que exista necesidad de derogar, anular o tocar en forma alguna esa ley, que por otra parte defiende. Por lo visto las organizaciones internacionales y la justicia argentina no opinan lo mismo, es más, la Fiscalia tampoco coincide con De Santiago pues emplean de hecho la ley cuando les parece; quien sí coincide en parte con De Santiago es el ministro de Justicia sr. Gallardón, al defender en las Cortes la amnistía de 1977 y alabó la altura moral de destacados miembros de la dirección del PCE en aquella época.

Hay algo que la dirección del PCE actual debería tener claro y parece que no lo tiene tanto: en esta polémica, lo que menos importa es la credibilidad de su partido o su papel histórico, pues ambos se derivan de su praxis, no de las declaraciones de unos u otros dirigentes; aquí de lo que se trata es de acabar hoy con la impunidad del franquismo, hacer justicia a las víctimas, poner en su sitio a los criminales y, perdónenme, —ya saben que lo de la«radicalidad republicana» obliga—, rescatar la legalidad republicana robada. El campo republicano está definido.

El PCE jugará hoy el papel que les parezca más conveniente y apoyará o no la posición de Enrique de Santiago, pero si a día de hoy no adoptan una posición firme contra la impunidad y no exigen la declaración de ilegalidad del régimen franquista, de sus sentencias, tribunales y expolios, si no lo hacen, pagarán un precio político por ello. Las decisiones de 1977 son cosa del pasado que hoy podemos analizar, lo grave no son aquellos errores, sino los del presente. No repitamos ahora los errores de entonces.

Nos parece lamentable que se afirme con pretendida rotundidad e infundado orgullo que la ley 46/1977 de Amnistía fue una «conquista de la lucha popular antifranquista encabezada por el Partido Comunista de España». Resulta patetico que se repita la propaganda de entonces y se intenté hoy en día continuar el tremendo engaño que está ley esconde.

Sacar a los presos políticos a la calle y ponerles en libertad era una obligación ineludible para poder llegar a unas elecciones que pudieran ser publicitadas como «libres», los postfranquistas estaban obligados a hacerlo si querían que su lampedusiano objetivo colara. Si se hubieran negado, si no hubieran puesto en libertad a los presos, las elecciones no habrían sido aceptadas en ninguna parte y la monarquia de Juan Carlos I, heredero de Franco no habría podido durar. Presumir por haber logrado algo que obligatoriamente el contrario estaba obligado a conceder es una impostura. No, miren, no, fueron ellos, los franquistas, los primeros interesados…

Pero los presos salieron a la calle, dirán ustedes. Pues sí, salieron. En torno a unos 80 presos fueron puestos en libertad con la ley de Amnistía. No había más. Les habían estado sacando de la cárcel en los meses anteriores mediente indultos del Rey (en 1975 y 1976) o directamente poniéndoles en libertad, de forma que la cuestión de los presos era casi residual en cuanto al número, y estaba claro que el proceso de excarcelación era imparable. Y es que los postfranquistas lo necesitaban, es sencillo, ¡no podía irse a las elecciones con presos en la cárcel! ¿Es tan dificil de entender esto?

Es cierto, sí, con la ley 46/1977, «se amnistiaron todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas, hasta octubre de 1977». Esa fue, en realidad, la segunda amnistia del franquismo, la primera había sido en 1969 cuando se declararon prescritos todos los delitos de tipo politico anteriores a 1939. Es decir, primero, el régimen, cuando se sintió asentado y fuerte, en los años sesenta, «perdonó» a los que habían podido hacer algo en los años de la República y de la guerra. Y después, en sus días postreros, cuando las anacrónicas estructuras franquistas ya no valían, el régimen, optó por volver a perdonarnos a todos de nuevo, alcanzando esta vez a los hechos posteriores a 1939 y hasta el propio 1977.

Pero la cuestión no radicaba solamente en que los presos políticos fueran puestos en libertad. Los indultos anteriores habían puesto en libertad a casi todos, faltando solamente los que estaban condenados por resistencia armada a la violencia y el terror franquista. La ley 46/1977 de Amnistía contempló esos casos, pero no solamente esos. El gobierno, con la complicidad del PSOE y el PCE —nos estáis obligando a recordarlo con vuestra insistencia en dar lecciones hoy— , incluyó en la ley amnistía a los funcionarios, policias y agentes de la autoridad franquistas que hubieran podido cometer delitos. ¿Hubo alguno en la cárcel, tuvieron que salir en libertad porque estaban presos? Lo cierto es que no, de lo que se trataba era de que nunca tuvieran que ir a la cárcel o ser enjuiciados por su actuación en la dictadura.

La 46/1977 implicó por tanto una renuncia a la justicia cuando la democracia fuese una realidad, fue una hipoteca hacia el futuro: como la monarquía, como el papel del ejército, como el concordato con el Vaticano.

En el caso de los crímenes franquistas, las dimensiones de esta renuncia de unos y de los niveles de impunidad de otros, lo da el hecho de que no hubo ni siquiera el sacrificio simbólico de ningún criminal de la dicatdura, absolutamente nadie, ni siquiera la escoría más abominable de los asesinos y torturadores de la Brigada Político Social, ni el más degradado y despreciable de los verdugos fue entregado a la justicia para aparentar que las cosas habían cambiado. No digo un juez, un ministro como el suegro de Gallardón, o un segundón prescindible del Movimiento Nacional, no digamos ya un militar, nada de eso se pensó siquiera, todo siguió igual y, pasados unos momentos de cierta inquietud por los cambios, se pudo comprobar rápido que la renuncia de unos a la verdad, la justicia y la reparacion era total y absoluta, y la impunidad de los otros completa.

Olvido, desmemoria, pacto de silencio, complicidad, llámenlo como quieran. Volver a tirar a la cuneta a las víctimas y renunciar a la República; esa es la clave que explica la «modélica Transición española». Pretender hoy que en esa escena la Ley de Amnistía no jugaba un papel clave, es sencillamente continuar ese engaño y prolongar la complicidad, una complicidad que entonces era con los exfranquistas, y hoy con el Régimen de la Monarquia. El PCE debe ser recordado por la página heroica de sus militantes de la resistencia, no por la baba agradecida de los yernos de ministros franquistas defendiendo la impunidad de los torturadores. Flaco servicio le hace a su partido Enrique de Santiago.

La finalidad de una ley se puede comprobar de dos formas, por el impacto de su aplicación y por la letra de su texto. Afirmar que pretende tal o cual cosa olvidando cómo es utilizada y aplicada es una mala práctica. Miremos cómo se aplica y sabremos de la funcionalidad que tiene en el sistema legal y político real. La Ley de Amnistía de 1977 buscaba efectos políticos, además de los formales de poner en libertad a los presos y eximir de culpa a los que hubieran cometido delitos de intencionalidad política hasta aquella fecha. En su formulación escrita era muy explícita en algunos aspectos. Leerla hoy sorprenderá a quienes crean que trataba exclusivamente sobre los presos políticos de la dictadura.

La Ley exponía que estaban comprendidos en la amnistía…

«Artículo 2. (…) a) Los delitos de rebelión y sedición, así como los delitos y faltas cometidos con ocasión o motivo de ellos, tipificados en el Código de justicia Militar.

(…) e) Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley.

f) Los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas.»

En estos apartados se aclara que las autoridades, funcionarios y agentes de la autoridad que hubieran podido cometer delitos y faltas al perseguir los actos incluidos en esta ley o cometidos contra los derechos de las personas, serían igualmente amnistiados.

¿Quienes son los que hubieran podido cometer delito de rebelión y sedición de los que se habla en el apartado a? ¿Los franquistas sublevados contra la República? No, en modo alguno, se refiere a los acusados de tales delitos de acuerdo con el Código de Justicia Militar franquista, es decir, a los que se resistieron a la dictadura con todos los medios a su alcance. La justicia al reves de la que hablara Serrano Suñer sigue resonando en la ley 46/1977.

Conviene que volvamos a mirar la formulación de esos apartados del artículo 2. ¿desde donde habla el legislador? La posición es clara. Desde la legalidad franquista asumida con naturalidad. El régimen franquista era «legal», tenía autoridades, funcionarios y agentes de la autoridad que estaban obligados a cumplirla y hacerla cumplir, y la posibilidad de que pudieran ser procesados o considerados criminales por haber servido a a la dictadura no es considerada siquiera por el legislador, ni siquiera intenta «amnistiarles» por haber sido esbirros de la dictadura, pues esta era el régimen legal. Lo que hacen esos dos apartados es suponer que si en el transcurso de su acción «legal», hubieran podido extralimitarse y cometido delitos contra los derechos de las personas o perseguido actos que han pasado a no ser delitos, esas acciones son objeto de amnistia también.

El resultado de esta conjunción, ley 46/1977 y no cuestionamiento de la legalidad franquista es el blindaje total de los servidores de la dictadura, que pueden así, gracias a esta ley, mantener sus puestos en la judicatura, la policia, el ejército o, incluso la jefatura del estado. No es delito haber sido parte de la estructura del estado franquista, haber sido por ejemplo, juez del Tribunal de Orden Público, o comisario de la Brigada Político Social. Ya no se trata solamente de si en el ejercicio de esas magistraturas se cometieran crimenes, que eso se pretende amnistíado con esta ley, sino que se no se cuestiona en modo alguno la «legalidad franquista».

Cuando criticamos la Ley de Amnistía desde lo que algunos califican «supuesta radicalidad republicana», en realidad nos basamos en una cuestion clara y sencilla: el régimen franquista surgió de un golpe de estado y de una guerra de aniquilación y el régimen republicano fue destruido sobre el territorio español de forma criminal y completamente ilegal. Algunos consideramos inaceptable que perviva la legalidad franquista de los Tribunales Militares Sumarísimos, de las sentencias de muerte, cárcel y expolio e, igualmente, de leyes que han condicionado el futuro de España y nuestro presente. Criticamos la Ley de Amnistía porque consideramos que el franquismo debe ser declarado ilegal y anulados sus tribunales y leyes que atacaron los derechos humanos y tal ley es en la práctica un impedimento. ¿Quien está en contra?

La Ley de Amnistía 46/1977 ha sido empleada sistemáticamente por la judicatura española realmente existente como un escudo para proteger los actos y resultados de la legalidad franquista, y para proteger a quienes ocuparon puestos de poder en ella. La Ley de Amnistía es, por ejemplo, imprescindible para explicar porqué en el Tribunal Supremo subsisten en puestos de juez, jueces que fueron de la Dictadura y que no sienten temor alguno ni tienen sentimiento de culpa de ningún tipo por haber servido a la dictadura.

Si la aplicación práctica de la Ley de Amnistía en su muy amplia jurisprudencia hasta la fecha ha sido para proteger a los franquistas ¿qué debemos hacer los que estamos por la verdad, la justicia y la reparación, sino es exigir que sea declarada inaplicable? Esta es la demanda, no anulación ni derogación, conceptos con aristas legales que podrían en este caso dificultar el objetivo que se busca, que no es otro que poner a los franquistas ante un tribunal; lo que exigimos es la declaración de inaplicabilidad. Esto para empezar.

Sin embargo, aunque los términos del debate clave estan claros, algunos siguen con la ceremonia de la confusión. Como un Cid que cabalga despues de muerto, el Carrillismo 2.0 tiene ahora adalides que nos vienen hoy, en 2013, con que la Ley de Amnistía no es en realidad lo que jueces y fiscales han hecho de ella en su aplicación, sino un «triunfo» del movimiento antifascista. Otro triunfo más de este tipo y no sé muy bien donde iremos a parar.

La argumentación que se está ofreciendo en estos días para hacer encajar la posición crítica creciente del movimiento memorialista y republicano con la Ley de Amnistía es afirmar algo bastante obvio: que la Ley Penal Internacional que trata los crimenes de lesa humanidad, contra la Paz y de Guerra es de superior rango a las leyes nacionales y que no se puede acudir a una ley como la 46/1977 para amnistiar esos delitos. En otras palabras, que los delitos de lesa humanidad no están «amnistiables» por la Ley 46/1977 y no se puede apelar a ella.

¿Y bien, nos preguntamos? Eso es una obviedad, pero en cambio sí que apelan a ella los jueces. Los encargados de aplicar las leyes son los jueces y los españoles son fruto de la legalidad franquista; ni uno solo de los jueces de la dictadura fue procesado. Los jueces no han sentido el peso de la ley, saben mejor que nadie que el franquismo fue legal y que esa legalidad no es cuestionada. Actuan en consecuencia. En la argumentación que se sigue para recordar que la ley penal internacional es de superior rango y de obligado cumplimiento —completamente de acuerdo en esto— se olvida una cosa: el estatuto legal del franquismo, sus leyes sucesorias, la validez de sus tribunales y sentencias de muerte, o el que un juez del TOP escape sin juicio, son cuestiones internas españolas en las que no se meten. Debe comprenderse que aquí se trata solo de enjuiciar a los responsables de los grandes crímenes reconocidos internacionalmente, sino de la consideracion legal del franquismo como régimen y las consecuencias politicas y de todo tipo de este hecho. La Ley de Memoria, sus ponentes del PSOE tenían eso muy claro, el régimen podá ser considerado como ilegítimo, pero nunca ilegal; Izquierda Unida votó a favor de esa formulación, no lo olvidemos. Es de eso de lo que se trata.

Por ello, cuando el grupo parlamentario de Izquierda Unida/ Izquierda Plural presenta una propuesta para perseguir la apología del franquismo y sus símbolos, recibe una respuesta categórica del Partido Popular y su gobierno: de ninguna forma. ¿Por qué? Sencillo. Porque no puede ser delito hablar bien o defender un régimen politico que sigue siendo considerado como «legal» y cuyo ordenamiento jurídico sigue manteniendo efectos reconocidos. El PP se debe partir de risa ante el triste espectáculo de contradicción y desmemoria que presentan los diputados de IU.

Esta batalla contra la impunidad debe ganarse en España. La querella argentina está siendo utilizada por algunos para sacar del país este frente de lucha y que no contamine la línea política y electoral de la izquierda parlamentaria española que asume, lo hizo al votar la ley de Memoria o al no plantear la ilegalización del franquismo, sus tribunales, sentencias y leyes, el régimen heredado de Franco. Los mismos que dicen que la República no es prioritaria o que un debate sobre la impunidad divide o doficulta la unidad de la izquierda, lo que están haciendo es perpetuando el engaño de 1977 y dándole oxígeno a los herederos de la dictadura que hoy se enriquecen con la crisis.

No se trata del 77, se trata del presente, de hoy. Queremos justicia hoy, aquí, en España. Tengamos claro que estas luchas no van por separado. Quienes no tienen valor o voluntad para afrontar la lucha contra la impunidad del franquismo, no pueden ser un referente creíble en la lucha contra los recortes, los mercados, la troika y las políticas neo-capitalistas que nos asolan. Tengámoslo claro.

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EL TITÁNIC VICTIMARIO ESPAÑOL (VÍCTIMAS, SEGÚN QUÉ VÍCTIMAS)

28/10/2013 por

EL TITÁNIC VICTIMARIO ESPAÑOL

(VÍCTIMAS, SEGÚN QUÉ VÍCTIMAS)

 Floren Dimas

Sin entrar a valorar la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que condena la aplicación de la Ley Parot por vulnerar un principio universal del Derecho, como es aplicar leyes con carácter retroactivo, una vez más, nos produce un sentimiento de infinita indignación, comprobar la instrumentalización de la memoria de unas víctimas, las del terrorismo, a las que se hace objeto de una amplísima batería de medidas reparadoras, a la memoria de los fallecidos, y para atender a los demás afectados, incluidos sus familiares, entre las que se incluyen indemnizaciones, atenciones médicas y psicológicas, puestos de trabajo, viviendas, becas, pensiones, homenajes, elevación de monumentos, dedicatoria de parques, plazas y calles, etc., sin dejar de señalar que ha sido el propio Estado, el que ha llamado, una a una (y no es una frase retórica) a las puertas de los afectados, para ofrecerles estos auxilios, y creando leyes y soportes administrativos para atenderles solícitamente.

 

Ha sido sorprendente la comprensión y complacencia, con la que los poderes e instituciones estatales, han venido recogiendo las reivindicaciones de las asociaciones de víctimas del terrorismo, especialmente la AVT, fuertemente intervenida por el PP, incorporando muchas de sus pretensiones al BOE, subvencionándolas generosamente y permitiendo incluso que con estos fondos, se financien campañas de presión política para cambiar leyes, o para legislar “ad hoc” en función de sus particulares intereses.

 

El Estado Español, sus poderes e instituciones, se han volcado en la tarea de dignificar a estas víctimas, no solo de forma simbólica y testimonial, si no reconociendo jurídicamente su condición de víctimas, y en consecuencia, aplicándoles las leyes reparadoras que contempla la legislación estatal e  internacional en materia de derechos humanos, empezando por la investigación de los crímenes, el señalamiento de sus autores y la aplicación de la justicia penal, eso que podíamos resumir con el lema “Verdad, Justicia y Reparación”.

 

Desde la necesidad y la justicia por las que estas medidas han sido aplicadas, lo que produce honda consternación y levanta una ola de silenciada protesta entre un amplio sector de españoles, es el desprecio y el olvido institucional por las otras víctimas, las del franquismo.

 

El gobierno socialista de Zapatero, promulgó en 2007 una ley, la de la Memoria Histórica, que además de no reconocer la condición jurídica de las víctimas del franquismo, relega al ámbito familiar o grupal su memoria individual y colectiva, dejando en manos privadas las exhumaciones de los asesinados –que borran las huellas judiciales de los crímenes al tratarse de exhumaciones extrajudiciales- sirviendo de coartada para la vigencia de una ley de impunidad y de punto final, como es la ley de Amnistía de 1977, en pleno vigor en la actualidad. Dicha ley, establece un plano de insoportable igualdad y equidistancia entre las víctimas y los verdugos, fundiéndolas en una casuística bélica, que repugna la más elemental conciencia del derecho y la moral.

 

Cada vez que los medios de comunicación, levantan apasionadas campañas informativas para exaltar la memoria de las víctimas del terrorismo, se levanta otra ola –silenciada por los medios- de la misma magnitud de indignación y de impotencia, entre las otras víctimas y sus familiares, las del franquismo, y entre éllas los 130.000 republicanos españoles asesinados, cuyos nombres y demás datos constan en la Audiencia Nacional, sin que ninguna familia haya recibido una carta del Gobierno interesándose por el caso, y sin que ningún parque ni calle de Madrid, ni de ninguna población española, se acuerde de estas víctimas de tercera categoría.

 

Para terminar, cabe dirigir un severísimo reproche a TODAS las asociaciones de víctimas del terrorismo, por su egoísmo sectario.

 

Desde que estas asociaciones aparecieron en la palestra mediática, no se ha escuchado jamás a ningún miembro destacado de las mismas, una sola palabra de recuerdo ni de compasión, hacia las víctimas de la dictadura de Franco.

 

Ni una sola  palabra.

 

Una miseria moral difícil de entender, en quiénes saben lo que es el sufrimiento por la pérdida injusta de un ser querido, asesinado en nombre de una causa que utilizó métodos criminales, para hacer valer sus razones políticas e ideológicas.

 

Mientras el Gobierno del PP, escucha y apoya a las víctimas del terrorismo, y legisla y pergeña atenciones de todo tipo para acompañarlas en su dolor, las “otras víctimas”, las de Franco, son despreciadas y olvidadas social e institucionalmente, incurriendo, como lo hace la Justicia española en un acto de prevaricación continuada, omitiendo el deber de socorrerlas con la misma entrega y servidumbre, con que lo hace para con estas víctimas de lujo de la democracia española.

 

 

Floren Dimas

25 de octubre de 2013

Calabardina-Águilas.

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“No hace falta anular la Ley de Amnistía para enjuiciar los crímenes del franquismo”

02/10/2013 por

“No hace falta anular la Ley de Amnistía para enjuiciar los crímenes del franquismo”

“No hace falta anular la Ley de Amnistía para enjuiciar los crímenes del franquismo”

 

Miguel Ángel Rodríguez Arias, experto en Derecho Penal Internacional, explica, en declaraciones a nuevatribuna.es, la importancia que ha supuesto la visita a España de una delegación de Naciones Unidas y el alcance del informe que se dará a conocer en unos meses. En ese sentido valora muy positivamente que los miembros de la ONU recuerden al Estado español su obligación de buscar a los desaparecidos del franquismo al margen de “falsos debates” en torno a la anulación de la Ley de Amnistía o la tipificación penal del delito de desaparición forzada.

nuevatribuna.es | Por Isabel G. Caballero. | 01 Octubre 2013 – 19:24 h.

España está obligada a enjuiciar crímenes de lesa humanidad por encima de cualquier ley de amnistía

“España está obligada a enjuiciar crímenes de lesa humanidad por encima de cualquier ley de amnistía, está obligada a considerar imprescriptible cualquier crimen de lesa humanidad y está obligada a perseguir las desapariciones forzadas aunque no tenga la figura expresa de desaparición forzada en su ordenamiento jurídico. Eso es independiente, porque son obligaciones internacionales de cualquier Estado de las Naciones Unidas y surgen de Nuremberg directamente [Juicios de Nuremberg 1945]. Que España no haya hecho ninguna de esas cosas no puede servir de parapeto al Estado español para decir, ‘no, mire usted, es que como no lo tenemos firmado…’ No, no, España tiene que cumplirlo exactamente igual”.

Así de rotundo se manifiesta Miguel Ángel Rodríguez Arias en declaraciones a nuevatribuna.es, sobre la obligación que tiene el Estado español de buscar a los desaparecidos del franquismo (114.000), requerimiento hecho, precisamente, por el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas perteneciente al Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su avance de conclusiones tras su visita a España. Es más, recuerda Rodríguez Arias, los miembros de la ONU ponen de relieve el “deber per se” que tiene el Estado español de buscar a los desaparecidos creando un órgano nacional de búsqueda de desaparecidos y juzgar a los responsables, independientemente de otras cuestiones que a juicio de este experto no tienen relevancia jurídica en materia de derechos humanos.

El problema, indica este experto en Derecho Penal Internacional y autor de las primeras investigaciones jurídicas sobre los crímenes de desaparición forzada del franquismo, es que al hilo de las manifestaciones hechas por los miembros de la ONU se generan “falsos debates” en torno, principalmente, a tres cuestiones: La ley de Amnistía, la tipificación de los crímenes de desapariciones forzadas y la imprescriptibilidad.

“La Ley de Amnistía no tiene ningún efecto jurídico sobre crímenes de lesa humanidad. Ninguna ley de amnistía la tiene”, afirma. Decir lo contrario, a su juicio, significa “dar argumentos a quienes nos dicen que no la anulemos”. Lo mismo ocurre con la prescripción de dichos delitos aunque España no haya firmado la Convención de la Imprescriptibilidad, porque “firme o no firme, los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles desde poco después de Nuremberg, de las resoluciones de Naciones Unidas”.

Y por último, la otra cuestión que según Rodríguez Arias genera ese “falso debate” que denuncia es crear un tipo penal como delito de desaparición forzada y se pregunta: “¿Por qué España no ha recogido en las figuras de lesa humanidad del artículo 607 bis [Código Penal] que reformó en 1995 o las que hizo en 2001 cuando España ratifica el Estatuto de Roma? ¿Por qué España no modifica y adecúa la legislación penal interna española al delito de desaparición forzada? Porque hay una dejadez o un desinterés que no es casual, es también una forma de impunidad, el ser negligente a conciencia de que hay obligaciones internacionales que mejor no recalcar demasiado».

En opinión de Rodríguez Arias, todas estas cuestiones pueden ser válidas a efectos aplicativos pero “no son la fuente de la obligación internacional“, porque aunque España no lo haga “no libera al Estado español de su obligación” y al revés, “luchar para que se haga no es condición para que se pueda aplicar, se tiene que aplicar desde ya”, reitera.

EL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA NO PRESCRIBE

Decir que el delito de desaparición forzada prescribe supone una aberración jurídica

Rodríguez Arias explica que los delitos de desapariciones forzadas no prescriben. Se trata de un delito de “consumación permanente”. Eso significa que se reitera desde el momento en que se produce la desaparición, «se consuma día a día, todos los días, ayer, hoy y mañana hasta que el desaparecido aparezca vivo o muerto. Por eso, hasta que el desaparecido no aparezca y se cierre así la fase de consumación, el plazo de prescripción ni tan siquiera puede empezar a correr». Pero, hay más, en el caso de que aparezca, al ser un delito de lesa humanidad tampoco puede prescribir, explica.

El delito de desaparición forzada es el más grave, “el núcleo duro” de las 11 formas que se recogen en los crímenes contra la humanidad. Y lo es porque “se prolonga en el tiempo, no solo hace desparecer a la víctima, sino que somete a tortura y trato inhumando a todo el entorno familiar”. “Cuando los nazis inventaron la desaparición forzada lo hicieron con esa específica finalidad”. Por ello –concluye- “supone una barbaridad jurídica, una aberración jurídica, decir que ha prescrito. Es un argumento insostenible desde el punto de vista de un jurista”.

NO SON ‘NIÑOS ROBADOS’ SON DESAPARICIONES FORZADAS INFANTILES

La teoría de la monja solitaria es una forma de impunidad

Otra de las cuestiones que resalta Rodríguez Arias es el hecho de que la ONU considere los miles casos de “niños robados” (muchos de ellos están siendo archivados bajo el argumento de la Ley de Amnistía) también como un delito de desaparición forzada infantil y que atienda todos los casos, los de la dictadura y los de los primeros años de la democracia (se han dado casos hasta en la década de los años ’90): “No puede haber distinciones, lo importante es que sean niños desaparecidos”, independientemente de que “el motivo del verdugo sea persecución política o de lucro económico”.

Rodríguez Arias, que colabora como letrado para el colectivo de niños perdidos de Canarias, añade que en el caso de los niños el delito de lesa humanidad está agravado. Afirma que “la teoría de la monja solitaria es una forma de impunidad. Una monja loca, solitaria, que se dedicaba a robar niños y que era muy hábil y se las apañó sola, no es verdad”, ironiza. En ese sentido destaca que los miembros de la ONU también abren una vía para la propia Iglesia Católica, “de cómo y dónde se produjeron muchos de estos casos” y “los lugares de detención y desaparición clandestina”. Muchos de ellos son conventos reconvertidos en prisión. “Estamos hablando que se destinaron templos de la Conferencia Episcopal Española ‘presuntamente’, que hubo participación ‘presuntamente’ de personal religioso, las denominadas monjitas-guardianas y eso tiene profundísimas implicaciones. La implicación de la Iglesia. Hay que entrar a averiguar en qué lugares. Ya desde la guerra se usan conventos como centros de detención ilegal, a las madres republicanas se les detiene sin cargos, es una detención ilegal, viola la Convención de Ginebra sobre prisioneros de guerra y la Convención de la Haya y tiene profundísimas implicaciones para el Estado español y para el Estado Vaticano”.

El poder judicial no se quiere dar por enterado de las obligaciones internacionales de España

Rodríguez Arias también resalta el despropósito que supone la exhumación de fosas por parte de los familiares sin intervención judicial: El poder judicial no se quiere dar por enterado de las obligaciones internacionales de España”, afirma. En su opinión, lo que se debía haber hecho en España durante la Transición es renovar a los jueces, al igual que se hizo con la cúpula militar. “Se está haciendo una especie de exhumaciones ‘ikea’, ‘exhumelo usted mismo’ y eso es un despropósito completo, nos sitúa en la dirección contraria”.

Según afirma, “en España, ahora mismo, con las leyes que tenemos debería ser perfecta y absolutamente aplicable todo el entramado de crímenes contra la humanidad. Si además se reforma y se mejora, se facilitará a efectos aplicativos, a efectos de que el último juez de la última localidad de España sepa y entienda más fácilmente”.

La gran vergüenza es la Ley de la Memoria

Por último, se muestra muy crítico con la Ley de la Memoria que aprobó el Gobierno de Zapatero y que «añadió otro elemento de impunidad» al dejar en manos de los familiares la búsqueda de los desaparecidos. “Tuvo una ocasión histórica, de hacer una ley ordinaria, crear un órgano de búsqueda y que el Estado comenzara a buscar. Y lo que hizo es copiar la orden de Franco del 1 de mayo de 1940 en lugar de haber copiado al Tribunal de Derechos Humanos”.  Asegura que dicha ley –“motivo de vergüenza para el PSOE”- viola hasta 20 artículos de tratados internacionales de derechos humanos. «El Estado no tiene que dar subvenciones, ni exenciones fiscales como hizo Franco, tiene que buscar, exhumar y sobre todo los niños, que están vivos, que se mueven, localizarlos es mucho más difícil. A la ley hay que darle la vuelta como un calcentín y que haga exactamente lo contrario de lo que hace ahora”.

Rodríguez Arias concluye que existe un principio de justicia universal “hay unos deberes internacionales de todos los Estados de la comunidad internacional”. En su opinión, “es ya un gran logro” las primeras conclusiones de la ONU. “Lo interesante será que ese informe nos dé un reconocimiento internacional, ante cualquier embajada, ante cualquier juez, no solamente español sino de terceros Estados, sería posible actuar por la vía de la justicia universal, hay otras posibilidades además de Argentina, ese informe sienta una base a efectos de la comunidad internacional. De puertas para adentro nos dirán las mismas cosas pero ya sabemos que fuera de España ellos van a tomar de referencia lo que diga el informe”.

 

http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/no-hace-falta-anular-ley-amnistia-enjuiciar-crimenes-franquismo/20131001190607096908.html

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¿Quién mató a Emilio Fernández Gil (Julián Grimau) hace 50 años y por qué importa recordarlo hoy?

29/09/2013 por

¿Quién mató a Emilio Fernández Gil (Julián Grimau) hace 50 años y por qué importa recordarlo hoy?
Agustín Velloso Santisteban
Asturbulla, 27-09-2013
Detenido, torturado y fusilado en Madrid en 1963, hace 50 años, los responsables de su asesinato son bien conocidosUno de los principales responsables, Manuel Fraga, fundó en 1976 Alianza Popular, rebautizada como Partido Popular en 1989

 

1. El Partido Popular (PP), fase superior del franquismo

Por su lucha contra el franquismo, la variante española del fascismo, Emilio Fernández Gil fue detenido, torturado y fusilado en Madrid en 1963, hace ahora 50 años. Un puñado de personas, como mucho, sabe hoy quién fue Emilio. Los responsables de su asesinato, sin embargo, son bien conocidos.

Del principal entre éstos se dice que antes de morir en la cama dejó ‘todo bien atado’. Esto sucedió el 20 de noviembre de 1975. Dos meses antes mandó fusilar a otras cinco personas por la misma razón que a Emilio. Cuatro días después de estos fusilamientos el gobierno convocó a la población a demostrar su apoyo al general Franco frente al Palacio Real, en Madrid. En el acto de homenaje participó a su lado, además del cardenal primado de Toledo, el que designó como su sucesor: el actual jefe del Estado y rey de España, Juan Carlos de Borbón.

Otro de los principales responsables, Manuel Fraga, fundó justamente un año después, en octubre de 1976, Alianza Popular. Esta formación política fue rebautizada en 1989 con el nombre de Partido Popular (PP). Éste gobierna hoy el país con los votos de 30 de cada 100 votantes.

Probablemente es un porcentaje menor del que hubiera obtenido el mismo Franco de haberse presentado a unas elecciones en los años sesenta; y eso sin tener que recurrir siquiera a financiarse mediante un empresariado oportunista o pro fascista como ha hecho el PP.

¿Es el viaje del fascismo a la democracia otro caso de conversión como el de Pablo de Tarso? De ninguna manera, se trata del mismo fascismo, avispado y vengativo, que ha sabido adaptarse a un tiempo diferente; con tanto éxito, además, que está consiguiendo que el nuevo tiempo se parezca cada día más al antiguo.

Pedro Carvajal publicó en 2003 Julián Grimau. El último muerto de la guerra civil, libro que permite realizar una comparación entre ambos periodos: años sesenta del siglo pasado y hoy.

En la página 134 recuerda el informe de la Comisión Internacional de Juristas de Ginebra titulado El imperio de la ley en España, aparecido en 1962, al que respondió Fraga, entonces Ministro de Información y Turismo, en su rueda de prensa del seis de diciembre de ese año:

“Ustedes me perdonarán que me permita definir este informe como un petardo más dentro de los que, sin ningún resultado, pero con algún ruido, se están produciendo y que, naturalmente, nos preocupan relativamente poco.”

Además añadió que “dentro de unos días daremos un dossier espeluznante de crímenes y atrocidades cometidas personalmente por este caballerete”. (p. 135)

En 2012 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentenció que la ‘doctrina Parot’ viola dos artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos. El gobierno, por medio del ministro de justicia, respondió con el anuncio de su “discrepancia con la sentencia, un recurso a la misma, la no suspensión de la condena de la presa concernida y el intento de que no se la excarcele”.

Los Relatores de Naciones Unidas han emitido tres informes sobre la tortura en España en la década del 2000 al 2010 que dicen que aunque ésta no puede calificarse de sistemática, “podría ser más que esporádica e incidental, que el sistema legal, en particular el régimen de incomunicación de los detenidos, lleva consigo una situación que puede facilitar que se cometan actos de tortura y malos tratos”.

También en 2012 el mismo Tribunal condenó a España por no investigar los malos tratos denunciados en 2003 por Otamendi, director en ese año del periódico Egunkaria, también en detención incomunicada por una supuesta colaboración con ETA.

Tanto la sentencia como los informes afectan al gobierno del PSOE y del PP. Ninguno modifica su política al respecto, con lo que aquél muestra que su verdadera cara en esta cuestión -como en otras igualmente importantes- no es menos fascista que la de éste. Es el caso de los indultos a funcionarios del ministerio del interior condenados en tribunales de justicia por torturas y malos tratos, así como el de las modificaciones en la Constitución para que responsables de crímenes contra la humanidad puedan eludir ser juzgados en España.

Amnistía Internacional ha denunciado en sus informes que en España hay víctimas de torturas y malos tratos sin reparación, que algunos entre éstos son de índole racista realizados a manos de agentes del Estado y que el régimen de incomunicación de detenidos viola las convenciones internacionales sobre derechos humanos.

También en 2012 doscientos jueces, entre ellos magistrados del Tribunal Supremo, firmaron un manifiesto contrario al ‘ejercicio abusivo y desviado’ del indulto gubernamental, en referencia al concedido a cuatro agentes de la policía autonómica catalana condenados por torturas.

Según una nota de 2012 del diario El País, “la asociación Jueces para la Democracia emitió un comunicado en el que denunciaba un creciente número de indultos que afectan ‘cada vez más’ a cargos públicos y a policías, por lo que considera que esta medida de gracia ‘se está convirtiendo en un instrumento para que el poder se exculpe a sí mismo’. El colectivo considera que el Gobierno pretende ‘de manera fraudulenta, convertirse en una especie de última instancia y apropiarse de las funciones inherentes al poder judicial’.”

También el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, perteneciente al Consejo de Europa, ha hecho público un informe en 2013 en el que expone presuntos casos de malos tratos, torturas y vejaciones a detenidos e internos por parte de Mossos d’Esquadra, Guardia Civil, funcionarios de prisiones y de Centros de Internamiento de Extranjeros.

El documento se refiere a maltratos, irregularidades en las investigaciones de éstos, deficiencias en centros de detención y falta de voluntad por parte de las autoridades para corregir errores puestos de manifiesto en informes anteriores.

2. Marca de la casa fascista: además de mentirosos, chulos

Fraga mentía al negar la importancia de la mala imagen internacional del franquismo y lo hacía con su chulería característica, una forma de hacer política que han abrazado con entusiasmo sus herederos en el PP.

Inmediatamente organizó una enorme campaña internacional de propaganda para contrarrestar la marea de indignación que se extendía por todo el mundo. Emilio fue acusado de todos los crímenes conocidos: torturas, asesinatos y violaciones entre otros.

Recuerda Carvajal que Fraga escribió en su Memoria breve de una vida pública que “el lunes día 15 volví al despacho. Me encontré con una montaña de radios y telegramas en relación con el caso Grimau (…) La organización comunista internacional funcionó con su acostumbrada perfección y la campaña tuvo una fuerza enorme.” (p. 156)

Es normal escuchar a los gobernantes y dirigentes del PP que se refieran habitualmente a los que se protestan por los desahucios como ‘nazis’, a los que se manifiestan contra los abusos del gobierno como ‘amenazas terroristas’, a la acción represiva de los cuerpos de seguridad sobre los manifestantes con resultado de heridas graves o muerte como ‘incidentes (que) por desgracia siempre se pueden producir, son de lamentar’, etc.

Fascistas sobresalientes, no sólo atacan desde el poder sin piedad a millones de personas sin capacidad de respuesta acorde, sino que además se atreven a ciscarse día sí y día también en sus víctimas, cada uno de acuerdo a su paranoia íntima: barriobajera (la del ‘que se jodan’), meapilas (el de ‘la pervivencia de la especie’), mentirosa (la de la ‘indemnización indef… en diferido, en forma efectivamente de simulación’) y metepatas (el de ‘miro mi cuenta a fin de mes’).

Este comportamiento –convertido en política de gobierno- no es creación suya, tan sólo lo copian de sus antecesores, porque saben que esos millones ignoran –o no quieren saber- que los que les agreden son herederos de los que hace 50 años mataron a Julián Grimau, llamado Emilio Fernández Gil en la clandestinidad, y muchos otros más.

Desde mediados de 2012 el PP quiere “mejorar la imagen de nuestro país, tanto en el interior como más allá de nuestras fronteras, en beneficio del bien común”, así que ha puesto en marcha el plan ‘Marca España’.

El truco se parece bastante al de los años sesenta: para poder seguir actuando como fascistas hay que presentar a la víctima como el malo y al tiempo hacer ver que se trabaja por el bien común. Quizás hay trucos peores, desde luego, pero parece claro que nadie –ni dentro ni fuera de España- se lo va a creer, como nadie se creyó el intento de Fraga.

3. El deterioro de la democracia: herramienta clave del poder

Hoy muy pocos saben que sobre asesinarlo, llevaron su afán vengativo hasta su viuda y huérfanas, a quienes impidieron enterrar el cadáver en una sepultura y años después vindicar su nombre (¡ya en democracia!). Los que hoy pierden trabajo, casa, derechos sociales y hasta temen manifestarse por ello, reciben los insultos y las chanzas de los responsables de sus males.

Para los altos cargos del gobierno del PP los jóvenes españoles emigran a causa de su espíritu aventurero, no porque su política les impida trabajar o les ofrezca solamente trabajo en condiciones propias de la esclavitud; los que se manifiestan pacíficamente ante el Congreso de los Diputados son calificados por el gobierno como ‘radicales y antisistema que lanzaron un ataque desproporcionado contra la policía’. Esto a pesar de que tras el 25-S se hizo pública una serie de grabaciones que mostraban la actuación de agentes policiales infiltrados entre los manifestantes, que protagonizaron los incidentes para que el gobierno pudiese acusar a éstos de perturbar el orden público.

Habitualmente, con posterioridad a los insultos, las amenazas y las mentiras por parte del gobierno, los medios informan de que la inmensa mayoría de los detenidos han sido puestos en libertad por no haberse demostrado su participación en los hechos que se le imputan; pero el daño ya está hecho, el miedo se extiende y la gente, que apenas llega a fin de mes, no puede afrontar además una multa gubernativa (no dictada por un juzgado) de mil euros o más por convocar, difundir una manifestación ‘violenta’, etc.

El 28 de septiembre de 2012, El País informa de que “Todos los detenidos del 25-S, menos uno, a la calle. (…) La Audiencia Nacional rechazó la competencia sobre el caso: consideró que del relato de hechos contenido en el atestado que le había presentado la policía no se desprendía ningún delito de este tipo. Y la fiscalía lo apoyó.”

En noviembre de 2012 una mujer pierde un ojo por el disparo de una pelota de goma efectuado por un policía catalán durante una manifestación. La reacción del jefe de la policía catalana –el responsable de la seguridad de los ciudadanos que se manifiestan- es que ésta no hizo ningún disparo. Por si fuera poca cosa la agresión y la negación de ésta, al parecer han desaparecido los documentos oficiales en los que queda registro del uso de material antidisturbios durante las actuaciones de los agentes.

Según recoge Carvajal en el libro que aquí se sigue, “Julián Grimau se quejó al Coronel Eymar (juez instructor militar) de que sus muñecas estaban tan anquilosadas (por las torturas) que apenas podía escribir. Eymar se volvió a los facultativos y, con su hipocresía habitual, les dijo: Eso no puede ser; ustedes tienen que tomarse más interés, aunque se trate de un comunista, pues, al fin y al cabo, somos cristianos”. (p. 147)

Tras las agresiones de diversos policías contra manifestantes durante el 25-S, la prensa informó de que “Fernández Díaz insiste en que la actuación policial fue ‘ejemplar’ y elude hablar de los incidentes en (la estación de) Atocha sobre los que ha iniciado una investigación interna.”

Todo el mundo sabe cómo concluyen las investigaciones internas en el fascismo. Dice El País el 31 de enero de 2013 (cuatro meses después de las agresiones) sobre la anunciada por el ministro del interior: “unos 30 agentes de la UIP (Unidad de Intervención Policial) entrando en el recinto de la estación disparando salvas, corriendo hacia los andenes y persiguiendo gente ayudados por los vigilantes de seguridad. Se ven algunos porrazos y un joven sangrando por la cara quejándose de haber sido golpeado sin motivo. La Dirección General de la Policía abrió una investigación interna que ahora ha concluido que no hubo extralimitación alguna por parte de los antidisturbios, y que ningún agente debe ser sancionado por estos actos.”

La lista de actuaciones fascistas que son animadas o consentidas por el gobierno no tiene fin: detenciones motivadas no por indicios racionales sino por rasgos raciales y de apariencia personal, identificaciones arbitrarias a ciudadanos sin comportamiento delictivo, probablemente con ánimo de amedrentarles, denuncias falsas, citaciones para declarar, censuras, registros y cacheos sin justificación, agresiones verbales y físicas por parte de policías a ciudadanos en el ejercicio de su derecho a la crítica, protesta, reunión, manifestación y otros ataques a las libertades.

Esto es moneda corriente hoy hasta el punto de que se asume como normal el máximo control y presión sobre la población y lo contrario para los que abusan del poder y conculcan la ley ¡40 años después del fin del franquismo!

¿Por qué se está pudriendo una Constitución de 35 años? ¿No será que se busca precisamente su deterioro? Con la crisis (léase estafa) la clase alta consigue, además de aumentar su propia riqueza, un segundo rédito: menos democracia para el resto de la población.

4. Patria y religión, los argumentos del canalla

Ambas son las razones que aparentemente mueven a los franquistas contra Grimau y otros luchadores antifascistas. Aunque Metepatas dejó patente en el año 2008 hasta dónde llega su amor patriótico en una conversación con Javier Arenas que quedó grabada, precisamente en vísperas del ‘Día de la Hispanidad’: “mañana tengo el coñazo del desfile… en fin, un plan apasionante”, en realidad hay pocos argumentos menos creíbles que éste.

En primer lugar ¿qué pretende Grimau y otros como él?

Carvajal recoge su declaración del 29 de marzo de 1963 ante el coronel Eymar y el fiscal militar en la página 147 de su libro. A la pregunta de qué entendía por ‘cumplimiento de su deber comunista’, responde:

“Significa ayudar al pueblo español en su lucha para conseguir una democracia. Para lo que, en unas primeras etapas, el Partido Comunista se propugnaba como un aglutinante de todos los partidos políticos contrarios al régimen franquista, y, en este sentido, trabajaba por la unidad, tanto por abajo, como por arriba; es decir, tanto en las fábricas y en los medios rurales, como entre los intelectuales y más altos dirigentes de la oposición. Que también propugnaba la lucha por la mejora del nivel económico del trabajador y su bienestar e, igualmente, por la libertad sindical”.

En segundo lugar ¿qué pretende el gobierno fascista? Lo que pretende el gobierno en pleno, junto con los cargos políticos de un cierto nivel, es mantener su situación de clase elegida con sus privilegios, so capa de la defensa y el amor a España y a la religión católica.

De la mano de Fraga, el Ministerio de Información y Turismo se lanza a una operación propagandística internacional de gran envergadura. Entre otras acciones publica un libro de 115 páginas –que aparece sin mención alguna del autor- cuya portada dice:

‘El caso Grimau o la guerra civil permanente’

Ediciones O.I.D.

El Salvador 3 – Madrid, 1963

Las primeras 20 páginas del libro, de las que seis son fotocopias de portadas de diarios extranjeros, se destinan a describir a Grimau: “fanático, implacable, frío como la hoja de un cuchillo” (p. 5) y mostrar qué bando de los dos es el malo:

“Cada vez que Franco y su gobierno insinuaron movimientos de evolución liberalizadora, los grupos de la intransigencia se levantabas airados, diríamos que se amotinaban; y en ellos se distinguían especialmente los comunistas. (…)

Difunden incisamente indignas calumnias sobre España, sin importarles un ardite que con ello sufra el prestigio de su patria, o resulte quebrantado el bienestar de su pueblo.

Son ellos los autores y sostenedores de una constante campaña de insultos y agravios de orden personal.

Ellos los que disponen atentados terroristas con profusión de bombas y de pistolas.

Ellos los que han alimentado sin el menor escrúpulo campañas de prensa y de radio en que cada palabra era un delito de lesa españolidad, porque el impulso nacía del odio y de la venganza.

Ellos, en suma, los enemigos resueltos e inexorables de la paz española.” (pp. 17 y 18)

El resto –desde la p. 21 hasta el final- son dos apéndices: testimonios de las víctimas y testimonios de prensa.

Testimonios de víctimas:

Se trata de tres fotocopias de cuatro declaraciones. En la primera de ellas se lee sobre un matrimonio detenido por Julián Grimau: “sufrieron malos tratos de palabra y de obra, especialmente su marido (no dice qué malos tratos son) (…) A ella la obligaron a desnudarse completamente, si bien no llegaron a conseguir del todo sus propósitos por haberse negado rotundamente a hacerlo la interesada, gritando cuando intentaban quitarle alguna prenda. Todo esto lo ordenaba el célebre Grimau que llevaba la voz cantante y dirección en todo lo relativo a estos servicios y torturas.”

En la cuarta se lee algo parecido: “… Joaquina explicó que había estado en un calabozo tres o cuatro días, con un individuo que según frases de propio Grimau lo había puesto allí ‘para que saciara sus instintos de virilidad’. Dicho sujeto se portó correctamente con ella y al parecer era un delincuente vulgar que se hallaba detenido.”

 

Testimonios de prensa:

Se trata de traducciones de artículos periodísticos europeos favorables al franquismo y a la ejecución de Grimau, que incluye más fotocopias y fotografías.

Llama poderosamente la atención la insuperable chapuza del testimonio de la mujer torturada y violada, por el que Groucho Marx hubiera pagado para tenerlo en uno de sus diálogos. Hay que reírse ante la escena de unos torturadores que dejan en paz a una mujer en cuanto ésta chilla y también ante la de un violador que pasa cuatro días portándose correctamente con ella.

Las irregularidades del juicio farsa realizado contra Grimau son tan tremendas (bien reflejadas en el libro de Carvajal), que se mencionan aquí únicamente como prueba palmaria de que la sentencia estaba decidida con anterioridad al propio juicio, de tal manera que ningún elemento de éste tenía que ver con la verdad, la justicia, incluso el sentido común.

El crucifijo estuvo presente y a la vista de todos durante el proceso, aunque de nada le sirvió a Grimau. Escribe al respecto Carvajal:

“La escenografía del tribunal recordaba los tiempos de la Inquisición y tenía algo de sobrecogedor, con la idea, seguramente, de amedrentar al justiciable. Un crucifijo en medio de la mesa y, a un lado, a modo de misal, el código militar.” (p. 164)

Por si fuese poco, los fascistas reprocharon a Grimau que –según decían ellos- se había declarado no cristiano. En un documento que se guarda en el Archivo General de la Administración (AGA), una nota informativa de la Oficina de Información Diplomática (OID), fechada el 27 de abril de 1963 con el título de Carta de la Embajada Española (N.I.C. nº 294), se lee:

“(…) Grimau, por quien tanto Ud. se preocupa, no será una cruz más en la dolorida España. Porque él mismo manifestó, antes de morir, no quería, ni ser cristiano. (…) Sí, las heridas de la guerra civil han sido restañadas y lo serían totalmente si seres como Grimau y sus amigos no se dedicaran a abrirlas y hacerlas sangrar de nuevo”.

Ésta era la respuesta de Rafael Ferrer Sagreras (embajador en Bolivia) a un editorial publicado por El Diario, de La Paz, el 26 de abril con el título de ‘fusilamientos, política y cristianismo’:

“Lo penoso del caso está en que el gobierno de aquel país blasona de cristianismo; extraño cristianismo que de espaldas a la paz que pide el jefe de la Iglesia sólo sería tal porque pretende llenar de cruces aquella dolorida madre patria que ya restañaba las heridas de una lejana guerra civil, para ser menos ‘invertebrada’ y sombría.”

Disquisiciones malintencionadas aparte, lo que interesa ahora es dirigir la atención hacia la respuesta del fascismo actual ante la reacción de la gente contra los ataques desde el gobierno, que es asimilable a la anteriormente vista:

Por un lado una campaña propagandística que presenta las bondades del ejecutivo: ‘actuación ejemplar’, ‘decisiones dolorosas pero buenas para el país’, ‘primar el interés de España’ y una sarta de frases huecas, cuando no patrioteras de baja estofa, sobre lo justo y santo que es el proceder de las autoridades.

Por otro la culpabilización del contrario, el insulto, la calumnia, el desprestigio, la amenaza, la censura, la manipulación, sin perjuicio del empleo de los recursos del Estado para castigar de diversas formas a los disidentes.

En la España del siglo XXI, los funcionarios han pasado a ser vagos, aprovechados y privilegiados, los médicos se han convertido en defensores de oscuros intereses particulares, los profesores en especialistas en cobrar trabajando menos horas que el resto de trabajadores, los desempleados en torpes, rémoras y culpables de su destino, los hipotecados en estúpidos que compraron una vivienda sin pertenecer a la clase social elegida para comprar sin medida, los que se manifiestan contra los desmanes del capital y del gobierno a su servicio son extremistas, antisistema, unos fuera de la ley que merecen la represión policial antes de pasar por el juzgado, de donde saldrán con una condena o una multa para que no olviden fácilmente cuál es su lugar en la sociedad diseñada por el fascismo moderno.

En la España del siglo XXI dice el chiste de humor negro que los jóvenes tienen tres salidas: por mar, aire y tierra, pero olvida añadir que los que deseen quedarse pueden elegir entre la calle, porque no pueden adquirir una vivienda, el paro, porque no hay trabajo y la cárcel, por si no están conformes con su destino.

Con el gobierno fascista siniestros personajes acumulan impunemente millones de euros en paraísos fiscales, compran propiedades inalcanzables para las clases medias y trabajadoras, eluden o defraudan en el pago de impuestos y obligaciones, te expulsan del trabajo y de tu casa, te recortan tus derechos y si protestas pasas a figurar en una lista de indeseables que confecciona con esmero la policía.

¿Qué vendrá después de las identificaciones? De momento llegan multas. Si éstas no consiguen amedrentar a todos, los más resistentes recibirán nuevos castigos.

5. Matar desde la retaguardia

Conviene destacar el papel de los que desde la comodidad de una retaguardia segura y bien remunerada también contribuyen a la muerte –si no física, sí social- del enemigo. El papel de los lameculos tiene su importancia aunque no tenga otro mérito que el desprecio.

José María de Areilza, embajador en París en la época, ministro después, que se presentó a las elecciones generales de 1979 coaligado con la Alianza Popular de Fraga, no se cansaba de escribir al ministro de asuntos exteriores para hacerle partícipe de cada carta de protesta que enviaba a los medios franceses -televisión y periódicos- que publicaban informaciones sobre el caso Grimau.

He aquí una carta fechada en París el 24 de abril de 1963. Se trata de una fotocopia de un documento que se encuentra (como el resto de los citados en este trabajo) en el AGA.

“Asunto: Actividades comunistas

Excmo. Señor: En el cuadro de la campaña Grimau, el “Secours Populaire Français”, después de haber organizado el mitin de la Mutualité sobre el que oportunamente tuve la honra de informar a V.E., ha publicado un comunicado haciendo saber que se proponía asegurar en el futuro la existencia material de la familia Grimau, y para ello empezaba por poner a la venta una tarjeta postal reproduciendo la fotografía publicada por la prensa de la mujer y de las hijas del dirigente del partido comunista de España, editada en dos formas distintas, ambas al precio de un franco. En una de ellas aparece un texto en favor de la solidaridad con esta familia y en la otra, dirigida al Embajador de España, otro solicitando la disolución de la policía política y la amnistía en España.

Es de señalar que del fruto de esta venta, como del de todas las colectas que organiza esta organización soviética, sus dirigentes se reservan un 25% para cubrir los gastos de la campaña.

A título informativo, tengo la honra de pasar a manos de V.E. un ejemplar de cada una de las dos versiones de la tarjeta en cuestión.”

Es claro que el personal diplomático al servicio del fascismo saca tiempo entre recepciones, cócteles y actos culturales para dedicarse a la delación de sindicatos, asociaciones, estudiantes y por supuesto exiliados españoles que participan en campañas a favor de los derechos humanos.

El Cónsul General de España en Burdeos, José R. Gómez-Acebo, firma el 27 de abril de 1963 una carta al embajador en París, Areilza, para informarle de que “ayer tuvo lugar en la Bolsa del Trabajo, centro comunista en Burdeos, una reunión de protesta contra la ejecución de Julián Grimau a la que asistieron distintas formaciones de tipo político y sindical, comunista, socialista y anarquista de la región. (…)

Hablaron diez oradores todos ellos franceses, salvo un joven estudiante español llamado Galloso que lo hizo en breves palabras a pedido de la Asociación General de Estudiantes de Burdeos.” (añade los nombres del resto de participantes)

Por su parte, el cónsul de España en Perpiñán, Carlos Estévez, envía una carta al ministro de asuntos exteriores, fechada el 18 de abril de 1963, con el asunto: ‘Protesta comunista por el proceso contra Julián Grimau.’

En ella informa de la recepción que da a una comisión formada por representantes de partidos y asociaciones. Cuenta con la protección de la policía francesa, ya que

“por la mañana, el Jefe del Gabinete del Prefecto me anunció la visita y ponerse a mi disposición”; entonces recibe a “diez individuos, quedando los demás, unos veinte, en la puerta y el resto, lejos del Consulado ya que todas las calles adyacentes estaban totalmente ocupadas por la policía que impedían el paso a toda persona. (…)

El representante de la Liga me soltó un pequeño rollo sobre los derechos del hombre, la humanidad, etc. y entonces le pregunté si conocía el caso Grimau, les acosé a preguntas y cuando reconocieron, como era lógico, que sólo sabían lo que les había contado, les ofrecí el folleto que la Oficina de Información Diplomática me había enviado hacía meses sobre la detención de Grimau y asimismo la lista de crímenes cometidos.

El efecto fue de total desconcierto entre los comisionados, se lanzaron sobre él para leerlo y tuve que intervenir diciéndoles que tuvieran calma porque había para todos y se los iba a regalar para que en casa lo meditaran tranquilamente.

La entrevista duró una hora. Salieron a relucir los mismos lugares comunes que otras veces ya habíamos discutido; al Secretario del Partido Comunista le sentó muy mal que hubiera tanta policía y aproveché para decirle que podía protestar de ello si quería, ante el Prefecto porque yo no necesitaba policía ni ayuda alguna para recibirlos; también quedo claro que todos los comisionados iban y venían a España cuantas veces querían: el amigo de Rusia acababa de llegar de Madrid….”

¿Estamos ante una epidemia de amor patrio? Ni mucho menos, la verdad es siempre conocida por todos, los que la sufren desde luego, pero los que se benefician también. Tanto es así que a pesar de los esfuerzos de éstos por ocultar la verdad y propagar la versión que les beneficia, siempre quedan pruebas de la labor de ocultación y de propaganda.

Un ejemplo es el siguiente documento conservado en el AGA, un folio suelto sin numerar, escrito a máquina con membrete de la Oficina de Información Diplomática, sin sello ni firma -signatura y topográfico (10)97.2 54/16199, ‘Madrid, a 25 de abril de 1963’- y con un encabezamiento que dice:

“Observaciones hechas por el Director General de Información, Señor Robles Piquer, en relación con los documentos adjuntos” (que son seis, de los que destacan los cuatro últimos):

3.- “Recomienda leer con cuidado la sentencia. Hay algún párrafo que conviene quizás diluir en las posibles reproducciones para la Prensa; tal por ejemplo, la referencia a tres víctimas de Grimau en Madrid sobre las que no se ha encontrado rastro alguno.”

(Hace mención a una de las irregularidades del juicio contra Grimau que, lógicamente, no convenía dar a conocer.)

4.- “Se envían actas de declaración de las víctimas ante la policía y su ratificación ante la autoridad judicial. En algún caso falta esta segunda, como en el del señor Riera, importante industrial catalán, que hoy se niega terminantemente a prestar su colaboración por miedo a que ello perjudique a sus florecientes negocios, sin comentarios.”

(Para Riera, como empresario espabilado, el beneficio figura por encima de la verdad y la justicia; una vez cometido el perjurio y obtenido el beneficio correspondiente, no tenía sentido volver a cometerlo en tiempos de bonanza.)

5.- “No interesa utilizar el documento que recoge las conclusiones de la defensa –el que al final tiene una nota de varias líneas escritas a mano- pues puede resultar contraproducente y precisa de explicaciones profundas sobre el funcionamiento de los Consejos de Guerra. Se envía exclusivamente para conocimiento de esa Embajada.”

(Se refiere a que la defensa hizo notar que el ponente en el juicio no era licenciado en derecho. La misión del ponente es asesorar en cuestiones legales a los militares y la ley dispone que es requisito imprescindible que el ponente sea abogado, lo que no era el ponente del juicio del Grimau.)

(En estas circunstancias Grimau fue condenado a muerte ante un pelotón de ejecución y posteriormente la petición de indulto fue denegada por Franco, Fraga y el resto de miembros del consejo de ministros a una.)

6.- “Completa la información, fotocopias de un cruce de noticias del servicio de la UPI que demuestran el engranaje publicitario de la operación Grimau entre todas las organizaciones exiladas.”

(Con ‘engranaje publicitario’ se refiere a los esfuerzos de personas y organizaciones que por todo el mundo intentaron salvar a Grimau al tiempo que denunciaban el franquismo.)

El fascismo de hoy, alejado del estatismo del pasado como corresponde a una sociedad moderna, cuenta con el apoyo de una variedad de institutos de estudios políticos y sociológicos, centros y grupos de análisis y opinión, catedráticos de economía y otros expertos, además de la prensa general y especializada. No es preciso detenerse en esto aquí.

6. ¿Qué hace el pueblo?

En el extranjero las reacciones a favor de Grimau durante el proceso, tras la condena y el fusilamiento fueron numerosas y algunas excepcionales. Carvajal repasa las acciones llevadas a cabo por políticos, intelectuales, escritores, incluso altos eclesiásticos y hasta miembros de la monarquía.

Por otro lado en el AGA se conservan fotocopias de documentos que son cartas, telegramas, recortes de prensa, etc. de todas partes del mundo. He aquí un ejemplo, según lo recoge un embajador fascista con el fin de enviarlo, como hacen el resto de sus colegas, a Madrid:

“Documento Nº 321 Ref. 4051

D.G. POL. EXTERIOR O.I.D.

Rio de Janeiro, 14 de mayo de 1963.

ASUNTO: Julián Grimau y la prensa comunista.

Excmo. Señor:

Como continuación de anteriores despachos sobre el asunto del epígrafe y en último término del nº—, tengo la honra de informar a V.E. que esta prensa ha publicado un telegrama de la UPI., fechado e Moscú, dando cuenta de que –según la Agencia soviética ‘TASS’–, fue dado el nombre de Julián Grimau a una de las más conocidas avenidas de Moscú, en honor del dirigente comunista recientemente ejecutado en España.

Al margen de este telegrama (anejo nº 1), nada se ha vuelto a publicar, en la prensa diaria, hasta la fecha, acerca del caso Grimau. Pero tanto el semanario comunista Novos Rumos (anejo nº 2), como el extremista O Semanario (anejo nº 3), insisten en el episodio. El primero, con una extensa apología, bajo el título ‘El comunista Julián Grimau, hombre sencillo y humano; español por los cuatro costados’, incluyendo, entre otros textos, una carta del condenado a su esposa. Y el segundo, limitándose a transcribir un artículo firmado por Edouard Bailby, en París, bajo el epígrafe ‘La ejecución de Grimau’.

Dios guarde a V.E. muchos años.

EL EMBAJADOR DE ESPAÑA

Jaime Alba

Excmo. Señor Ministro de Asuntos Exteriores.- Madrid”

Los ferroviarios de Brasil y trabajadores de otros sectores enviaron estos telegramas:

“SNR Consul Embaixada Española Rua Carlos Campos 36- RIOGB

Ferroviários sorocaban a baixada santista em assembleia deliberaram protestar junto VS repudiando o assinassinato covardemente do líder comunista Julian Grimau

Atenciosamente Marino Pedroso.”

“Embaixador da Espanha Rua Duvivier 43 RIO GB

Transmita Governo Democrata Cristão Franco repudio a ciracao do Tribunal Especial para julgar processo civis VG verdadeiros lideres do oprimido povo espanhol

Washington Leite.”

A estos dos telegramas se pueden sumar al menos otros 15 que se conservan en el AGA, enviados por la Facultad de Derecho de Campinas, ciudadanos particulares, la federación de empleados de banca, el sindicato de trabajadores de muebles, la federación de asociaciones de trabajadores agrícolas, trabajadores de transporte urbano, el sindicato de trabajadores metalúrgicos…

El embajador en Costa Rica envía por su parte un dibujo satírico de Franco. Se trata de un folio escrito a máquina con una carta firmada por el embajador de España en Costa Rica, Joaquín Juste, con los números 728.6 y 04, fechada el 21 de mayo de 1963 y con el Asunto: Octavillas antiespañolas, dirigida al Excelentísimo Señor Ministro de Asuntos Exteriores etc., etc., etc. Madrid

(Documento: signatura y topográfico (10)000 66/04883)

Prensa de Costa Rica y J.G.:

Una octavilla en blanco y negro:

Anverso: caricatura de Franco en uniforme militar limpiándose las manos con una toalla en la que el diseño es la Encíclica Pacem in Terris, de Juan XXIII

“Excmo. Señor:

Anónimamente han sido remitidas por correo a esta Embajada las octavillas anejas al presente despacho. Dichas octavillas han tenido como centro principal de distribución la Universidad de Costa Rica y muy posiblemente su paternidad haya que atribuírsela a la Federación de Estudiantes Universitarios, siempre inclinada por principio de religión democrática a manifestar su escasa simpatía por el Régimen español.

Dios guarde a V.E. muchos años”

Carvajal dedica el capítulo décimo de su libro a ‘las secuelas’, o sea, las reacciones en España, en el que escribe, entre otras cuestiones, sobre las ‘flores en Europa’ y la ‘anestesia’.

En este apartado se puede leer: “La gran repercusión internacional que tuvo este crimen del franquismo apenas traspasó nuestras fronteras y casi nadie, ni en Madrid ni en el resto de España, se movilizó”. (p. 231) Reproduce además en la página siguiente las palabras de Roberto Bodegas:

“Con las movilizaciones en el extranjero renació el optimismo en el Partido: había que atacar, el régimen estaba acorralado, las democracias lo estaban acosando… Pero yo sabía que no, porque venía a Madrid y veía cómo vivía la gente, cuál era el grado de conciencia política que tenían. Eso era muy minoritario. La gente no quería saber nada de políticas, estaba prohibido hablar de política, salvo los que teníamos una tradición de militancia; pero la gran masa estaba totalmente amordazada y contenta de estarlo.

Franco contaba con la entrada de divisas del turismo y la emigración; en aquella época había cinco millones de españoles trabajando fuera de España, o sea, que se quitó de encima el gran problema y el régimen se fortaleció económicamente. La reacción fue mínima; yo lo que captaba en la calle era el miedo de que volviera la época de la posguerra. Además, había una propaganda masiva del régimen: radio, prensa, televisión… no había otra voz, era la voz única. Lo demás era clandestino o se hablaba en las embajadas, en los circuitos culturales muy restringidos, pero eso no incidía en la opinión pública. La opinión pública estaba totalmente anestesiada.”

En el AGA se encuentra un cuadernillo de 37 páginas tamaño medio folio, en blanco y negro, editado por el Centro Democrático Español en mayo de 1963 y con la portada siguiente:

Foto en blanco y negro del busto de Julián Grimau, con chaqueta y corbata

Título: Julián Grimau, héroe y mártir de España

Subtítulo: Consejo de Guerra. Condena y ejecución. Conferencia de París.

Lleva un sello en tinta azul: Consulado General de España, San Pablo, con el escudo del águila franquista.

El capítulo titulado ‘Así fue el juicio contra Julián Grimau’ lo firma en Madrid el 22 de abril de 1963 Mercedes Oliveros.

El capítulo titulado ‘Alerta a todas las madres del mundo: Grimau ha muerto’ lo firma en Madrid el 20 de abril de 1963 José Luís Quintana.

El capítulo titulado ‘El corazón del mundo con España” lo firma Félix Moreno.

En el capítulo titulado ‘Conferencia Extraordinaria de Europa Occidental por España’ (París, 4 y 5 de mayo de 1963) se lee en la página 13:

“Intervención del Sr. Lederman, abogado de la Sra. (sic) Julián Grimau

Jueves por la tarde, 18 de abril de 1963. En la cárcel de Carabanchel (…) Julián Grimau, tranquilo como siempre lo ha sido, Julián Grimau se dirige a todos los que le rodean:

‘No os engañéis amigos míos. Me fusilarán sin duda alguna. Mi muerte está decidida por esta gente hace tiempo. Mi muerte será seguramente la última del franquismo.

En realidad no seré otra (sic) que uno más caído en la lucha contra el fascismo. Pero mi sangre no será en vano. Precipitará sin duda el aislamiento del régimen y acelerará su caída.

Yo sólo os pido una cosa a todos: Manteneos unidos.

Sed firmes. Continuad luchando aquí dentro y cuando salgáis.

Dejad a un lado lo que os pueda separar y colocad en primer lugar lo que os une a todos: la lucha para la liquidación definitiva del franquismo’.”

Además de ser una aportación favorable a Grimau que sale al paso de las publicaciones del Ministerio de Información y Turismo, que se enviaban a las embajadas españolas repartidas por el mundo para su difusión entre los medios de comunicación y personas interesadas, etc., este cuaderno tiene interés por recoger las palabras de Grimau reproducidas más arriba.

Sus palabras, que parecen de esperanza a pesar de la cercanía de su propia muerte, porque cree que será la última del franquismo y porque anuncian la precipitación de la caída del régimen, están terriblemente equivocadas. No fue la última (posteriormente cayeron Francisco Granados, Joaquín Delgado, Salvador Puig Antich, los mencionados de septiembre de 1975 y otros) ni precipitó esa caída.

¿Se puede establecer un paralelismo en cuanto a la reacción de la población actualmente? Parece que sí, las palabras de Bodegas podrían ser dichas también hoy con alguna variación.

No parece haber señales claras de una movilización general y decidida. Sin duda no puede ser a causa de un miedo insuperable, algo comprensible en los años sesenta. El fascismo hoy es mucho más sutil y eficaz.

En realidad, respecto a lo que ocurrió en el siglo pasado, la ventaja del fascismo de hoy sobre el antifascismo es que cuenta con lo que paraliza a éste: que ‘la gran masa pueda estar totalmente acobarda y resignada a estarlo’.

 

www.AsturBulla.org

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Ni Juan Carlos I, ni Felipe VI: III REPUBLICA YA.

29/09/2013 por

Ni Juan Carlos I, ni Felipe VI: III REPUBLICA YA.

NI JUAN CARLOS I, NI FELIPE VI

III REPUBLICA YA!

republica

La ciudadanía en España sólo en los cortos periodos que duraron la I y la II Republica pudo elegir al Jefe del Estado. En 1936 de la forma más cruenta posible se nos privó de tal derecho a través de un golpe de estado que terminó en un régimen genocida. El Jefe de dicho régimen, Francisco Franco, nos impuso su sucesor: Juan Carlos I.

Cuando murió el tirano tampoco pudimos elegir al Jefe del Estado, pues en una Transición aparente la Monarquía se impuso por los que mandan en España como algo intocable y se la metió en una Constitución como algo casi imposible de reformar.

Ahora cuando ya han pasado casi 40 años de la muerte del tirano y cuando su sucesor parece que no lo seguirá siendo por mucho tiempo, nos pretende colar como algo natural que la jefatura del estado la herede su hijo, que sería Felipe VI. Es hora de que la ciudadanía pueda decidir democráticamente no sólo quien sea su jefe de estado, sino también el modelo de estado en el que quiere vivir y también el modelo de sociedad. En 1978 la Constitución se aprobó de forma muy condicionada con la amenaza militar y con unas Cortes que no fueron, ni por la forma de su convocatoria ni por su contenido, una Cortes constituyentes, pues el único poder constituido y que condicionaba todo el proceso era el del Rey.

No podemos aceptar, una vez más, que se nos prive de tan elemental derecho, que forma parte de la base de la Democracia. Por eso exigimos que no se nos imponga a Felipe VI como Rey, sino que se aproveche el momento para abrir un proceso constituyente donde de la forma más democráticamente posible podamos decidir entre todos y todas en que estado queremos vivir, quien queremos que gobierne y que modelo social estamos dispuestos a construir. Ese proceso por su carácter democrático tiene que ser claramente republicano, pues sin Republica no hay Democracia.

Esta vez la ciudadanía no debemos ceder ni a las presiones, ni a los chantajes, ni a las imposiciones, el que pretenden sea futuro Rey Felipe VI no tiene legitimidad alguna para serlo, y por eso exigimos el paso a un régimen republicano donde las personas y pueblos que componemos el actual estado español podamos decidir sobre todo lo que nos incumbe, incluida la elección del Jefe del Estado.

Por eso llamamos a la movilización ciudadana para truncar la nueva estafa que pretende imponer a través de la sucesión del Rey, esta vez debemos imponer nuestra voluntad ciudadana exigiendo la Republica, no podemos esperar ni un minuto más en dejar clara esa posición, pues ningún régimen que no sea republicano será legitimo ni tendrá derecho alguno a perdurar en el futuro.

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ATENTADOS, MEMORIA Y PERIODISMO

23/09/2013 por

ATENTADOS, MEMORIA Y PERIODISMO

ATENTADOS, MEMORIA Y PERIODISMO

Ruben Norniella

logo famyr nuevo 2013 mediana

Estos días ha habido mucho jaleo. Mis compañeros del diario “El Comercio” me han llamado para que les de mi opinión, como miembro de la Federación Asturiana Memoria y Republica (FAMYR), sobre los últimos atentados contra monolitos relacionados con la Memoria en El Mazucu. La novedad es que, en esta ocasión, es noticia porque ha habido un atentado contra un monolito que homenajeaba a dos aviadores de la nazi Legión Condor que habían venido aquí a “luchar por la España nacional”. Y es noticia porque dicho monolito jamás había sufrido atentado alguno en 70 años de existencia.

También fue noticia en días pasados el atentado contra el monolito que se había colocado allí hace dos años a los luchadores antifascistas republicanos. Aunque en este caso, más que noticia es costumbre, ya que en El Mazucu se han colocado varios monolitos que homenajeaban a los republicanos que luchaban por la legalidad democrática y todos ellos han sufrido, uno tras otro, atentados, hasta el punto de que mis compañeros y yo bromeamos entre nosotros, tras el acto del pasado sábado, con un “hasta el próximo año, cuando vengamos a reponer el monolito”.

No es el único monolito a los luchadores antifascistas que sufre atentado en la Comarca. Podemos recordar el sufrido por el que se erigió en Pandiello (Cabrales) hace unos años. Estos atentados son una constante. Tanto, que casi sería más noticia que uno se conservara a que haya sufrido atentado alguno.

Sin embargo, ha sido el atentado sufrido por el que homenajea a los nazis el que ha levantado una mayor polvareda en las redes sociales. Y esto demuestra hasta qué punto la sociedad española está enferma y desnaturalizada. Demuestra hasta qué punto el modelo de Transición española no sirve y está completamente agotado.

Si alguien, en cualquier país de Europa, hace cualquier tipo de apología del régimen nazi sería inmediatamente perseguido por la Justicia y con una celeridad digna de encomio. En cualquier país, excepto en España. Aquí, desde luego, los políticos del PP no osan hacer declaraciones declarándose simpatizantes de los nazis, pero tienen menos escrupulos a la hora de defender el franquismo. Sin embargo, ni ellos ni el PSOE tienen el menor reparo –al menos nada han hecho para evitarlo- en mantener en El Mazucu un monolito a la sanguinaria “Legión Condor” nazi, la autora del bombardeo de Guernica y de otros muchos pueblos de España y de toda Europa. Sin embargo, en El Comercio les llamaban “víctimas de la Guerra Civil”. ¿Víctimas?

Esto es consecuencia de las perniciosas consecuencias que ha tenido en nuestro país la Transición Política y la renuncia a aplicar, posteriormente, los principio de “Verdad, Justicia y Reparación”, inherentes a cualquier país que haya sufrido el fascismo y después haya roto con él, como en el caso de la propia Alemania, Italia o el de países americanos como Chile o Argentina. La Transición pacífica puede ser factible e incluso recomendable en un primer momento, mientras de desmontan las estructuras fascistas. Pero el juicio a los genocidas fascistas, la investigación de los crímenes y la reparación de las víctimas es condición imprescindible para establecer unos pilares sólidos para una democracia en construcción.

 

Y ahí es donde entramos los periodistas y el periodismo. Yo fui uno de aquellos jovenzuelos que luchaba, en los primeros años de la Transición, por el establecimiento de un Régimen de Libertades, primero en la batalla política y después, ya como periodista, en la existencia de un contrapoder periodístico frente al bunker de la dictadura, fuertemente arraigado en las estructuras rurales de mi comarca.

A algunos de mis compañeros actuales –y también a muchos de los antiguos- les sorprende mi militancia en un movimiento memorialista. Según ellos, un periodista no debería militar en un movimiento político, por más apartidista que este sea. Yo siempre hago lo mismo; niego la mayor. Un periodista debe de ser siempre militante en la defensa de la Libertad (en mayúscula, por favor).

Desde el adoctrinamiento cultural del Imperio (Lease los Estados Unidos de América), nos repiten constantemente –no sin cierto engolamiento, por cierto- que los periodistas debemos ser objetivos. ¡Menuda majadería! Los periodistas no somos objetos, de modo que difícilmente podríamos ser objetivos. Si somos objetivos, pero de otro tipo, en las Guerras. De eso saben bastante los americanos y aquí tenemos unos cuantos casos (Couso, Anguita…)

Los periódicos no nacieron para contar cosas a las gentes, para entretenerlas… Los periódicos nacieron como contrapoder, nacieron para denunciar el abuso de los poderosos, nacieron para que la gente tuviera conocimiento de lo que ocurría y de esa forma poder organizarse y defenderse de los abusos del poder. Ese es el principio y el fin de los periódicos y del resto de los medios de comunicación nacidos posteriormente.

Y la sagrada misión del periodista es la de servir a esa defensa de los más débiles frente a los poderosos. El periodista, pues, no puede ni debe quedarse en la equidistancia entre el poder y el pueblo. Su misión es servir a este último y denunciar los abusos del primero. Ese ejercicio de contrapoder es el que garantiza la libertad del pueblo. La equidistancia es directamente una traición a los ideales con que nació el periodismo. No digamos nada ya de cuando el periodismo sirve directamente al poder.

A mi me tocó vivir unos años maravillosos en los primeros años 80. Y me tocó hacerlo en un lugar duro para ejercer el periodismo como es en una zona rural, en la que las estructuras caciquiles del franquismo estaban más claramente definidas con el poder económico y político. La información era uno de los poderes con los que contaba esa estructura. Poner la información a disposición de todos s través del periódico, denunciar las corruptelas, las mafias politíco-administrativas y económicas, propiciar el libre juego político era algo difícil de aceptar para aquellos últimos miembros del franquismo formal y también para los neofranquistas, para los camaleones del sistema.

Debo reconocer que me divertí lo mío haciéndolo, pero también que tuve que pagar un alto precio por ello. Y aún lo sigo pagando… No importa: era un riesgo asumido del que jamás me arrepentiré. En aquellos tiempos, un periodista se sentía respaldado por sus compañeros, por sus superiores e incluso por su empresa.

Después, Felipe González, traicionó a todos los demócratas. Y lo hizo a conciencia.  En primer lugar, porque no puso en marcha la segunda parte de la Transición: juzgar el franquismo, establecer la verdad con respecto a la dictadura y su represión y reparar a las víctimas. Fue incluso más allá: dejo la libertad de prensa en manos de las empresas, en lugar de las de los periodistas.

Las consecuencias eran previsibles: las grandes empresas y los grandes bancos entraron a saco en los medios, para controlarlos y de paso hacer un gran negocio de ello. Lo ocurrido desde entonces hasta ahora no necesita más comentarios. Los periodistas, que habían tenido una importancia capital en el cambio político, quedaban desactivados y en manos de las oligarquías.

El Regimen político declinó entonces hacía donde le interesaba a las oligarquías; hacia el pelotazo y el negocio fácil. Un Ministro socialista se jactaba de que España era el país de Europa en el que era más fácil hacerse rico. Mientras tanto, la estructura administrativo-política del franquismo se partía en dos, con una diferencia mínima entre ambos en la política económica, pero con un discurso tradicional en cuanto a lo político. Los dos sindicatos mayoritarios mutaban hacia lo que se llamaba entonces “sindicato de servicios”, un eufemismo para decir que, en realidad, abandonaban el concepto de “sindicato de clase”. Al final y con el desembarco de los viejos sindicalistas del sindicato vertical franquista, más bien parecía que ambos sindicatos formaban una escisión en dos del sindicalismo franquista.

Algunos denunciamos entonces las consecuencias que iba a traer aquella decisión de González: nadie nos hizo caso. Recordamos la famosa frase del General Franco en su testamento político: “atado y bien atado”. Y también recordamos, viendo la actuación de González –que ya nos había puesto sobre la pista con el tema del referéndum sobre la OTAN-, que este PSOE no era el histórico, sino el reconstituido, así como las buenas relaciones de González y los suyos con la socialdemocracia alemana y Billy Brand, así como el apoyo económico de estos.

También recordamos los rumores que hablaban de un pacto entre Kissinguer –el Premio Nobel de la Paz (¡?) que diseñó el golpe contra Allende en Chile- y Franco para conducir la sucesión del Régimen a la muerte del dictador. Iban confirmándose nuestras sospechas de que lo que se trataba era la de constituir en España una democracia formal pero no real. Nada nuevo –en Latinoamerica ya habían realizado numerosas experiencias similares-, excepto porque en esta ocasión se realizaba en el Viejo Continente.

Pero los periodistas pudimos hacer cosas durante la dictadura, buscando fórmulas ingeniosas para burlar a la censura. Hoy tenemos internet. Y seguimos teniendo la pluma como herramienta. La reivindicación de la memoria histórica –o la memoria democrática como les gusta decir a otros- es básica para la consecución del desmonte de este franquismo en el que aún seguimos viviendo. Para la conquista de la innegociable libertad que González nos arrebató a los periodistas y, como consecuencia de ello, al pueblo. Debemos echar a los poderes político, económico y financiero de los medios de comunicación si de verdad queremos tener una verdadera democracia, si de verdad queremos recuperar la libertad.

Y ese es un combate para periodistas. Y nada de pamplinas como la objetividad o la equidistancia, cuando lo que está en juego es la libertad y la existencia de un contrapoder que defienda a los débiles, al pueblo, frente a los otros poderes. Y mucho más aún ahora, cuando el poder económico y financiero quieren arrasar a todos los demás poderes, cuando el sistema capitalista está inmerso en una crisis sistémica, muy similar a la que se vivió tras el crack del 29 y que desembocó en la II Guerra Mundial.

Hoy –como durante los tiempos de la II republica- la batalla es europea y mundial. El capitalismo ha decidido acabar con el pacto tácito que se produjo tras la II Guerra Mundial y que permitió la creación del llamado “Estado del bienestar” o también “Sociedad de Consumo”. Era un pacto basado en la necesidad de frenar a la Unión Soviética y la posible exportación de la revolución a toda Europa. Se trataba de una operación propagandística.

Hoy, tras la caída del Muro de Berlín y del sistema soviético, unido a la crisis sistémica capitalista, ya no necesitan un pacto con la clase obrera europea. Hoy el capitalismo solo busca el total aniquilamiento del enemigo de clase. Como decía cínicamente un conocido capitalista norteamericano: “La lucha de clases existe. Y la estamos ganando nosotros”.

Frente a eso, los periodistas debemos ser, más que nunca, un contrapoder al servicio de los débiles. Hoy, los periodistas debemos ser más francotiradores que nunca. Y la Memoria es un buen arma para ello. Hay más, pero esta es una…

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Llanes conserva el único monolito dedicado a los aviadores nazis

18/09/2013 por

FAMYR estudia escribir una carta a Angela Merkel para que haga posible lo que el actual gobierno de España está muy lejos de cumplir, erradicar la lápida que homenajea a cuatro aviadores de la Legión Cóndor

FÉLIX POBLACIÓN Asturias 17/09/2013

 

El monolito dedicado a la Legión Cóndor y el homenaje a los republicanos, ambos con sus respectivas pintadas

El monolito dedicado a la Legión Cóndor y el homenaje a los republicanos, ambos con sus respectivas pintadas

El Alto de Tornería, situado en el concejo de Llanes (Asturias) es el lugar donde se celebra, como todos los años en el mes de septiembre, el habitual homenaje a los luchadores republicanos que se opusieron al avance de las tropas franquistas en la que fue una de las más duras batallas de la Guerra de España. La derrota republicana, en la que colaboró de modo decisivo el atroz bombardeo de la Legión Cóndor nazi, comportó la caída del Frente Norte, consumada días después con la entrada del ejército sublevado en Gijón.

Unas fechas antes de que se celebrara este año la conmemoración del Alto de la Tornería, a la que todavía acude el guerrillero antifranquista Felipe Matarranz González (1915) -último testigo que se sepa de aquella refriega-, el monolito que la Federación Asturiana Memoria y República (FAMYR) había erigido hace dos años en memoria de esos luchadores, apareció dañado y cubierto con inequívocas pintadas franquistas, según informó la citada asociación.

Un hecho similar se produjo anteriormente en la localidad de Pandiello, concejo de Cabrales, donde fue destruida hasta en dos ocasiones la lápida que recuerda a los republicanos asesinados en esa zona.

«Un pueblo que olvida su historia es un pueblo sin futuro», ha expresado Rubén Norniella

En el acto celebrado el pasado sábado no solo se repuso y restauró el monolito levantado en memoria de los defensores de la segunda República, sino que se dio réplica al acto vandálico con una acción simbólica, tal como refleja la fotografía. Consistió en pintar con los colores de la enseña republicana la lápida que permanece allí, desde los orígenes de la dictadura franquista, en memoria de los cuatro aviadores de la Legión Cóndor fallecidos en la batalla.

La Federación Asturiana Memoria y República ha hecho hincapié en que durante setenta años, a pesar de la provocación que supone el mantenimiento de ese monolito que recuerda a quienes formaron parte de la aviación nazi que bombardeó a la población civil en España y Europa, nunca se cometió contra el mismo ningún acto vandálico del carácter que repetidamente han sufrido los dos mencionados y erigidos en memoria de quienes defendieron la segunda República Española.
FAMYR planea escribir a Merkel para que erradique la lápida que homenajea a la Legión CóndorAnte la inoperancia de la vigente Ley de Memoria Histórica para erradicar una lápida que homenajea a cuatro aviadores de la Legión Cóndor -acaso el único que exista en el ámbito territorial de la Unión Europea-, FAMYR estudia la posibilidad de escribir una carta a la canciller alemana Angela Merkel para que haga posible lo que el actual gobierno de España está muy lejos de cumplir, en contra de los decretado por una ley que ignora y hasta desprecia.

Para Rubén Norniella, miembro de la junta directiva de la Federación Asturiana Memoria y República, un pueblo que olvida su historia es un pueblo sin futuro, ya que está condenado sin remisión a repetirla. «Este aforismo -sostiene- resulta incuestionable cuando observamos hasta qué punto la Transición es ya un fracaso absoluto y la puesta en marcha de una segunda transición es una evidencia cada vez menos cuestionada. En ese sentido, el acto que se celebró el pasado sábado en el Alto de la Tornería se ofrece como un camino ineludible hacia la regeneración democrática».

http://www.publico.es/468856/llanes-conserva-el-unico-monolito-dedicado-a-los-aviadores-nazis

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DISCURSO DE GERARDO IGLESIAS EN LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DE LA GUERRILLA ANTIFRANQUISTA. sept 2013OVIEDO,

06/09/2013 por

DISCURSO DE GERARDO IGLESIAS EN LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DE LA GUERRILLA ANTIFRANQUISTA. sept 2013OVIEDO,

DISCURSO DE GERARDO IGLESIAS EN LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DE LA GUERRILLA ANTIFRANQUISTA. OVIEDO,

2. 9. 2013 Alcalde, señoras, señores, compañeros y amigos. Buenas tardes. Me van a permitir que mis primeras palabras sean de agradecimiento al alcalde de Oviedo, por su presencia en este acto, por sus palabras, y por dar su apoyo para que la colección fotográfica se exponga en este lugar privilegiado del centro de la ciudad.

Una exposición cuya finalidad es reivindicar la memoria, el honor y los derechos que asisten a las personas que tuvieron la dignidad y el coraje de enfrentarse a la dictadura fascista de Franco en sus momentos más espantosos, y que lamentablemente siguen siendo ignoradas por las altas instituciones del Estado. Gracias a todos los grupos municipales del ayuntamiento de Oviedo que así mismo han dado su apoyo para que esta sala acoja la exposición fotográfica. Gracias a los concejales de IU, Roberto Sánchez, Emilio Huerta y Alejandro Suárez, porque de ellos partió la iniciativa de exponer aquí la colección. Y no puedo olvidarme de Adolfo Saro, Luis Miguel Fernández, Antona Luengo, Juan Luis Ruiz y Rubén García, quienes asumieron con empeño, imaginación y cariño la organización del evento. Gracias, amigos. Gracias a todas las personas presentes por su asistencia a este acto. Y quiero dedicar un saludo muy afectuoso a los familiares de guerrilleros que se encuentren en esta sala, y a los que no están.

Paso ya a presentar la Exposición. Les diré, en primer lugar, que en la recopilación de los datos biográficos y las fotografías me han ayudado las familias de los guerrilleros y otras personas amigas. No las nombro porque se haría muy larga la lista; eso sí, quiero expresarles desde aquí mi más sincero agradecimiento por su colaboración. Y como hecho que no deja de ser anecdótico, sepan también que los marcos, el diseño de los cuadros y los textos a pie de foto, escritos de puño y letra, es resultado de mi vocación de artesano. Como verán es una colección presentada en forma sencilla, en la que no obstante he puesto mucho cariño por la admiración que siento hacia todas aquellas personas que empuñando las armas o con las manos desnudas sufrieron y murieron luchando por la libertad de España, frente al fascismo. Lo hicieron defendiendo el Gobierno legítimo nacido de las urnas en febrero de 1936 y bajo la bandera constitucional de la II República.

Era de justicia que a nuestros guerrilleros, con la llegada de la democracia, se les reconocieran sus sacrificios y sus derechos como combatientes antifascistas, lo mismo que se les ha reconocido en otros países a quienes lucharon por la misma causa y contra el mismo enemigo. Es el caso, para no ir más lejos, de dos personas representadas en esta Exposición, que combatieron en la Resistencia francesa contra los nazis: los asturianos Cristino García Granda y José Vitini Flórez. Ambos tienen el reconocimiento del Estado francés de Héroes Nacionales y, honrando su memoria , numerosas calles y monumentos del vecino país lucen sus nombres. En España no solo son unos desconocidos, sino que, si pidiéramos información sobre ellos al organismo correspondiente del Estado, nos dirían que se trata de dos “bandoleros” y que como tales fueron fusilados en los años cuarenta.

La cuestión es que a nuestros guerrilleros no solo no se les ha reconocido ningún derecho, sino que en sus expedientes siguen apareciendo con los estigmas de “bandoleros”, “forajidos”, etc. No son los guerrilleros los únicos olvidados por el Estado democrático. Lo son en mayor o menor medida todas las víctimas de la Dictadura. Si personalizo en ellos el olvido ultrajante se debe a que, de todas las víctimas, ellos son los que recibieron peor trato. Se podría decir que al llegar la democracia, sin ningún derecho que les asistiera y estigmatizados, han sido arrojados a un degradante exilio dentro de su propio país. El olvido de las víctimas de la Dictadura se hace más hiriente y provocador cuando vemos que permanecen por toda España estelas, nombres de calles, títulos de gloria y todavía estatuas, dedicado todo ello a los servidores de la Dictadura; cuando leemos que en el Alcázar de Toledo, hoy Museo del Ejército, se da trato de Generalísimo y Héroe de España al tirano; cuando vemos cómo en la Academia de la Historia, financiada con fondos públicos, se permite hacer la apología de Franco, ignorando la represión y los crímenes, a la vez que se dulcifica la naturaleza totalitaria y fascista de la dictadura, presentándola como “dictablanda”.

Hace pocos días leíamos que el Gobierno no va a aplicar la llamada Ley de la Memoria Histórica respecto del Valle de los Caídos (o sea, convertir ese monumento a los criminales en recordatorio a los muertos de ambos bandos), porque ello-dicen- reabriría viejas heridas. No conformes con colocar en una insultante equivalencia a víctimas y verdugos, quieren mantener el fantasmagórico monumento como homenaje a estos últimos. Hay más sobre esto. El gobierno ha destinado un presupuesto de 215.000 euros a obras en el Valle de los Caídos y, ¡¡casualidad!!, la adjudicación del contrato de las obras ha tenido lugar el pasado día 18 de julio. Hace escasos meses la Delegada del Gobierno en Cataluña rendía homenaje, en un acto de la Guardia Civil, a una representación de la División Azul; esto es, a los que en su día lucharon en las filas de los ejércitos nazis frente a los Aliados. ¿Podría ocurrir cosa igual en cualquier otro país europeo sin que se armara un gran escándalo y tuviera consecuencias?. Creo que no. Aquí no pasó nada. Recientemente, el alcalde de Baralla, Lugo, decía que los que fueron condenados a muerte por Franco “sería que se lo merecían”. Una corrida de toros en Pinto estuvo presidida por una gran pancarta en la que rezaba lo siguiente: “Adolf Hitler tenía razón”, y como fin de la cita, una cruz gamada. Lo más grave no es que unos individuos la hayan colocado; lo más grave es que no pasó nada, ni siquiera una condena de las autoridades locales.

Nada menos que el portavoz adjunto del PP en el Congreso de los diputados se permite afirmar que la República fue responsable de “un millón de muertos”, además de equiparar la bandera republicana con los símbolos fascistas, en un intento de justificar la proliferación de estos últimos entre las juventudes de su partido, al punto de que algunos fiscales han decidido tomar cartas en el asunto. Parece ser. Lo dicho por este señor es tan falso y aberrante que solo se puede explicar porque sus únicas fuentes de información son la propaganda franquista, y se llenó la cabeza de soflamas como las de Queipo de Llano y el cardenal Gomá.

Todos estos hechos, que humillan y provocan a las víctimas de la dictadura fascista , además de poner de manifiesto los peligrosos flancos que tiene abiertos nuestra democracia, no parece que sea la mejor manera de cerrar las heridas, que permanecen abiertas por mucho que algunos digan lo contrario. De muy mala manera quieren pasar página los descendientes del franquismo sobre lo que supuso para España la Dictadura. No obstante, por mucho que se empeñen, el libro de la memoria no se dejará cerrar mientras no se haga justicia, lo que quiere decir ESCLARECIMIENTO Y CONDENA DE TODOS LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD (que no prescriben) Y RECONOCIMIENTO Y REPARACIÓN A LAS VICTIMAS, como manda el Derecho Internacional.

Sobre el argumento, tan recurrente como contradictorio e interesadamente falaz, de que “no hay que remover el pasado para no reabrir heridas”, vamos a ser claros: no se dice como llamada a la buena convivencia, se dice como amenaza; es el argumento del miedo. Subliminalmente se nos viene a decir: “No remuevan el pasado porque los vencedores de ayer siguen presentes y pueden volver a desenvainar los sables”. Es como reconocer y advertir que vivimos en una democracia en libertad vigilada. Y, señoras y señores, la buena convivencia no puede basarse en el miedo, ni en la aceptación de que fascismo y antifascismo son términos equivalentes. O todavía peor: culpando a la República de los muertos en la guerra y, al parecer también de los que eliminó la dictadura en la larga posguerra; olvidando quiénes fueron los autores de la sublevación, y sus declarados planes de exterminar a todos los que no pensaran como ellos.

La II República fue el primer régimen democrático que tuvo España. Su bandera, pues, es símbolo de un régimen constitucional democrático, y como tal ondeó hace escasos días en el ayuntamiento de París, con motivo de la celebración del aniversario de la derrota del fascismo. Los símbolos fascistas evocan algo espantosamente contrario: genocidio, campos de exterminio, hornos crematorios…; y también las tapias del cementerio de Oviedo y de tantos cementerios, el Pozo Funeres o el pozo Fortuna de Turón, “los paseos”, las fosas comunes, las violaciones de mujeres, el robo de niños, los” pudrideros”, así llamaba Miguel Hernández a las cárceles franquistas… La buena convivencia, la concordia, tiene que basarse en el arraigo social de una cultura democrática, de respeto a los Derechos Humanos y de rechazo categórico al racismo y a toda tendencia totalitaria. Lo que no invita, casualmente, a pasar página sobre el pasado reciente, sino a todo lo contrario.

Para que cale en la sociedad una sólida cultura democrática y antifascista HAY QUE ABRIR TODAS LAS PAGINAS DEL LIBRO DE LA MEMORIA. No se puede hurtar ni falsificar el periodo de la historia que va desde aquel 18 de julio hasta la muerte del tirano. Y la ciudadanía debe conocer la verdad de cómo se hizo la Transición, que no fue el resultado de un pacto aceptado en libertad, sino aceptado por las fuerzas de la oposición democrática en medio de las amenazas de importantes sectores del Ejército y de lo que fue conocido como “el bunker”. No solo fueron amenazas; también crímenes, como el de los abogados de Atocha.

Para que la sociedad se arme de sólidos valores democráticos no hay que suprimir la asignatura de la educación para la ciudadanía, hay que reforzarla, haciendo entrar en los centros de enseñanza un relato basado en los hechos, consensuado y escrito por historiadores demócratas, de lo que verdaderamente fue el franquismo. Esa es la mejor manera de prevenir que hechos similares no vuelvan a repetirse. El señor González Pons declaró hace unos días que los que exhibían símbolos fascistas no tenían cabida en su Partido; pero añadía: “esos chicos no tienen idea de lo que significan”. Aceptemos por un momento que es así. ¡Es lo que trae la impunidad , el secuestro de la memoria democrática, porque que les estorba!. Es evidente que hay sectores de nuestra sociedad que carecen de cultura democrática. Si no fuera así cómo podrían explicarse los hechos ultrajantes que he venido señalando. Hay carencia de cultura democrática y mucha herencia del pasado. ¡Para qué vamos a engañarnos!. Sí. Mucha herencia del pasado transferida al régimen constitucional por el coladero de la “modélica” Transición. Y que es causa muy importante de haber llegado a donde estamos. Me refiero a la alarmante situación de crisis de todo orden que vive España.

No voy a detenerme tan siquiera a hacer un retrato de la misma, porque de todos es conocida y la mayoría la sufre. Para no cansarles, simplemente apuntaré algunos de los elementos que la definen. La crisis económica ha sido causada por las políticas especulativas y la avaricia de los poderes económico-financieros, ante la ausencia de regulación y control.

El coste de la misma la pagan esencialmente los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia, en forma de desempleo masivo, cierre de infinidad de pequeños negocios, desahucios, recortes en los salarios, en las pensiones y en todas las partidas sociales; recortes drásticos incluso en la investigación, de la que depende el progreso de España. Y para más inri, se inyectan cantidades multimillonarias, con cargo al Estado, para salvar a los responsables. El hambre y la malnutrición, que se creían superadas para para siempre, han vuelto a España. Junto a todo esto el Gobierno lleva a cabo una serie de contrarreformas que no tienen carácter económico, sino ideológico, y que afectan a los derechos laborales, a la sanidad, la educación y los medios de información públicos; a la regulación del aborto; a la legislación sobre derechos y libertades; a los privilegios de la Iglesia Católica, en este caso para aumentarlos. Etc.

Por otra parte hay un intento de recentralización del Estado. Se trata de todo un proyecto involucionista que en algunos casos nos retrotraen a situaciones neofeudales y que lleva camino de devolvernos al nacionalcatolicismo. Luego está la crisis político-institucional, crisis del Sistema. La desafección social a la política cobra proporciones verdaderamente alarmantes, y lo mismo a los partidos y a los políticos. Aunque no sería justo afirmar que todos los partidos y todos los políticos son iguales, lo cierto es que la sociedad los descalifica más o menos a todos, porque “no nos representan”. Esto es lo que se grita en la calle. El descrédito de la institución monárquica era inimaginable no hace tanto. El descrédito de la justicia es así mismo palpable, principalmente porque los grandes ladrones de cuello blanco andan libres por la calle. Los dos grandes partidos, pilar del edificio diseñado en la Transición, están en caída libre. Y no podemos olvidarnos del problema catalán.

Como corolario del asfixiante panorama, tenemos la insoportable corrupción, que afecta a numerosas instituciones públicas y privadas y que adquiere especial gravedad al alcanzar de lleno al partido que nos gobierna. ¿Cómo hemos podido llegar a tal extremo de descomposición del sistema y de ruina del país?. Se nos querrá hacer creer que todo viene determinado por una crisis importada. ¿Acaso también la corrupción generalizada es obra de manos extranjeras?. No. Es evidente que la crisis financiera internacional, unida a las recetas de la Troika, aplicadas como dogma de fe, han incidido en nuestro desastre económico. Pero eso no explica la mayor parte del problema que tenemos.

Es así mismo cierto que la crisis de los partidos tradicionales y la falta de cauces para la participación democrática no es una cuestión particular de España, si bien aquí cobra mayores proporciones debido a la corrupción; a la más completa ignorancia de las promesas electorales: el presidente del Gobierno se permite decir, sacando pecho, que él no ha cumplido las promesas electorales, pero que ha cumplido con su deber, o sea, él se debe a los deseos del gobierno alemán, del Fondo Monetario Internacional, a los intereses de los poderes económico-financieros; a los ciudadanos que le votaron, que les den… Ni siquiera se guardan las formas democráticas en la manera de gobernar. No hay más que ver que el Gobierno tiene mayoría absoluta y, sin embargo, con el mayor desprecio al Parlamento, gobierna básicamente por decreto. Y explicaciones sobre lo que pasa, pocas o ninguna. Igual es mejor así. Porque, probablemente irriten más a los ciudadanos las mentiras que el silencio.

El gran problema nos viene de la Transición. No hubo ruptura con el régimen fascista. La ley de Amnistía certificaba la impunidad de los crímenes de la dictadura, toda vez que decretaba el olvido de las víctimas. O sea, las víctimas perdonaban a los verdugos sin que éstos tuvieran que pedírselo. Todavía peor. Como quienes llevaron la batuta en la Transición fueron los herederos de la Dictadura, la ley de amnistía aparecía como un acto de generosidad de los franquistas. O sea, eran ellos los que nos perdonaban. Naturalmente, esto no contribuía al florecimiento de una sólida cultura democrática, en la medida en que, cuando menos, se presentaban como equivalentes franquistas y antifranquistas. Tanto es así que, treinta y cinco años después de la entrada en vigor de la Constitución, las altas instituciones del Estado aún no han hecho una condena explícita del golpe militar del 18 de julio y de la dictadura. Tienen que hacerla otros países, para vergüenza del nuestro. El Congreso de la R. Argentina acaba de hacer una condena rotunda de la impunidad de los crímenes de la dictadura franquista. En este mismo país hay abierta una causa judicial por lo mismo. Y, entre tanto, el juez Garzón permanece expulsado de la carrera judicial. ¡Ya saben por qué! Esta clamorosa anormalidad, a la vista del Derecho Democrático Internacional, tal vez se explica en parte porque aceptamos un Jefe del Estado, designado por Franco, que en 1969 se comprometía ante las Cortes de la Dictadura en los términos siguientes: “Recibo de su excelencia, el jefe del Estado y Generalísimo Franco, la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936” La no ruptura con la Dictadura, llevaba aparejadas otras inconsecuencias, que habrían de pasarnos factura. Simplemente apunto dos de ellas: Una. La imposibilidad de democratizar los aparatos del Estado, permaneciendo en ellos las mismas personas y los mismos hábitos heredados del régimen anterior.

Dos. El mantenimiento de todo el entramado económico y financiero creado bajo la Dictadura y con el favor del dictador. Las dictaduras son regímenes, además de represivos, clientelistas y corruptos por naturaleza. Si las estructuras que les daban soporte se transfieren al régimen constitucional que las sustituye, el terreno seguirá abonado para que proliferen esas prácticas. Con una particularidad: con libertad de expresión, esas prácticas, son difíciles de tapar y cobran gran resonancia y escándalo público. Pues bien. Sobre este terreno contaminado se alzó el nuevo edificio político de la Transición, basado en el bipartidismo. Los sistemas bipartidistas, defendidos con el argumento de la estabilidad política, tienen una característica común: se sostienen amarrados al neoliberalismo. Y en España, por las circunstancias que he intentado explicar, juega con más ventaja el partido de la derecha, en este caso el PP, para retrotraernos al feudalismo, si le place, que el PSOE para traspasar los límites del sistema establecido y avanzar hacia una sociedad que se aproxime a las ideas del socialismo. No se puede negar que los gobiernos del PSOE han hecho cosas importantes, en las políticas sociales, en la defensa de los derechos humanos, en la igualdad de género, etc. Pero en las políticas económicas, que son la madre del cordero, se han adaptado al guion del liberalismo.

Reitero y resumo: la situación que vive hoy España tiene en gran medida sus causas en cómo se hizo la Transición. ¿Se podía haber provocado la ruptura y no cargar con un pesado lastre de la Dictadura?. Creo que no. Pero en este caso mi opinión no tiene mucho valor porque, dentro de la responsabilidad política que yo tenía en aquellos momentos como miembro de la dirección del PCE, fui uno de los que votó a favor de mantener la monarquía y la bandera, lo que equivalía a aceptar que no habría ruptura con el anterior régimen. En todo caso los hechos fueron los que fueron. ¡Pero han pasado 35 años!.

¿Podemos a estas alturas seguir aceptando que no hay que tocar nada del edificio de la Transición, mientras vemos cómo se desmorona, corroído por la corrupción, el descredito de los partidos, de la institución monárquica, del poder judicial…, con unos márgenes de democracia que se está quedando en casi nada, y mientras el Gobierno atiza la indignación social con sus políticas involucionistas?. ¿Podemos seguir siendo el único país que sufrió el fascismo y que no lo condena?. No parece aconsejable dejar que se pudra más la situación, sin peligro de un estallido social o de que aparezca algún salvador de la patria?. Sobre esto último ofrecimientos ya hubo. Pienso que la situación requiere la apertura de un proceso constituyente (o si se quiere una segunda transición), que se desprenda de toda herencia del pasado reciente, comenzando por anular la ley de amnistía del 77, para acabar con la impunidad y el olvido de las víctimas de la dictadura. A partir de ahí se podrá crear una sólida conciencia social democrática, como la mejor garantía de un futuro en paz y en democracia.

Porque, señoras y señores, la última palabra de la democracia no la dicen los votos; la dice una sociedad bien armada de los valores democráticos, que es en último término lo que puede impedir cualquier intento de volver al pasado o de convertir la democracia en papel mojado.

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